La decisión de permitir que mipymes y otros actores privados paguen pensiones en Cuba ha abierto un debate mucho más grande que el simple trámite del cobro. Según la información publicada sobre el tema, la medida surge en medio de una crisis de liquidez que ha dejado a miles de jubilados haciendo colas interminables para retirar efectivo, mientras el sistema bancario estatal sigue mostrando graves fallas para responder a la demanda. El economista Elías Amor advirtió sobre los riesgos de trasladar esa responsabilidad a pequeños negocios, porque en la práctica el Estado estaría empujando una obligación social hacia un sector que no fue creado para sustituir al aparato público. ¿Es una solución práctica para salir del paso o una señal de que el sistema ya no puede sostener ni lo más básico?
El mecanismo no apareció de la nada. Primero se probó como plan piloto en municipios de La Habana y luego se amplió a otras zonas, como Holguín, donde algunas mipymes comenzaron a entregar el dinero de las pensiones a miles de jubilados con la promesa de ser luego reembolsadas por el banco. Ese modelo, que en apariencia agiliza el proceso, también deja varias preguntas abiertas sobre control, disponibilidad de efectivo y capacidad real de esos negocios para asumir una tarea tan sensible. En medio de la discusión, el propio Banco Central impulsó nuevas medidas para flexibilizar operaciones en efectivo y aumentar los límites de transferencias, lo que confirma que la presión sobre el sistema financiero es mucho más amplia que un problema puntual de reparto.
El fondo del problema.
La controversia no se limita al método de pago, sino al estado real de las pensiones en la isla. Más de 1.7 millones de jubilados cubanos cobran montos inferiores a 10 dólares mensuales al cambio informal, y la pensión mínima quedó fijada en 4,000 pesos, una cifra que pierde valor rápidamente frente a la inflación y la devaluación del peso. El Gobierno ha defendido ajustes parciales y ha insistido en que las pensiones están garantizadas, pero al mismo tiempo admite que esos incrementos no resuelven el problema de fondo. En otras palabras, el dinero puede llegar, pero cada vez vale menos y alcanza para menos.
A eso se suma el colapso bancario. Diversos reportes citados en los materiales consultados apuntan a cajeros fuera de servicio, sucursales sin efectivo y jubilados que deben madrugar para intentar cobrar, sin saber si ese día lograrán llevar algo a casa. La medida de usar mipymes aparece entonces como una salida improvisada para reducir las colas y descargar a los bancos, pero también como una admisión indirecta de que el Estado no está pudiendo cumplir por sí solo. Y ahí surge la cuestión clave: si la banca no responde y la pensión no alcanza, ¿qué tan sostenible puede ser trasladar el problema a los negocios privados?
Lo que advierte Elías Amor.
Elías Amor, en su valoración sobre el tema, subraya precisamente ese riesgo: que se convierta en una solución aparente que termine cargando sobre el sector privado una función que pertenece a la seguridad social del país. Su advertencia encaja con lo que ya muestran los datos: los negocios reciben una nominilla, adelantan el dinero y luego esperan el reintegro, lo que los expone a tensiones de liquidez y a depender de una cadena institucional que también está bajo presión. Si el Estado promete devolver, pero el banco no tiene efectivo suficiente, el problema no desaparece, solo cambia de lugar. Y esa es una de las principales razones por las que el economista habla de riesgos estructurales y no solo de dudas administrativas.
Además, el esquema puede generar desigualdades en el acceso. No todos los jubilados viven cerca de una mipyme que participe en el programa, no todos los negocios tienen la misma capacidad operativa y no todas las provincias presentan las mismas condiciones logísticas. Eso convierte una medida pensada para aliviar en una solución que podría funcionar de manera desigual, dependiendo de dónde viva cada persona. En un país donde las brechas territoriales ya pesan mucho, el modo en que se implemente este sistema puede terminar siendo tan importante como la decisión misma.
Una respuesta que abre preguntas.
El anuncio, en vez de cerrar el debate, lo amplía. Porque más allá de si el cobro en mipymes resulta útil en el corto plazo, queda flotando la duda de qué ocurrirá si la crisis de efectivo continúa, si los reembolsos se atrasan o si los negocios privados no logran sostener el volumen de pagos. También queda en el aire si esta fórmula será una transición temporal o el comienzo de una nueva normalidad donde el Estado delega funciones esenciales para sobrevivir a su propia escasez. ¿Puede un sistema de pensiones descansar en el músculo de pequeñas empresas sin desbordarlas?
Por ahora, lo único claro es que la medida nace de la urgencia y no de la abundancia. Los jubilados siguen siendo el rostro más visible de una crisis que mezcla inflación, falta de liquidez, dependencia del efectivo y pérdida acelerada del poder adquisitivo. El país busca atajos para resolver un problema enorme, pero cada atajo abre otro interrogante. Y en ese escenario, la advertencia de Elías Amor funciona como una invitación a mirar más allá del titular: ¿está Cuba resolviendo el problema de las pensiones o solo moviéndolo de lugar?