La organización Prisoners Defenders informó que Cuba alcanzó un nuevo récord de presos políticos al cierre de junio de 2026, con 1.306 personas privadas de libertad por motivos políticos y 40 casos de menores detenidos cuando aún no cumplían la mayoría de edad. El dato, publicado a las puertas del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, fue descrito por la ONG como uno de los mayores retrocesos en derechos humanos documentados en la isla en los últimos años.
El informe también detalla que en junio se verificaron 32 nuevos casos y otros 21 continúan bajo investigación, lo que confirma que la represión no se ha detenido. En paralelo, otras organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el Observatorio Cubano de Conflictos han señalado un aumento sostenido de acciones represivas durante el primer semestre de 2026, con detenciones, retenciones en viviendas, citaciones policiales, amenazas y juicios como parte del patrón de control estatal.
Los datos publicados este 9 de julio se suman a un balance más amplio que muestra un semestre especialmente severo. El OCDH denunció casi 2.000 acciones represivas entre enero y junio, con 257 detenciones arbitrarias, 488 retenciones ilegales en viviendas y al menos 300 acciones en el ámbito carcelario, muchas de ellas contra presos políticos y sus familiares.
La fecha también coincide con un clima de fuerte tensión social dentro de Cuba, marcado por protestas callejeras, reclamos por apagones, escasez y falta de libertades. Medios especializados y organizaciones de derechos humanos han situado el quinto aniversario del 11J como un momento de memoria, pero también como una evidencia de que la respuesta del gobierno cubano a la protesta ciudadana sigue apoyándose en la represión sistemática.
Hasta este 9 de julio de 2026, la cobertura internacional coincide en que la isla llega al aniversario del 11J con un récord de presos políticos que agrava la presión sobre La Habana y alimenta nuevas denuncias contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel. En ese contexto, el caso cubano vuelve a ocupar el centro del debate regional sobre derechos humanos, libertades civiles y el costo político de la disidencia.