El estado de Florida puso en marcha un nuevo mecanismo legal que ha generado atención dentro y fuera de Estados Unidos. El gobernador Ron DeSantis anunció la primera aplicación de la ley HB 1471, una normativa que, desde el 1 de julio de 2026, permite al estado identificar y designar organizaciones terroristas sin depender exclusivamente de las listas elaboradas por el gobierno federal. La decisión incluyó una lista inicial de más de 90 grupos, entre ellos organizaciones nacionales, cárteles latinoamericanos y entidades extranjeras que ya aparecen en registros federales de terrorismo, además de agrupaciones cuya inclusión ha provocado controversia. La medida plantea interrogantes sobre el equilibrio entre las políticas de seguridad y las garantías constitucionales: ¿hasta dónde puede llegar un estado para combatir amenazas sin afectar derechos protegidos por la ley? ¿Será este modelo replicado por otras jurisdicciones del país o enfrentará obstáculos en los tribunales?
La nueva legislación establece un procedimiento específico para realizar las designaciones. De acuerdo con la oficina del gobernador y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), el proceso comienza cuando el jefe de seguridad nacional del estado, actualmente el comisionado Mark Glass, recomienda catalogar a una organización como terrorista. Posteriormente, el gobernador y el Gabinete estatal —integrado por el fiscal general James Uthmeier, el director financiero Blaise Ingoglia y el comisionado de Agricultura Wilton Simpson— deben aprobar la propuesta mediante votación antes de que tenga fuerza legal y sea publicada en el Registro Administrativo de Florida. Durante el anuncio oficial, Glass afirmó: «Mantener a nuestra comunidad segura comienza por identificar la amenaza», y añadió que «la seguridad de nuestra comunidad se fortalece con ese conocimiento cada día, reforzada por la colaboración entre nuestros agentes, nuestros socios federales y, lo más importante, las personas a quienes servimos». Estas declaraciones reflejan el argumento central del gobierno estatal, que sostiene que la identificación temprana de organizaciones peligrosas fortalece la prevención del terrorismo.
Entre los grupos incluidos aparecen organizaciones como el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), la Hermandad Musulmana, Antifa, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Tren de Aragua y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, además de numerosas organizaciones extranjeras ya catalogadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Durante la presentación de la medida, DeSantis explicó que las decisiones «se basan en conductas, no en ideología», y aseguró que «son sus acciones y en lo que están involucrados lo que resulta muy destructivo», al referirse específicamente a Antifa. Sin embargo, el propio FBI ha señalado anteriormente que Antifa no constituye una organización con una estructura centralizada, liderazgo único o membresía formal, sino un movimiento descentralizado, aspecto que ha sido mencionado por diversos analistas jurídicos como uno de los puntos que probablemente será debatido en los tribunales. Precisamente esa diferencia entre la definición estatal y la caracterización realizada por agencias federales ha alimentado la discusión pública sobre el alcance de la nueva normativa.
La HB 1471 también contempla importantes consecuencias legales para las organizaciones designadas y para quienes les proporcionen apoyo material. Una vez ratificada cada designación por el Gabinete estatal, las entidades afectadas no podrán recibir fondos públicos, contratos gubernamentales ni respaldo institucional por parte de organismos estatales o locales. Asimismo, las universidades públicas tendrán prohibido utilizar recursos estatales o federales para actividades que promuevan dichas organizaciones, mientras que los estudiantes que, según la definición de la ley, realicen acciones consideradas como promoción mediante amenazas de violencia, alteración del ambiente educativo o apoyo material podrían enfrentar sanciones disciplinarias, incluida la expulsión. Además, la legislación contempla posibles cargos penales para quienes colaboren conscientemente con grupos designados y otorga al estado la facultad de iniciar procedimientos para su disolución conforme al marco jurídico vigente. Estas disposiciones representan uno de los cambios más amplios en materia de seguridad estatal aprobados recientemente por la Legislatura de Florida.
No obstante, la aplicación de esta ley ya enfrenta una fuerte batalla judicial. CAIR rechazó públicamente su inclusión en la lista y aseguró que nunca ha sido condenada por actividades terroristas. En un comunicado citado por diversos medios estadounidenses, la organización afirmó: «Vemos a través del último intento sesgado del gobernador DeSantis de castigarnos por nuestras opiniones y nuestros valores», anunciando que impugnará la medida ante los tribunales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Southern Poverty Law Center también presentaron demandas cuestionando la constitucionalidad de la ley, argumentando que concede un amplio poder discrecional al Ejecutivo estatal y podría vulnerar derechos protegidos por la Primera Enmienda y el debido proceso. Además, los críticos sostienen que la normativa permite designaciones sin exigir una condena penal previa y que otra legislación relacionada limita el acceso público a los documentos utilizados para justificar dichas decisiones. En consecuencia, el futuro de la HB 1471 dependerá ahora tanto de su aplicación práctica como de las resoluciones que adopten los tribunales federales en los próximos meses.