El debate sobre la respuesta oficial de Venezuela después de los sismos del 24 de junio volvió a subir de tono este jueves, cuando Delcy Rodríguez rechazó que el Gobierno haya actuado con demora y aseguró que el despliegue fue “inmediato”. Según sus declaraciones, en las primeras 24 horas se movilizaron 4.000 funcionarios, cifra que luego aumentó a 14.000 y más tarde a 19.000, mientras defendía que se activó un estado de emergencia para coordinar la atención. Al mismo tiempo, organizaciones de ayuda internacional y personas que trabajan entre escombros han cuestionado la rapidez y la eficiencia de la reacción institucional, lo que mantiene abierta una pregunta central: ¿alcanzó con anunciar operativos o la respuesta llegó tarde para muchas familias afectadas?
Rodríguez insistió en que la tragedia fue de una magnitud inesperada, aunque reconoció que existía la posibilidad de un evento sísmico en el país. “No esperamos uno, dos o tres días. Actuamos de inmediato”, dijo ante periodistas internacionales, tratando de desmontar las críticas que apuntan a una aparente descoordinación en las primeras horas. También aseguró que el primer funcionario en dirigirse al país fue el vicepresidente de Seguridad Ciudadana y que el sistema de protección civil se activó enseguida. Sin embargo, la controversia no se limita al tiempo de reacción, porque para muchas víctimas la discusión real es si el Estado logró llegar con la misma velocidad con la que se expandió la emergencia.
Otro de los puntos que encendió la conversación fue la cifra de fallecidos. La mandataria afirmó que hasta ese jueves se habían registrado 2.595 muertes y pidió rigor al difundir datos sobre los terremotos, en un contexto donde distintas publicaciones y balances previos han manejado números muy diferentes. Además, Rodríguez lanzó una afirmación que llamó la atención: dijo que cinco personas dadas por fallecidas “aparecieron luego de los terremotos cargando gasolina”, una frase que, más allá del impacto mediático, refuerza la tensión sobre la exactitud de los listados oficiales. En paralelo, sostuvo que todavía puede haber personas con vida y por eso no quiere cerrar la fase de búsqueda y rescate, aunque no detalló cuántos desaparecidos permanecen sin ubicar.
La discusión también se trasladó al terreno de la infraestructura y la calidad de las viviendas. Rodríguez negó que la supuesta mala construcción de los conjuntos habitacionales haya agravado el desastre, pero ese punto sigue siendo observado con lupa por especialistas y por quienes revisan los daños sobre el terreno. En reportes periodísticos y análisis técnicos recientes, se ha señalado que varios edificios sociales resultaron especialmente afectados, lo que reabre el interrogante sobre materiales, supervisión y estándares de obra en zonas vulnerables. ¿Fue el sismo lo que desató el colapso o ya existían debilidades en parte de las estructuras? Esa es una de las preguntas que más pesa sobre la conversación pública.
La dimensión humana y política del desastre también quedó reflejada en otros datos que ofreció la propia funcionaria. Rodríguez afirmó que casi todos los directores de gobierno del estado La Guaira murieron durante los sismos gemelos y dijo que ya había hablado con 72 jefes de Estado y de gobierno después del evento. Más allá de esa actividad diplomática, también anunció luto nacional, pero aclaró que la fase de búsqueda y rescate seguía abierta, una señal de que la emergencia no se considera cerrada. En medio de ese escenario, el país sigue entre cifras en revisión, reclamos de afectados y una pregunta de fondo que todavía no se responde del todo