El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra cinco entidades y una persona vinculadas a la red de ingresos del régimen cubano, en una medida que Washington enmarca dentro de su estrategia para presionar las estructuras económicas que sostienen al poder en la isla. Según la información divulgada hasta este 23 de junio de 2026, las acciones se aplican bajo la Orden Ejecutiva 14404 y apuntan a sectores clave como logística, finanzas, minería y siderurgia.
Entre las entidades señaladas figuran Almacenes Universales S.A., filial de GAESA y responsable del control del tráfico de contenedores en la Zona Especial de Desarrollo del Puerto del Mariel; RAFIN S.A., pieza financiera del grupo militar; y el Banco Financiero Internacional, conocido como BFI, absorbido por GAESA en 2016 y utilizado para transacciones con entidades extranjeras dentro y fuera de Cuba. También fueron sancionadas Geominera S.A. y la Empresa Siderúrgica José Martí, también llamada Antillana de Acero, descrita como el mayor productor de acero en bruto del país.
La lista se completa con Annalie Lilliam Rueda Cardero, identificada por Washington como familiar adulta de Alejandro Castro Espín, exjefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo de Raúl Castro. Con estas medidas, quedan bloqueados los bienes e intereses de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense, y se prohíben las transacciones con ellos salvo autorización expresa de la OFAC.
Hasta este 23 de junio de 2026, el tema ha sido ampliamente comentado por medios internacionales y especializados en Cuba y política exterior, que han destacado el alcance de las sanciones sobre la estructura económica del régimen. Las coberturas coinciden en que el golpe afecta áreas sensibles del modelo de negocio de GAESA, una red que Washington considera central para el flujo de divisas, la administración de activos y el control de sectores estratégicos.
La medida llega en un momento en que La Habana intenta proyectar una imagen de apertura económica y atracción de inversión, pero Estados Unidos vuelve a centrar la presión sobre las empresas y figuras que, según su postura, sostienen financieramente al aparato de poder cubano. En términos políticos, el mensaje es claro: el foco no está solo en el gobierno, sino en el entramado empresarial y militar que respalda su funcionamiento.