Meta, Google y TikTok han llevado a los tribunales una ley de California que busca impedir que las plataformas cubiertas por la norma ofrezcan determinadas funciones consideradas adictivas a menores de 16 años. Las compañías presentaron demandas separadas el miércoles 4 de noviembre contra el fiscal general estatal, Rob Bonta, responsable de hacer cumplir la legislación. La disputa gira alrededor de la AB 1709, impulsada por el asambleísta demócrata Josh Lowenthal y firmada por el gobernador Gavin Newsom el 10 de septiembre de 2026. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027, mientras las empresas solicitan una intervención judicial que impida aplicarla. El conflicto plantea una pregunta que va más allá del tiempo frente a una pantalla: ¿hasta dónde puede llegar el Estado al regular el diseño de una plataforma sin interferir con la libertad de expresión y las decisiones familiares?
La iniciativa apunta a mecanismos que facilitan encadenar contenidos, como la reproducción automática de videos, el desplazamiento infinito y las recomendaciones personalizadas mediante algoritmos. En su presentación oficial, la oficina del gobernador explicó que las restricciones incluyen los contenidos seleccionados a partir del historial y el perfil del usuario, dos elementos que permiten adaptar lo que aparece en pantalla a sus hábitos e intereses. La cobertura de las demandas también señala obligaciones para comprobar la edad y eliminar cuentas de menores de 16 años que incorporen las funciones restringidas, por lo que sus efectos podrían superar la simple desactivación de una herramienta. Al anunciar la firma del paquete legislativo, Newsom declaró: «La seguridad de nuestros hijos merece estar en el centro de cada conversación sobre tecnología», según la traducción al español de sus palabras. El autor de la AB 1709, Josh Lowenthal, defendió su enfoque preventivo: «No solo detienen el daño contra los niños, sino que también se basan en la prevención», afirmó al referirse a esta norma y a la AB 2 en un comunicado oficial.
Las tecnológicas sostienen, en cambio, que organizar y recomendar publicaciones forma parte de sus decisiones editoriales, protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. También invocan la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que ofrece amplias protecciones a las plataformas frente a responsabilidades relacionadas con contenidos de terceros, aunque su aplicación a esta controversia es precisamente uno de los asuntos discutidos. Google presentó su demanda en San José; Meta, en San Francisco; y TikTok, en Los Ángeles, según la información contrastada sobre los procesos. En una declaración enviada a KQED, un portavoz de Meta afirmó: «Estamos impugnando esta ley porque viola la Primera Enmienda al permitir que el Gobierno dicte cómo se organizan, muestran o comparten las ideas con los californianos», en traducción al español. Estas alegaciones expresan la posición de las empresas demandantes y no una conclusión judicial que haya establecido que la legislación sea inconstitucional.
El papel de los padres aparece como otro punto de fricción, porque las compañías cuestionan que las restricciones puedan operar incluso cuando una familia autorice el uso de esas funciones. TikTok sostiene que la AB 1709 va más allá del modelo de consentimiento parental contemplado en la SB 976, otra norma californiana sobre contenidos adictivos, y advierte que limita prácticas de selección de información utilizadas también por otros servicios. Un portavoz de la compañía describió la medida como «una restricción manifiestamente inconstitucional de la libertad de expresión», según la traducción de su declaración a KQED, y señaló que sus cuentas para adolescentes incorporan más de cincuenta ajustes predeterminados de seguridad, privacidad y protección. Por su parte, José Castañeda, portavoz de Google, defendió que las recomendaciones ayudan a encontrar materiales adecuados: «Leyes excesivamente amplias como esta, de hecho, desbaratan los sistemas que hemos creado para ayudar a los niños a encontrar videos de alta calidad y apropiados para su edad». El desacuerdo, por tanto, no consiste únicamente en si deben existir medidas de protección, sino en quién debe definirlas y en si los mecanismos de descubrimiento de contenidos representan un riesgo, una herramienta útil o ambas cosas según su diseño.
Desde el lado estatal, la oficina de Bonta comunicó que estaba revisando las demandas y afirmó: «Nuestra oficina está comprometida con defender las leyes de sentido común de California para proteger a los niños en internet», según la traducción de su respuesta a KQED. La postura oficial sitúa la responsabilidad también en el diseño de los productos, no solo en las decisiones individuales de los usuarios o en la supervisión de sus familias. En esa línea, Jennifer Siebel Newsom sostuvo durante la firma que la seguridad «no debe ser una consideración de última hora, sino estar integrada en el diseño», de acuerdo con el comunicado del gobernador. Hasta la información consultada para este artículo, las fuentes no anunciaban una resolución que suspendiera la AB 1709; las demandas solicitan ese resultado, pero no equivalen por sí mismas a su anulación. La discusión deja abiertas dos cuestiones relacionadas: ¿puede California reducir los riesgos del uso compulsivo sin limitar innecesariamente el acceso a contenidos y comunidades, y qué pruebas deberán presentar el Estado y las empresas para sostener sus argumentos ante los jueces?
