En medio de una crisis energética que deja a buena parte de La Habana con apenas una o dos horas de electricidad al día, los techos de la capital se han llenado de paneles solares. Lo que comenzó como una respuesta de supervivencia frente a los apagones se ha convertido en un fenómeno masivo que ahora obliga al Estado a intervenir. El ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), Armando Rodríguez Batista, llamó esta semana a “ordenar” la instalación de estos sistemas, en un giro que mezcla reconocimiento de una “oportunidad histórica” con advertencias sobre riesgos estructurales y patrimoniales.
El discurso oficial, recogido por Cubadebate y la Agencia Cubana de Noticias, insiste en que no se trata de prohibir, sino de orientar técnicamente a los propietarios. Las autoridades subrayan la necesidad de evaluar la capacidad de carga de los techos, especialmente en edificios multifamiliares y zonas históricas, donde una instalación improvisada podría dañar mantas impermeabilizantes o incluso comprometer la estabilidad de inmuebles ya deteriorados. Rodríguez Batista aseguró que no habrá multas retroactivas para quienes ya instalaron sus paneles, pero advirtió que a partir de ahora se buscará unificar criterios entre municipios para evitar que los ciudadanos se enfrenten a exigencias contradictorias.
Sin embargo, la versión oficial choca con la experiencia cotidiana de muchos habaneros. Medios independientes como 14ymedio y CiberCuba han documentado protestas y malestar por lo que perciben como un intento tardío de controlar una solución que la gente tomó en sus manos ante la inoperancia del Estado. La normativa vigente, impulsada por el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu), exige un proyecto técnico avalado por un arquitecto, con un costo que puede oscilar entre 700 y 1.500 pesos, además de una autorización oficial de 68 pesos y un plazo de espera de diez días hábiles. Para familias que ya gastaron cientos o miles de dólares en importar equipos, esta burocracia se lee como un obstáculo más en un contexto de escasez y desesperación.
El impacto real en la población es desigual. Quienes tienen remesas o ahorros en divisas han podido adquirir sistemas completos con baterías, logrando cierta autonomía energética. Pero para la mayoría, especialmente trabajadores estatales y adultos mayores, el costo de los paneles y las baterías sigue siendo inalcanzable. En edificios multifamiliares, la situación se complica: la falta de consenso entre vecinos y el estado precario de las cubiertas generan conflictos que el Estado ahora dice querer prevenir, pero que durante años ignoró mientras la red eléctrica se desmoronaba. Mientras tanto, la Resolución 114/2026 del Ministerio de Finanzas, que fija en 90 CUP el pago por cada kilovatio inyectado a la red, resulta irrelevante para quienes solo buscan no quedarse a oscuras.
Las redes sociales han amplificado el debate. En Facebook, Instagram y Threads, usuarios critican que el Gobierno hable de “ordenar” solo después de que la gente resolvió por su cuenta. Algunos recuerdan que hace años se priorizó la construcción de hoteles sobre la inversión en energía fotovoltaica, y ahora el Estado quiere regular lo que floreció sin su ayuda. Otros comparten consejos técnicos, como la inclinación ideal de los paneles (entre 15 y 30 grados), pero también denuncian robos de equipos y la vulnerabilidad de las instalaciones en barrios sin vigilancia. El estado de ánimo es de escepticismo: se celebra cualquier avance en energía renovable, pero se duda de la capacidad estatal para gestionar algo que nació desde abajo.
Lo que ocurre en los techos de La Habana es un síntoma de algo más profundo: un país donde la población ha tenido que asumir funciones que corresponden al Estado, desde la generación de energía hasta la seguridad alimentaria. La pregunta que queda flotando es si esta regulación llegará a tiempo para evitar accidentes y conflictos, o si terminará siendo otro trámite que frene la única solución real que han encontrado los cubanos para enfrentar los apagones. ¿Podrá el Gobierno acompañar este boom solar sin ahogarlo en burocracia? ¿O estamos ante otro capítulo de la eterna tensión entre la supervivencia ciudadana y el control estatal?