El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que, desde el 20 de enero de 2025, ha realizado acciones de control migratorio para revocar o terminar el estatus de aproximadamente 2,2 millones de personas, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicado el 29 de octubre de 2026. La administración de Donald Trump presenta ese balance como un resultado de su política de aplicación de las leyes migratorias y sostiene que representa casi siete veces las actuaciones registradas durante los últimos dos años del gobierno de Joe Biden combinados. Sin embargo, la cifra exige una distinción fundamental: no equivale a 2,2 millones de deportaciones, ni permite concluir que todos los afectados hayan atravesado el mismo procedimiento. El propio departamento explica que estas medidas son adicionales a las revocaciones y denegaciones de visas del Departamento de Estado y a las expulsiones ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Para los cubanos con solicitudes pendientes, la pregunta no es solamente cuántas actuaciones anuncia Washington, sino cuáles pueden relacionarse con su situación particular y qué consecuencias legales tiene cada una.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defendió la actuación de la agencia con una declaración que, traducida del inglés, señala: «El presidente Trump prometió al pueblo estadounidense que nuestras leyes de inmigración se harían cumplir, y estas cifras reflejan la magnitud de ese compromiso». En el mismo mensaje añadió: «Asegurar nuestra frontera fue solo el comienzo», vinculando el balance con una estrategia que también alcanza la concesión y revisión de beneficios migratorios dentro del país. El comunicado enumera cinco líneas de actuación: la terminación de protecciones bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), las denegaciones de extensiones o cambios de estatus cuando no existe fundamento legal, la emisión de notificaciones para procedimientos de expulsión, el fin de extensiones automáticas de autorizaciones de empleo y la terminación de programas de parole por categorías. No obstante, el documento no presenta una tabla que distribuya los 2,2 millones entre esas medidas ni identifica cuántas corresponden a ciudadanos cubanos. Tampoco explica con suficiente detalle la metodología del recuento para determinar si una misma persona puede aparecer vinculada a distintas actuaciones, una limitación importante al interpretar el alcance del anuncio.
Una de las diferencias más relevantes para quienes esperan una respuesta migratoria está en la Notificación de Comparecencia, conocida como NTA y documentada mediante el formulario I-862. Según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), este documento recoge los hechos y cargos con los que el DHS sostiene que una persona debe ser expulsada de Estados Unidos. El procedimiento judicial comienza cuando el departamento presenta la notificación ante el tribunal migratorio después de habérsela entregado al interesado; por tanto, emitirla no equivale a haber ejecutado una deportación. Durante las audiencias, el juez examina las alegaciones y determina si la persona es susceptible de expulsión, con la posibilidad de considerar las formas de protección o alivio migratorio que correspondan. La documentación oficial también reconoce la oportunidad de contar con representación legal sin costo para el Gobierno y advierte sobre las consecuencias de faltar a las audiencias. Por eso, incluir las NTA dentro de un balance general de control migratorio no significa que todos esos procedimientos hayan concluido con una orden definitiva de salida.
Para los solicitantes cubanos, otro punto decisivo es distinguir entre el permiso temporal de permanencia conocido como parole y los requisitos para obtener la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano. USCIS establece que esta vía exige, entre otras condiciones, haber sido inspeccionado y admitido o haber recibido parole, además de acumular al menos un año de presencia física en Estados Unidos y cumplir los requisitos de elegibilidad aplicables. La agencia precisa que ese año de presencia física no tiene que transcurrir necesariamente después de la concesión del parole, un detalle que puede ser importante al examinar determinados expedientes. A su vez, el documento oficial que creó el proceso de parole para cubanos en 2023 explicaba que se trataba de una autorización temporal de hasta dos años, no de una residencia permanente. El nuevo balance del DHS anuncia la terminación de programas categóricos, pero no sustituye las instrucciones particulares de cada programa ni identifica el resultado de cada solicitud de ajuste. En consecuencia, el total anunciado no permite afirmar que todos los cubanos con trámites pendientes hayan perdido automáticamente la posibilidad de regularizarse.
La información oficial consultada muestra, así, dos planos que conviene mantener separados: el balance político y administrativo que presenta el Gobierno y las decisiones concretas que determinan el futuro de cada expediente. El comunicado del 29 de octubre no anuncia una cancelación general de todas las solicitudes cubanas ni aporta elementos para asegurar que cada beneficiario de un programa terminado será deportado. Para valorar una situación individual resultan relevantes los documentos de entrada, las notificaciones recibidas, la base legal de la solicitud y la existencia de un procedimiento ante un tribunal, no únicamente la cifra difundida por el DHS. Si una persona recibe una NTA, EOIR indica que debe revisar las alegaciones y cargos, comprobar la información de su audiencia y comunicar al juez los errores que identifique en el documento. El debate que deja el anuncio es, por tanto, más amplio que una comparación entre gobiernos: ¿qué información adicional deberían publicar las autoridades para que los solicitantes comprendan cuántas medidas afectan realmente a su comunidad y qué opciones conserva cada uno? Sin ese desglose, las cifras describen la orientación de la política migratoria, pero no responden por sí solas qué ocurrirá con un cubano que todavía espera una decisión.
