Hay un reconocimiento internacional a la labor de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), pero los datos independientes sobre violencia de género dibujan un escenario mucho más crítico. El contraste entre ambos planos abre preguntas incómodas sobre la eficacia real de las políticas públicas en Cuba y sobre cómo se mide, en la práctica, la protección de las mujeres frente a la violencia.
¿Reconocimiento o desconexión?.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) describe a la FMC como una de sus principales contrapartes en Cuba y la acompaña en “igualdad de género y respuesta a la violencia basada en género”. En sus materiales oficiales, el organismo explica que la cooperación busca fortalecer marcos legales, campañas y servicios para prevenir y atender la violencia, incluyendo proyectos de atención territorial y una línea única para víctimas. En una comunicación reciente, se destacó el proyecto “Apoyo a la Respuesta Nacional a la Violencia Basada en Género”, coordinado por la FMC y apoyado por UNFPA y la Embajada de Canadá, como parte del compromiso del país con la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). ¿Hasta qué punto este reconocimiento refleja el día a día de las mujeres que buscan ayuda en casos de violencia machista?
Cifras que cuestionan el relato oficial.
Mientras UNFPA subraya avances institucionales, los observatorios independientes reportan un aumento contundente de los feminicidios en la isla. El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) elevó a 34 los feminicidios verificados en Cuba en lo que va de 2026, lo que supone un incremento de 112,5% respecto al mismo período del año anterior, cuando se registraron 16 casos. “Es bastante preocupante, más que nada por la inmovilidad que vemos de parte de las instituciones cubanas”, advirtió la especialista Yanelis Núñez, señalando que las autoridades “tienen el aparato institucional que debe proteger las vidas de las mujeres y no están haciendo nada”. Además de los feminicidios, OGAT ha documentado intentos de feminicidio y otros crímenes por motivos de género, insistiendo en que la ausencia de estadísticas oficiales transparentes obliga a depender de estas iniciativas ciudadanas para entender la magnitud del problema.
Marco legal y brechas de protección.
La evaluación de Cuba ante el Comité de la CEDAW se ha convertido en otro punto clave para entender la polémica. En procesos recientes de revisión, se recordó que el país aún no cuenta con una ley integral contra la violencia basada en género y que el feminicidio no está tipificado de manera específica en el Código Penal. “En Cuba, por ejemplo, aún no se ha sancionado una Ley contra la violencia doméstica, ni se ha tipificado el feminicidio”, resumió la consultora Catalina Ledebur, quien también destacó la demora de años en la presentación del informe oficial cubano ante el Comité. Activistas que participaron en reuniones con CEDAW denunciaron que 247 cubanas han sido víctimas de feminicidio entre 2019 y 2024, así como detenciones y agresiones contra defensoras de derechos humanos. Si las recomendaciones de este órgano no se traducen en cambios legislativos y políticas efectivas, ¿cómo se evalúa el impacto real de la cooperación internacional que, sobre el papel, busca fortalecer la respuesta frente a la violencia?
Instituciones que avanzan y críticas que no se callan.
El reconocimiento de UNFPA a la FMC se enmarca en proyectos que incluyen oficinas especializadas para la atención de violencia basada en género y programas sobre “masculinidades cómplices de la igualdad de género”, según materiales difundidos en Cuba. Estos esfuerzos pretenden ampliar servicios, promover campañas de sensibilización y fortalecer la atención integral a víctimas. Sin embargo, organizaciones feministas y plataformas de monitoreo insisten en que la falta de refugios suficientes, de protocolos claros y de acceso a datos oficiales mantiene a muchas mujeres en situación de riesgo. La tensión aparece cuando se observa que el discurso de cooperación y reconocimiento convive con denuncias que hablan de “inmovilidad institucional” y de un Estado que aún no ha cumplido recomendaciones internacionales clave para garantizar la protección efectiva de las mujeres.
¿Cómo leer este reconocimiento?.
El escenario actual obliga a mirar más allá del titular de que un organismo de Naciones Unidas reconoce el “trabajo” de una organización estatal en Cuba. ¿Puede la cooperación institucional avanzar sin asumir plenamente la gravedad que muestran los datos independientes sobre feminicidios y violencia? ¿Qué mecanismos de seguimiento se activan cuando las recomendaciones de CEDAW siguen sin traducirse en leyes y refugios concretos? Más que cerrar el debate con una postura única, este contexto invita a preguntarse cómo deberían articularse las voces de las víctimas, los observatorios independientes y las agencias internacionales para que el reconocimiento no opaque la urgencia: reducir la violencia de género y garantizar que las mujeres cubanas encuentren protección real, más allá del papel.