La investigación “La privatización silenciosa: prácticas de corrupción en el Sistema Nacional de Salud Cubana”, de Luzbely Escobar, Mel Herrera, Laura Vargas y Náyare Menoyo, quedó entre los finalistas del Premio Roche de Periodismo en Salud 2026, en la categoría de periodismo escrito. El reconocimiento, anunciado el 8 de septiembre, sitúa un problema cubano en una conversación regional sobre salud, desigualdad y responsabilidad institucional: los ganadores se conocerán el 7 de octubre en Costa Rica.
No es una distinción menor ni una simple noticia gremial. El jurado seleccionó 12 finalistas entre 699 trabajos recibidos, y el reportaje cubano fue destacado por convertir testimonios, encuestas, análisis jurídico y contexto económico en evidencia sobre un fenómeno que muchas familias conocen de primera mano. La descripción oficial del Premio Roche habla de un sistema donde el derecho constitucional a la salud termina transformado, en la práctica, en un “mercado de privilegios” condicionado por pagos y conexiones.
El discurso estatal mantiene a la salud pública universal y gratuita como una de las principales conquistas de la Revolución. Esa definición no es irrelevante: durante décadas, la expansión de la atención primaria, la formación masiva de médicos y la cobertura territorial marcaron diferencias reales frente a sistemas latinoamericanos profundamente mercantilizados. Sin embargo, una conquista social no se preserva por decreto ni por repetición propagandística; requiere hospitales funcionales, medicamentos disponibles, transporte sanitario, salarios dignos para sus trabajadores y mecanismos transparentes de rendición de cuentas.
Ahí aparece la contradicción que documenta la investigación. Según datos divulgados por elTOQUE a partir del trabajo de Casa Palanca y Cubadata, el 74,3% de las personas que buscaron atención médica en 2024 dijo haber pagado por servicios, medicamentos o insumos que deberían estar garantizados sin costo. Más de 2 100 personas fueron encuestadas a inicios de 2025; el 78% declaró haber recurrido a contactos personales y el 52,2% afirmó que desistió de atenderse por no poder asumir gastos informales. Son datos de una investigación periodística, no de una auditoría oficial, pero su gravedad exige una respuesta pública verificable, no el silencio.
Los relatos describen una economía de supervivencia que penetra la consulta, el salón de operaciones y la urgencia: dinero para materiales, regalos para asegurar atención, medicamentos comprados en redes sociales y gestiones mediante intermediarios. El problema no se reduce a conductas individuales de médicos, enfermeras o administrativos, muchos de ellos sometidos a salarios erosionados y jornadas de precariedad. Cuando faltan recursos básicos, el pago informal se vuelve una vía de acceso desigual y la corrupción deja de ser una excepción aislada para convertirse en una estructura que castiga, sobre todo, a jubilados, trabajadores estatales, madres solas y hogares sin remesas.
El deterioro tiene además una dimensión laboral y territorial. El reporte citado señala que más de 63 000 trabajadores de la salud dejaron sus puestos entre 2021 y 2023, incluidos más de 25 000 médicos; también apunta al cierre de decenas de instalaciones en años recientes. Mientras tanto, la población enfrenta apagones, falta de agua, equipos rotos, escasez farmacéutica y ambulancias insuficientes. Bajo esas condiciones, la atención puede depender menos de la necesidad clínica que de la capacidad de pagar, conseguir un favor o activar una red familiar.
La selección del reportaje como finalista no certifica por sí sola cada testimonio ni sustituye una investigación estatal independiente. Pero sí reconoce que existe evidencia suficiente para investigar un asunto que afecta la vida cotidiana de millones. Si la salud es realmente un derecho y no una consigna, ¿por qué tantos cubanos sienten que deben comprar el acceso a ella? ¿Habrá transparencia, protección para denunciantes y recursos públicos orientados a reparar esa brecha?