“¿Minería ilegal o saqueo transfronterizo? El oro de Crucitas alimenta una disputa que nadie logra frenar.”
Entre 3.000 y 5.000 personas cruzan el río San Juan para internarse en la selva costarricense y extraer oro de forma ilegal en Crucitas y el cerro Conchudita, según estimaciones citadas por la presidencia de Costa Rica. Llegan de madrugada en botes y cayucos, con radios, drones, armas y bidones con sustancias químicas, mientras evaden controles y regresan al otro lado de la frontera cuando detectan a las autoridades. El gobierno costarricense los clasifica como una estructura de “crimen organizado” con lógica militar, no como simples mineros artesanales. ¿Estamos ante una explotación informal fuera de control o frente a una red organizada que opera con ventaja territorial?
La zona de extracción está en Crucitas y el cerro Conchudita, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela, un territorio donde Costa Rica prohíbe la minería por el daño que puede causar a bosques y acuíferos. Aun así, la actividad continúa porque el acceso por el lado nicaragüense del río San Juan les da a los mineros una ruta más rápida y menos vigilada. Desde Costa Rica, la Fuerza Pública debe llegar por tierra, lo que implica al menos tres horas de caminata desde el punto donde pueden entrar vehículos. Esa diferencia logística se ha convertido en una ventaja decisiva para quienes extraen el mineral de manera ilegal. ¿Puede un Estado defender su territorio cuando la ruta más fácil de acceso queda del otro lado de la frontera?
La presencia de mineros ilegales no solo representa una violación ambiental, sino también una pérdida económica enorme para Costa Rica. El país deja de percibir alrededor de 252 millones de dólares al año por esta actividad, de acuerdo con el texto base, mientras el material extraído termina en circuitos donde participan actores nicaragüenses y empresas chinas. En ese entramado, las autoridades costarricenses señalan que el saqueo no es un hecho aislado, sino un negocio sostenido que combina transporte, vigilancia, químicos y comercialización. La escala del problema explica por qué el Estado lo trata como una amenaza estructural y no solo como un caso de minería informal. ¿Qué tanto de ese oro sale de la selva y qué tanto termina alimentando una cadena mucho mayor?
La dinámica, además, muestra una coordinación constante entre quienes extraen el oro y quienes intentan detenerlos. Cuando la Fuerza Pública se acerca, alguien avisa por radio o WhatsApp y los mineros cruzan el río de vuelta, según explicó Amaru Ruiz, ambientalista nicaragüense y presidente de la Fundación del Río. Ruiz resumió el patrón con una frase clara: “Es una dinámica permanente”. Esa respuesta rápida les permite evitar capturas y volver a entrar después, lo que convierte la operación en un ciclo repetido de extracción y fuga. ¿Cómo se combate una red que cambia de lado del río en cuestión de minutos?
El caso de Crucitas expone una mezcla peligrosa de frontera porosa, interés económico y debilidad estatal. Costa Rica tiene restringida la minería en esa zona por el impacto ambiental, pero la presión del oro, la pobreza y la logística fronteriza sostienen la actividad ilegal. Nicaragua, por su parte, aparece en la dinámica como país de paso y origen de parte de la mano de obra, mientras actores externos se benefician del negocio. En el centro de todo quedan los bosques, los acuíferos y la pérdida de control sobre un territorio altamente sensible. La pregunta ya no es solo quién extrae el oro, sino quién gana con que la selva siga desapareciendo.