Madres de varios circuitos eléctricos de Guanabacoa acudieron a la sede del Gobierno Municipal para denunciar los apagones prolongados que golpean a sus comunidades. El episodio, difundido en redes sociales, no aparece acompañado hasta ahora por una explicación pública detallada de las autoridades locales ni por un acta oficial sobre los compromisos asumidos. Lo que sí resulta verificable es el contexto energético: la Unión Eléctrica calculó para este miércoles una afectación de 2.225 megavatios en el horario pico, equivalente a cerca del 67% de la demanda nacional.
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La protesta de Guanabacoa no es una reclamación aislada ni exclusivamente barrial. El sistema eléctrico cubano atraviesa una crisis sostenida por averías, mantenimientos prolongados, falta de combustible y una infraestructura termoeléctrica envejecida. Según el parte de la UNE, seis de las 16 unidades térmicas permanecían fuera de servicio por reparaciones o fallas; la disponibilidad prevista era de 1.105 megavatios frente a una demanda máxima de 3.300. En ese escenario, los llamados “circuitos” dejan de ser una categoría técnica y se convierten en la geografía diaria de la desigualdad: algunos sectores reciben corriente durante más horas, mientras otros acumulan noches enteras a oscuras.
El discurso oficial suele presentar los cortes como una consecuencia inevitable del déficit de generación y de las dificultades para adquirir combustible. La explicación puede ser técnicamente cierta, pero resulta insuficiente para quienes deben conservar alimentos sin refrigeración, cocinar con medios alternativos, cargar teléfonos o atender a personas enfermas. La propia información estatal reconoce una afectación durante las 24 horas del día anterior y una máxima de 2.245 megavatios a las diez de la noche. Mientras tanto, el Gobierno insiste en comunicar cifras de déficit sin ofrecer un calendario confiable de recuperación ni mecanismos para que los vecinos reclamen por la distribución desigual del servicio.
Las redes muestran una experiencia más concreta que los partes diarios. Residentes de La Habana y otras provincias reportan jornadas de más de 20 o 30 horas sin electricidad, falta de agua por la interrupción de los sistemas de bombeo y daños en equipos domésticos. Un video difundido por CiberCuba mostró a un cubano salir con una carretilla a buscar agua y regresar sin conseguirla porque el apagón había detenido el bombeo. En Guanabacoa, las denuncias también se conectan con protestas anteriores: Martí Noticias reportó que vecinos del municipio salieron a la calle el 29 de junio por la duración de los cortes.
El impacto recae de forma desigual. Las madres que fueron al Gobierno cargan con la organización doméstica, el cuidado infantil y la búsqueda de agua; los trabajadores estatales pierden horas de descanso y productividad; los cuentapropistas ven deteriorarse alimentos, herramientas y mercancías; y los estudiantes intentan preparar exámenes sin iluminación ni conexión. Para las familias con parientes en el exterior, una remesa puede comprar un inversor o una batería, pero no resuelve la crisis colectiva. Para quienes no reciben ayuda, la supervivencia depende de vecinos, velas, plantas improvisadas y una planificación agotadora de cada hora con corriente.
Que las madres hayan acudido directamente a la sede municipal revela un cambio en el estado de ánimo. La paciencia deja de expresarse como espera silenciosa y se transforma en una exigencia concreta ante una institución cercana. No es todavía una solución ni permite saber qué respuesta recibieron, pero sí demuestra que el apagón se ha convertido en un conflicto político cotidiano: afecta derechos básicos y erosiona la confianza. ¿Responderá el Gobierno con transparencia, reparación y protección para los sectores más vulnerables, o volverá a pedir resistencia mientras distribuye la escasez sin explicar sus criterios?