Más de 200 millones en riesgo: ¿por qué falta dinero para evitar el desplazamiento climático?.
Más de 200 millones de personas viven en comunidades muy vulnerables al cambio climático y están expuestas al riesgo de desplazamiento, advirtió Amy Pope, directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La funcionaria planteó esta preocupación durante una entrevista concedida en la conferencia climática de Naciones Unidas en Antalya, Turquía. “Actualmente, más de 200 millones de personas viven en comunidades extremadamente vulnerables al clima y corren el riesgo de ser desplazadas”, declaró, según la entrevista difundida por AFP y reproducida por la agencia nacional de noticias de Namibia. La cifra describe una población en riesgo, no un desplazamiento que ya haya ocurrido ni una predicción inevitable para todas esas personas. Tampoco significa que quienes deban marcharse vayan necesariamente a cruzar una frontera internacional. La advertencia pone sobre la mesa una pregunta: ¿cuánto podría evitarse si los recursos llegaran antes de que una comunidad pierda sus condiciones para vivir?
Los registros recientes permiten entender la dimensión del problema, pero exigen distinguir personas de movimientos. En un comunicado oficial del 9 de noviembre, la OIM informó de casi 29,9 millones de desplazamientos durante 2025 tras tormentas, inundaciones y otros desastres. La organización aclaró que una misma persona puede verse obligada a huir varias veces y que cada salida se contabiliza por separado. Por eso, no sería preciso presentar ese total como 29,9 millones de individuos distintos. Las tormentas provocaron por sí solas 17,9 millones de desplazamientos, de acuerdo con los datos del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno citados por la agencia. En 2024, el conjunto de los desastres había generado 45,8 millones de movimientos, la cifra más alta registrada hasta entonces.

Detrás de cada salida hay decisiones condicionadas por la seguridad, la vivienda y la posibilidad de mantener ingresos. La OIM sostiene que invertir en comunidades expuestas puede ayudar a que sus habitantes permanezcan en sus hogares sin poner en peligro sus vidas. “Nadie quiere abandonar su hogar”, expresó Pope en el comunicado institucional, en traducción del inglés. La directora añadió que las personas desean estar a salvo y regresar cuando las circunstancias lo permitan. Sin embargo, proteger esa posibilidad requiere algo más que asistencia inmediata después de una emergencia. Según la organización, hacen falta inversiones sostenidas en viviendas resistentes, agua, recuperación de tierras y medios de vida que reduzcan la necesidad de desplazarse repetidamente.
La financiación disponible está muy lejos de las necesidades que recoge la propia OIM. Citando estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la agencia señaló que los países en desarrollo necesitarán entre 310.000 y 365.000 millones de dólares anuales para adaptación hacia 2035. Frente a esa proyección, la financiación pública internacional para adaptación alcanzó 26.000 millones de dólares en 2023. El monto, además, había descendido desde los 28.000 millones registrados el año anterior. La comparación enfrenta necesidades futuras anuales con un flujo histórico específico, no todos los recursos climáticos existentes ni una suma acumulada de ayudas. Esa diferencia es importante para entender qué se mide y por qué la OIM considera insuficiente el esfuerzo financiero actual.

La adaptación busca reducir los daños antes de que una amenaza termine en una emergencia humanitaria. Entre las herramientas destacadas por la OIM figuran las alertas tempranas, la construcción de hogares más resistentes y la protección del suelo y del agua. “Las alertas tempranas salvan vidas”, afirmó Pope en su declaración oficial, en traducción del inglés. También subrayó que estas respuestas necesitan continuidad y no soluciones rápidas aplicadas únicamente después del desastre. La organización pidió a gobiernos, bancos de desarrollo, fondos climáticos y empresas aumentar las inversiones dirigidas desde las propias comunidades. El objetivo es que la población participe en decisiones que afectan tanto a su seguridad inmediata como a sus posibilidades de permanecer en el territorio.
La OIM también reconoce que no todas las comunidades podrán evitar cualquier traslado. “Trasladar comunidades enteras debe seguir siendo un último recurso”, sostuvo Pope en el comunicado, en traducción del inglés. Esa posición combina dos prioridades: reducir las salidas forzadas cuando sea posible y preparar respuestas cuando quedarse deje de ser seguro. La organización informó de que, desde 2020, ha puesto en marcha más de 500 proyectos relacionados con movilidad climática en 80 países. Más de 200 permanecían activos al momento de su pronunciamiento para la conferencia. Por otra parte, su informe anual de 2025 señaló que sus acciones de resiliencia climática habían apoyado a 995.722 personas expuestas a desplazamientos por desastres en 34 países.

El debate abierto en Antalya conecta la política migratoria con decisiones sobre desarrollo, prevención y financiación. La advertencia de Pope no plantea que cientos de millones de personas abandonarán sus hogares de manera inmediata, sino que existe una exposición que requiere medidas antes de que aumenten las pérdidas. “Esta brecha tiene un costo humano”, afirmó la directora al referirse a la distancia entre los riesgos y los recursos disponibles. Según explicó, cuando las comunidades no pueden protegerse, la siguiente inundación o sequía puede empujar a más habitantes a marcharse. ¿Cómo deberían distribuirse los fondos para llegar primero a quienes tienen menos capacidad de respuesta? La cuestión de fondo es si los compromisos internacionales se traducirán en protección local sostenida o seguirán llegando, principalmente, después de la emergencia.
