¿Es la «carne de potrero» una alternativa alimentaria o el reflejo de la crisis nutricional en Cuba?.

La búsqueda cotidiana de fuentes de proteína animal en el interior de la isla se ha convertido en una tarea compleja condicionada por los altos costos de los alimentos y la contracción de la oferta formal. En un testimonio audiovisual difundido en plataformas digitales, una creadora de contenido identificada como Maya, residente en el municipio de Sibanicú, Camagüey, explicó cómo las familias de su comunidad recurren a la tilapia y a la denominada «carne de potrero» para asegurar la alimentación del hogar. La comunicadora detalló que esta expresión popular aludió durante décadas al ganado vacuno sacrificado en áreas rurales de forma clandestina al margen de los controles del Estado. ¿Constituyen estas estrategias de abastecimiento local una solución práctica frente a la escasez o una evidencia del grave deterioro nutricional que enfrentan los hogares? Este testimonio ha generado un amplio intercambio en redes sociales sobre las dificultades del presupuesto doméstico para adquirir productos básicos.

El relato repasó el contexto histórico y penal que rodeó históricamente el comercio no autorizado de ganado mayor en el territorio cubano. Durante su intervención, Maya recordó la severidad de las sanciones legales vigentes en el país al señalar: «Durante mucho tiempo, sacrificar a una vaca sin autorización podía traer consecuencias legales muy graves». La joven agregó que, dependiendo de las circunstancias procesales, las penas de privación de libertad por el delito de sacrificio y venta ilícita de ganado vacuno podían sobrepasar los 15 años de cárcel. Aunque normativas recientes han flexibilizado ciertos aspectos de la comercialización pecuaria para los productores agropecuarios, el acceso a la carne bovina continúa siendo muy restringido y esporádico para el consumidor promedio. La memoria de aquellas prohibiciones aún marca la percepción social de este alimento en los poblados del interior del país.

En su descripción sobre la disponibilidad real de estos productos, la creadora camagüeyana puntualizó que la venta abierta en los municipios ocurre con poca regularidad. Maya indicó que las ofertas de res suelen presentarse «una o dos veces al mes», por lo que los vecinos deben acudir con rapidez para adquirir lo disponible. Asimismo, aclaró que la carne comercializada no corresponde a cortes seleccionados ni de alta calidad culinaria. Sobre las características del producto, explicó: «Muchas veces viene con huesos, pellejos y pequeños pedazos de carne que hay que aprovechar al máximo». Esta condición exige un procesamiento culinario exhaustivo que suele dejar un rendimiento cárnico reducido en comparación con el volumen adquirido.

El factor económico resulta determinante a la hora de optar por estas alternativas cárnicas frente a otras opciones del mercado informal o estatal. La joven explicó que, debido a su composición mixta con hueso, este producto puede venderse a un costo inferior al de la carne de cerdo o el pollo importado. Sin embargo, la necesidad de cocciones prolongadas representa un desafío adicional en medio de la crisis energética que afecta a la población. La escasez estructural de gas licuado para cocinar y los frecuentes cortes en el servicio eléctrico complican la preparación de cortes duros que requieren varias horas de fuego. ¿Resulta económicamente ventajoso adquirir alimentos más económicos si su elaboración exige un consumo desproporcionado de combustible escaso?

La pérdida del poder adquisitivo salarial frente al incremento general de los precios constituye la causa principal que empuja a las familias hacia estas variantes de consumo. Al justificar las decisiones de compra en su comunidad, Maya argumentó: «Con los salarios que tenemos y los precios tan altos de los alimentos, muchas veces esta es la única alternativa que tenemos para poder llevar algo de comer de carne de res a la mesa». La comunicadora insistió en que su video persigue documentar la cotidianidad comunitaria sin pretender generar lástima: «Le cuento lo que vivimos aquí en mi pueblo porque esta también es nuestra realidad». Otros testimonios recientes en redes han mostrado cómo la adquisición de escasos insumos de primera necesidad puede insumir más de 5.000 pesos cubanos, dejando sin margen el sueldo promedio estatal.

La situación descrita por los residentes coincide con los indicadores económicos recopilados por organismos oficiales e independientes en la isla. Datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) confirman que la inflación interanual alcanzó el 28,44 por ciento en septiembre de 2026, con un aumento acumulado de 24,85 por ciento en lo que va de año. En el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas, el incremento interanual superó el 42,6 por ciento, representando la mayor fuente de presión inflacionaria sobre los hogares cubanos. Por su parte, informes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas señalan que el país importa cerca del 80 por ciento de los alimentos que consume, destinando anualmente unos 2.400 millones de dólares para este fin en un escenario de marcada falta de divisas.

El debate sobre la seguridad alimentaria en el archipiélago confronta diferentes análisis sobre las vías para recuperar la producción agropecuaria nacional. Quienes abogan por mayores reformas económicas plantean la urgencia de desregular totalmente el sector ganadero e incentivar la inversión privada para incrementar la masa ganadera. Por el contrario, los análisis institucionales enfatizan el impacto de las sanciones financieras externas en la adquisición de piensos, fertilizantes y combustible para la agricultura. ¿Lograrán los programas agrícolas locales garantizar una dieta balanceada y asequible o continuarán las familias dependiendo de soluciones informales para acceder a proteínas? Mientras se buscan respuestas estructurales, la cotidianidad en los municipios cubanos sigue marcada por la inventiva culinaria ante la escasez.