Casi cuatro de cada diez mayores sin pensión en Cuba: ¿cómo cerrar la brecha de protección?.

Cerca del 39% de las personas de 65 años y más en Cuba no recibe una pensión contributiva o no contributiva, según la comparación recogida en el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2026 de la CEPAL. La cobertura total presentada para el país es del 61%, por debajo del promedio regional del 79,2%. El indicador corresponde al grupo de edad definido en la medición y no debe extenderse automáticamente a todas las personas consideradas mayores desde los 60 años. Tampoco significa que quienes carecen de pensión no tengan ningún ingreso, pues el dato no describe por sí solo salarios, remesas o ayuda familiar. Lo que muestra es una brecha en el acceso a una prestación previsional propia. Esa diferencia abre una pregunta: ¿cómo garantizar seguridad económica durante la vejez sin dejar fuera a quienes no pudieron completar una trayectoria laboral protegida?

La comparación regional permite dimensionar la distancia, aunque los porcentajes no explican todas las diferencias entre los sistemas. Uruguay alcanza aproximadamente un 92% de cobertura, mientras Argentina y Chile se sitúan alrededor del 91% y Brasil llega al 89%. Frente a esas referencias, el 61% cubano revela un margen considerable para ampliar el acceso. Sin embargo, una cobertura elevada no demuestra por sí sola que el monto recibido alcance para vivir. La CEPAL distingue entre recibir una pensión, contar con una prestación suficiente y sostener financieramente el sistema que la paga. Evaluar solamente cuántas personas cobran dejaría fuera una parte esencial del problema: qué pueden adquirir realmente con ese dinero.

En Cuba, la comparación presenta una cobertura contributiva del 55% y una no contributiva del 6% entre las personas de 65 años y más. El primer componente se relaciona con los requisitos de trabajo y aportaciones establecidos para acceder a prestaciones de seguridad social. El segundo busca proteger a quienes no reúnen esas condiciones o necesitan asistencia conforme a las reglas del programa. La base oficial de la CEPAL identifica un Régimen de Asistencia Social cubano existente desde 1979. Su descripción señala que los apoyos alcanzan a personas que “no tienen el derecho a las pensiones de seguridad social” o reciben prestaciones insuficientes para su situación particular. La existencia de ese mecanismo confirma que hay una vía asistencial, pero no implica que todas las personas sin jubilación sean beneficiarias automáticas.

El acceso a esa asistencia está sujeto a criterios que conviene distinguir de una pensión universal. La ficha de la CEPAL menciona categorías relacionadas con la edad, la enfermedad, la discapacidad y la situación de los miembros del hogar. También registra procedimientos de comprobación de medios, es decir, evaluaciones sobre los recursos y las condiciones de quienes solicitan ayuda. Entre los grupos contemplados aparecen personas mayores sin derecho a pensión, familias dependientes de un trabajador fallecido y pensionados con familiares a cargo. El organismo responsable es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estos requisitos ayudan a entender por qué disponer de un programa legal no equivale a asegurar una prestación individual a cada persona que ha alcanzado determinada edad.

Cuba alcanza un 61% de protección en personas de 65 años y más, con solo un 6% correspondiente a pensiones no contributivas (Cortesía: CEPAL).

La sostenibilidad financiera constituye otro eje del informe y está vinculada con el envejecimiento y la participación laboral. Los sistemas de reparto financian las prestaciones principalmente mediante ingresos corrientes, en lugar de depender exclusivamente del ahorro individual acumulado por cada beneficiario. Un estudio institucional de la CEPAL sobre Cuba documentó la reforma de 2008, que elevó gradualmente la edad de retiro hasta los 60 años para las mujeres y los 65 para los hombres. Ese antecedente permite precisar que la fecha de aprobación de una norma no siempre coincide con el comienzo o la culminación de su aplicación. Cambiar edades, aportaciones o fórmulas de cálculo puede modificar las cuentas del sistema, pero no garantiza por sí solo una cobertura más amplia. Por eso, las reformas deben examinarse tanto por sus efectos presupuestarios como por sus consecuencias sobre el acceso y la suficiencia de los ingresos.

También es importante separar la información sobre cobertura de la medición de pobreza entre quienes reciben o no una pensión. La CEPAL utiliza encuestas de hogares para analizar ingresos y condiciones económicas, mientras otras comparaciones se apoyan en registros administrativos. Cuba no aparece en todas las tablas de pobreza y suficiencia incluidas en el informe, por lo que no corresponde trasladarle automáticamente los resultados calculados para otros grupos de países. El portal estadístico del organismo define un indicador de insuficiencia a partir de quienes no reciben pensiones o perciben montos que no cubren un umbral mínimo de consumo. Tener identificado ese indicador no demuestra que exista una estimación comparable disponible para cada país. Por tanto, el 39% sin cobertura no debe presentarse como una tasa de pobreza, ni el 61% cubierto como una población necesariamente libre de carencias.

Una anciana sentada junto a una mesa de madera sostiene un monedero abierto con monedas cerca, frente a una pared con una bandera de Cuba.

La recomendación central de la CEPAL es abordar conjuntamente cobertura, suficiencia y sostenibilidad, en lugar de tratarlas como objetivos separados. “La decisión de invertir en los sistemas de pensiones y garantizar su sostenibilidad es estratégica y fundamental”, sostiene el informe. El documento plantea esa inversión como una herramienta para proteger a las personas mayores y reducir las desigualdades. No basta, por tanto, con aumentar el número de beneficiarios si las prestaciones pierden capacidad de compra, ni con equilibrar las cuentas dejando fuera a quienes necesitan protección. ¿Qué cambios permitirían ampliar el acceso en Cuba y disponer, al mismo tiempo, de información comparable sobre las condiciones de vida de sus mayores? La respuesta requiere definir recursos, prioridades y mecanismos de evaluación que permitan comprobar si la protección mejora efectivamente.