El lunes 7 de septiembre un incendio en un vertedero cercano a RadioCuba, en la ciudad de Las Tunas, activó las alarmas en un barrio residencial y terminó controlado por los equipos de emergencia, aunque sin evitar una densa columna de humo que cubrió viviendas y un edificio próximo. Testigos relataron que el primer camión de bomberos llegó sin agua y solo con la llegada de otro vehículo pudo comenzar la extinción; no se reportaron víctimas ni daños estructurales confirmados, pero la escena quedó grabada como síntoma de una capacidad de respuesta limitada.
Días antes, otro fuego en un basurero junto a la subestación Tunas 110 kV había provocado daños severos en cableado soterrado y dejado sin electricidad a los edificios del reparto Buena Vista, según informó la Empresa Eléctrica Las Tunas a través del Periódico 26. La entidad explicó que el circuito TK1 quedó afectado y que los intentos de transferir carga a otros circuitos fracasaron por límites de capacidad, mientras los técnicos buscaban una solución sin precisar tiempos de restablecimiento. El comunicado ofreció disculpas y pidió “responsabilidad ciudadana” para evitar hechos similares, aunque no detalló el origen del incendio ni las causas.
La secuencia de incidentes no es un accidente aislado. En los últimos meses, la provincia acumuló robos de aceite dieléctrico y componentes que dejaron sin servicio a miles de usuarios, como ocurrió en abril en Amancio, donde el robo de unos 600 litros afectó al 40% de los clientes del municipio. En ese contexto, los vertederos próximos a infraestructuras críticas se convierten en amenazas previsibles: el fuego no solo consume basura, sino que pone en riesgo redes eléctricas ya deterioradas y aumenta la probabilidad de apagones prolongados en barrios enteros.
El impacto concreto se mide en la vida cotidiana: familias que dependen de ventiladores o equipos médicos enfrentan horas o días sin electricidad; pequeños negocios pierden mercancía refrigerada; estudiantes se quedan sin conexión estable para estudiar; y la sensación de vulnerabilidad crece cuando los bomberos llegan sin agua y la reparación del cableado se alarga. Para muchos, la diferencia entre un servicio público eficaz y uno precario no está en los discursos, sino en si hay agua en el camión, si hay repuestos en el almacén y si existe un plan real para alejar residuos de instalaciones vitales.
El discurso oficial insiste en la necesidad de “responsabilidad ciudadana” y en que los hechos afectan “gravemente al sistema eléctrico y la vida cotidiana”, pero evita reconocer patrones estructurales: la crisis de recogida de desechos, la falta de mantenimiento preventivo en subestaciones y la escasez de recursos para emergencias. Mientras, en redes y medios independientes circulan testimonios que muestran bomberos llegando tarde o sin insumos, vecinos organizándose para apagar fuegos menores y comunidades que asumen como normal vivir cerca de vertederos que pueden convertirse en bombas de tiempo.
Este episodio revela un estado de ánimo marcado por la resignación activa: la gente sabe que el sistema falla, pero sigue buscando estrategias de supervivencia, desde guardar agua hasta organizar turnos para cargar dispositivos cuando hay luz. La pregunta incómoda no es solo quién apagó el fuego, sino quién garantiza que no volverá a pasar: ¿qué medidas concretas existen para reubicar o controlar vertederos próximos a infraestructuras críticas? ¿Cómo se evita que la “responsabilidad ciudadana” se convierta en la coartada perfecta para no asumir fallos de planificación y mantenimiento?