¿Cumple el sistema penitenciario con las garantías básicas de alimentación y derechos laborales?.
Las condiciones de reclusión dentro de las instalaciones penitenciarias de la capital cubana vuelven a situarse en el centro de la controversia pública tras una serie de testimonios procedentes del interior penal. El preso político del 11 de julio de 2021, Eliezet Sesma Diago, quien purga una sentencia de nueve años de privación de libertad, denunció severas deficiencias en la dieta diaria y la falta de medicamentos esenciales en el campamento La Lima, ubicado en el municipio habanero de Guanabacoa. A través de un informe canalizado por el Observatorio de Derechos Culturales, el recluso alertó además sobre jornadas laborales extenuantes sin retribución salarial y presiones de los órganos de seguridad para silenciar sus reportes. ¿Constituyen estas situaciones un reflejo de la crisis económica general o una vulneración sistemática de los estándares mínimos para el tratamiento de los reclusos?
El testimonio detalló el deterioro en la calidad y cocción de las raciones alimentarias que se distribuyen diariamente entre la población penal. En su escrito, Sesma Diago afirmó: «En el establecimiento penal de mínima severidad La Lima, ubicado en el municipio de Guanabacoa, en La Habana, el arroz semicrudo que se sirve está causando vómitos a varios reclusos». Los internos explicaron que la mala elaboración del cereal dificulta su adecuada digestión gástrica, provocando malestares estomacales recurrentes. Respecto a los menús habituales, el denunciante describió: «Una pasta aguada como plato fuerte, seguida de una yuca dura, una pequeña porción de una ácida pulpa de guayaba y una sopa, o agua caliente con algún que otro condimento, completan el cuadro atroz de sus almuerzos y comidas». En las mañanas, el desayuno suele reducirse a raciones residuales de viandas acompañadas de preparados de dudosa calidad.
A la precaria alimentación se suma la inexistencia de insumos clínicos y tratamientos farmacológicos dentro del puesto médico del campamento. El informe también expuso presuntas anomalías en la gestión y distribución de las provisiones que ingresan al recinto penitenciario. De acuerdo con lo manifestado por el recluso, partidas de azúcar destinadas al consumo colectivo se agotan en cuestión de tres días sin justificación clara. Esta escasez generalizada obliga a los internos a depender de los suministros que sus familiares logran entregar durante las visitas programadas. ¿Hasta qué punto la carencia de medicamentos e insumos básicos en las cárceles pone en riesgo la salud e integridad física de la población bajo custodia estatal?
El régimen de trabajo al que son sometidos los internos fuera del perímetro del campamento constituye otro de los puntos críticos de la denuncia. Sesma Diago señaló que los reclusos desempeñan labores que superan las diez horas diarias sin percibir la remuneración estipulada desde enero de 2026. Al finalizar estas faenas, los trabajadores son sometidos a exhaustivas inspecciones en las que les decomisan los alimentos conseguidos para paliar el hambre. En su declaración, el interno denunció: «A pesar del hambre existente, se hacen requisas a los internos que trabajan fuera del campamento y les quitan desde una jaba de pan hasta un paquete de espaguetis, que utilizan para solventar de alguna manera la hambruna que pasan después de trabajar más de diez horas, trabajo que desde enero de este año no ha sido posible cobrar». Los productos retenidos, según su testimonio, son apropiados por el personal a cargo de los registros.
Ante la divulgación de estas irregularidades, el Observatorio de Derechos Culturales emitió una alerta formal exigiendo salvaguardar la vida y la estabilidad psicológica del manifestante y de sus compañeros. La entidad civil demandó a las autoridades penitenciarias garantizar una alimentación balanceada, acceso irrestricto a los servicios de salud y el pago inmediato de las jornadas laborales devengadas. Asimismo, la organización advirtió sobre el incremento del hostigamiento policial dirigido a frenar las denuncias públicas. Semanas atrás, la esposa de Sesma Diago fue citada e interrogada por agentes de la Seguridad del Estado en una maniobra de intimidación familiar orientada a censurar la información que trasciende los muros del penal.
La trayectoria de Sesma Diago ilustra las tensiones legales y políticas derivadas de las manifestaciones antigubernamentales del 11J en Cuba. El manifestante, padre soltero de un menor, fue arrestado tras las protestas de 2021 y sentenciado a nueve años de privación de libertad por tribunales municipales. Organizaciones independientes recuerdan que su vinculación con redes cívicas y reporteros autónomos le generó citaciones policiales previas al estallido social. Su traslado al régimen de menor severidad en La Lima no ha impedido que continúe documentando la realidad del confinamiento mediante escritos y testimonios. ¿Constituye la difusión de estas denuncias un acto de resistencia ciudadana o una falta disciplinaria dentro del reglamento penitenciario?
El debate sobre la situación en las prisiones cubanas confronta visiones divergentes sobre el respeto a las garantías procesales y humanitarias en el país. Mientras defensores de derechos humanos exigen el cumplimiento de las Reglas Nelson Mandela de la ONU para el trato digno a los reclusos, los órganos oficiales sostienen que los centros penitenciarios operan bajo normas de reeducación e inserción social. ¿Es factible implementar reformas sustanciales en el sistema carcelario en medio del complejo contexto socioeconómico que atraviesa la isla? La visibilidad de estos testimonios mantiene abierta la discusión internacional sobre las condiciones de vida de los privados de libertad y las garantías para sus familias.