Cuba: 387 acciones denunciadas en un mes, ¿qué revela el informe sobre el espacio para disentir?.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció al menos 387 acciones represivas en Cuba durante octubre de 2026. El balance, publicado el 6 de noviembre, distingue 30 detenciones calificadas como arbitrarias y otros 357 abusos. Entre las personas afectadas, la organización menciona a activistas, periodistas independientes, dirigentes religiosos, presos y ciudadanos vinculados con protestas. La cifra corresponde a incidentes registrados por el observatorio y no debe presentarse como un número equivalente de víctimas distintas. Una misma persona puede sufrir más de una actuación, y el uso de “al menos” indica que el recuento no pretende abarcar necesariamente todo lo ocurrido. El informe plantea una pregunta central: ¿qué posibilidades tienen los ciudadanos de expresar desacuerdos y reclamar derechos sin sufrir restricciones?

El director de Estrategias del OCDH afirmó que el régimen incrementa la represión para forzar la salida de activistas del país. (EFE/LESZEK SZYMANSKI/Archivo)

La vigilancia y los cercos policiales en viviendas ocupan un lugar importante en el documento. Según los datos del informe recogidos en el material proporcionado, se registraron 145 actuaciones de ese tipo durante octubre. El OCDH sostiene que estas medidas buscan impedir desplazamientos y limitar la asistencia a actividades públicas, religiosas o judiciales. La Habana, Matanzas y Villa Clara aparecen como las provincias con mayor número de denuncias. Esa distribución refleja los casos documentados, pero no permite concluir, sin conocer la cobertura de observación en cada territorio, que sean necesariamente las únicas zonas con problemas graves. Tampoco corresponde sumar los cercos a las 387 actuaciones como si fueran un bloque adicional, porque forman parte del balance presentado por la organización.

Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, atribuyó una finalidad política a las prácticas denunciadas. “El régimen aumenta la represión para que los activistas abandonen el país, para intimidar a la población y presionar a Estados Unidos y a la Unión Europea”, sostuvo en las declaraciones recogidas en el material de partida. Añadió que esas acciones no resolverán “la grave crisis estructural ni las desconfianzas dentro de la propia élite”. Se trata de una interpretación del portavoz sobre las motivaciones de las autoridades y debe distinguirse de la descripción de cada incidente. En la información consultada no se recoge una respuesta específica del Gobierno cubano a este informe de octubre. Por ello, no puede atribuirse a las autoridades una explicación sobre estas denuncias que no hayan formulado públicamente.

Agentes policiales interceptaron al pastor Rolando Pérez Lora y a su esposa cuando salían de su casa para apoyar a Ana Bensi. (Cortesía: Redes sociales)

Entre las detenciones mencionadas figuran las de Alexander Díaz Rodríguez, Guillermo Fariñas Hernández, Mario Alberto Hernández Leyva y José Antonio Riquenes Rodríguez. El reporte también incluye a Abdiel Cedeño Martínez y Dairon Yunior Labrada Linares, participantes en las protestas de julio de 2021 que, según la denuncia, fueron detenidos cuando cumplían obligaciones de presentación posteriores a sus excarcelaciones. Otro caso es el del pastor Rolando Fidel Pérez Lora, conocido como “Pregonero de Cristo”. El observatorio señala que fue arrestado el 1 de octubre cuando pretendía acompañar a Anna Sofía Benítez Silvente y a su madre, Caridad Silvente, durante una audiencia judicial. Esa jornada habría incluido restricciones de movimiento contra periodistas, escritores y activistas que también buscaban asistir. Las acusaciones requieren examinar las circunstancias individuales, las razones invocadas para cada detención y las garantías ofrecidas a las personas afectadas.

Las condiciones penitenciarias constituyen otro capítulo del balance. El material recoge 73 denuncias procedentes de presos políticos, presos comunes y familiares, además de al menos 63 abusos contra personas identificadas por el OCDH como presos políticos. Esos dos datos describen categorías distintas y no deben sumarse automáticamente ni interpretarse como cantidades de víctimas únicas. Las denuncias incluyen agresiones, amenazas, aislamiento, dificultades de acceso a medicamentos y restricciones de comunicación familiar. Entre los nombres señalados aparecen Carlos Alain Abrahantes Valdés, Ediolvis Marín Mora, Virgilio Mantilla Arango y el periodista Henry Constantín Ferreiro. Sobre este último existe, además, una alerta separada del Comité para la Protección de los Periodistas, publicada en septiembre, que documentó su detención y recogió obstáculos denunciados por su defensa; ese antecedente no verifica por sí solo cada episodio penitenciario atribuido a octubre.

Carlos Alain Abrahantes Valdés, Ediolvis Marín Mora y Virgilio Mantilla Arango denunciaron castigos, incomunicación y falta de atención médica en cárceles de Camagüey, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. (Cortesía: Redes sociales)

El documento también señala al menos 35 personas imputadas en cuatro procesos con peticiones fiscales relacionadas con protestas, publicaciones críticas y otras actividades. En Ciego de Ávila, el material describe solicitudes de hasta trece años de prisión para dieciocho acusados por las manifestaciones del 13 de marzo de 2026 en Morón. En Bayamo se mencionan peticiones de hasta cinco años para nueve ciudadanos por una protesta del 23 de mayo de 2025. Otro expediente, en Granma, incluye a cuatro personas para quienes se habrían solicitado penas de hasta diez años por hechos vinculados con videos, conversaciones y recargas telefónicas. Los tres grupos detallados suman 31 personas, de modo que esa relación no desarrolla por completo las cuatro causas que integran el total anunciado. Además, una petición fiscal es una solicitud de la acusación y no una sentencia firme, distinción indispensable para describir correctamente la situación judicial.

El informe de octubre se incorpora a una serie de alertas del OCDH sobre restricciones a la protesta, la actividad periodística y las condiciones de reclusión. Su registro de septiembre había señalado 344 acciones represivas, mientras que el documento anual de 2025 contabilizó 3.179. Esas cifras ofrecen antecedentes, pero por sí solas no explican todas las variaciones ni permiten medir la totalidad de los hechos que no llegaron a denunciarse. La verificación exige contrastar testimonios con expedientes, registros de detención, informes médicos y respuestas institucionales cuando estén disponibles. ¿Qué mecanismos permitirán investigar las denuncias, proteger a quienes las presentan y determinar responsabilidades? El aporte del balance es hacer visibles casos y patrones denunciados; su esclarecimiento requiere información individual y garantías que permitan comprobar lo ocurrido.