Casi 12 reportes por cada 10.000 habitantes en Cuba: ¿qué revela y qué no mide el índice sobre abuso infantil?.
Cuba figura con una tasa de 11,86 reportes y avisos relacionados con material de abuso sexual infantil por cada 10.000 habitantes en 2025, según el índice Into the Light 2026 de Childlight. El dato aparece en la tabla de América Latina y el Caribe del informe original, publicado por el instituto especializado en seguridad infantil. La cifra describe información detectada o notificada mediante los sistemas incluidos en el estudio. No significa que casi doce de cada 10.000 habitantes hayan cometido un delito ni que esa sea la proporción de niños afectados. Tampoco constituye una estadística del Gobierno cubano ni un recuento de condenas judiciales. Su valor está en mostrar una parte visible del problema, siempre que se respeten los límites de la medición.
El indicador reúne reportes sobre posibles abusos o personas sospechosas y avisos vinculados con el alojamiento de ese material. La asociación con un país puede depender de la ubicación comunicada de una actividad, de una fuente de notificación o de la infraestructura utilizada. Por eso, una referencia geográfica no identifica automáticamente dónde vive una víctima ni la nacionalidad de un posible agresor. Childlight advierte que estos registros no deben utilizarse como una medición directa de la prevalencia nacional del abuso. Su guía también recuerda que “una ausencia de datos o un mensaje de datos no disponibles no significa que hubiera cero casos”, en traducción del inglés. Una tasa reducida puede coexistir con dificultades para detectar, denunciar o investigar lo que ocurre.

En la misma tabla, Panamá registra 245,31 reportes y avisos por cada 10.000 habitantes, mientras República Dominicana alcanza 157,23. Costa Rica aparece con 42,19, Guatemala con 39,89 y Honduras con 30,90. Cuba queda por debajo de esos valores, pero la comparación no permite concluir que sus niños estén proporcionalmente más protegidos. Las diferencias también pueden reflejar la cobertura de las fuentes, las prácticas de notificación y la localización de servicios digitales. Además, existe una pequeña discrepancia en las publicaciones de Childlight: el informe presenta una tasa regional de 52,1, mientras su comunicado de lanzamiento señala 52,2. Esa diferencia debe reconocerse sin alterar la conclusión metodológica: los registros disponibles no forman una clasificación de países según la cantidad real de abuso infantil.
Para aproximarse a la frecuencia del abuso en la población, el índice utiliza otro tipo de evidencia: encuestas representativas. En América Latina y el Caribe, estima que el 23% de las mujeres y el 17,6% de los varones experimentaron alguna forma de explotación o abuso sexual fuera de internet antes de cumplir 18 años. Esas cifras regionales incluyen distintas modalidades y no deben trasladarse automáticamente a Cuba. En las formas facilitadas por tecnología, el estudio calcula que el 11,4% de los niños de la región recibió solicitudes sexuales no deseadas o bajo presión durante el año anterior a la recopilación de los datos. Cada porcentaje responde a una definición y a un período de referencia diferentes. Por ello, no corresponde sumarlos entre sí ni compararlos directamente con la tasa cubana de reportes por habitantes.

El informe también examina la capacidad de las instituciones para convertir las alertas en investigaciones. Entre 24 países y territorios de América Latina y el Caribe consultados, el 83,3% informó disponer de capacidad investigativa especializada en explotación y abuso sexual infantil. Sin embargo, el 41,7% declaró no contar con analistas dedicados a investigaciones de estas conductas en línea. Otro 8,3% indicó que desconocía si tenía ese recurso. En materia forense digital, solo el 25% afirmó poder procesar todos los casos de explotación sexual infantil en línea dentro de doce meses. Estos resultados describen a las jurisdicciones encuestadas y no permiten atribuir a Cuba una carencia específica sin revisar su respuesta individual.
La falta de información es uno de los principales mensajes del lanzamiento, realizado este 16 de noviembre durante una cumbre ministerial en Manila. De 103 países y áreas examinados, únicamente 22 tenían encuestas representativas que cubrieran tanto el abuso fuera de internet como el facilitado por tecnología. Paul Stanfield, director ejecutivo de Childlight, advirtió: “Lo que permanece invisible corre el riesgo de quedar sin respuesta”, en traducción del inglés. La investigadora Debi Fry añadió que reunir encuestas, registros policiales y otras fuentes permite identificar debilidades y orientar mejor los recursos. El instituto señala que niños con discapacidad, indígenas, migrantes, de muy corta edad y quienes sufren abusos dentro de sus familias están especialmente infrarrepresentados en la evidencia. Esa ausencia estadística no reduce sus necesidades de protección, sino que dificulta reconocerlas y atenderlas.

Para Cuba, la pregunta pendiente no es únicamente por qué su tasa resulta inferior a la regional. También importa conocer qué mecanismos reciben las alertas, cómo se verifican, qué respuesta obtienen las víctimas y cuántas situaciones permanecen sin registrar. El índice no responde por sí solo a todas esas cuestiones ni demuestra una tendencia de aumento o disminución nacional a partir de un único año. “El propósito último de una mejor evidencia no son mejores estadísticas. Es una mejor actuación”, escribe Stanfield en el prólogo, traducido del inglés. Childlight propone combinar prevención, protección, atención a sobrevivientes, investigación y responsabilidad de las plataformas tecnológicas. El dato de 11,86 adquiere sentido dentro de ese esfuerzo, no como una etiqueta para minimizar el problema o estigmatizar a una población.
