EE. UU. acusa a Irán de usar la horca contra manifestantes: ¿justicia o miedo como política de Estado?.
El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó el viernes 20 de noviembre a las autoridades iraníes de usar condenas de muerte para intimidar a quienes protestan por derechos básicos y alivio económico. Según el organismo, Teherán responde con sentencias aceleradas y cargos severos en lugar de atender las crisis del país. La acusación se difundió en la cuenta en persa de la dependencia en X, de acuerdo con los reportes. Irán, por su parte, mantiene que juzga a personas por delitos graves contra la seguridad nacional; en el material consultado no aparece una respuesta oficial iraní a este mensaje concreto.
La frase central del Departamento de Estado fue: “Cuando los ciudadanos salen a las calles para exigir sus derechos básicos y alivio de las presiones económicas insoportables, el régimen responde ejecutando apresuradamente sentencias de muerte y presentando cargos severos y represivos”. El comunicado añadió que tratar la libre expresión como un delito capital muestra la incapacidad del gobierno para responder a los reclamos de la población. Citó como ejemplos las condenas contra Amir Delshad, Matin Shabani y Arman Marefati. También afirmó que Irán anunció más de 730 ejecuciones desde fines de diciembre de 2025, la mayoría tras juicios que calificó de amañados. Esa valoración es de Washington, un gobierno enfrentado a Irán, por lo que conviene contrastarla con otras fuentes.
Sobre los tres nombres, hay datos de organizaciones de derechos humanos. Arman Marefati, de 38 años y vendedor de frutas según medios que citan a Hengaw y HRANA, fue detenido en las protestas de enero, y su condena fue confirmada por la Corte Suprema, según esos reportes. Fue condenado por un tribunal revolucionario de Teherán por cargos como actuar contra la seguridad nacional e incendiar un edificio religioso. Dos coacusados, Mehrdad Mohammadinia y Ashkan Maleki, fueron ejecutados en junio. Matin Shabani fue condenado a muerte el 5 de noviembre por un tribunal de Mashhad, junto a otros dos hombres, por cargos de moharebeh (“guerra contra Dios”).
Las cifras varían según quién cuente. Un recuento citado por Infobae a partir de informes de organismos de derechos humanos habla de al menos 1.158 ejecuciones entre el 1 de enero y el 18 de noviembre, incluidas algunas nunca anunciadas oficialmente. Iran Human Rights, con sede en Noruega, informó que al menos 39 hombres fueron ejecutados en relación con las protestas de enero y que al menos 121 detenidos siguen condenados a muerte. Otra campaña de presos contabiliza más de 607 ejecuciones entre el 21 de marzo y el 17 de noviembre. Euronews, citando datos de la ONU, menciona al menos 2.159 ejecuciones en Irán en el período que analiza, más del doble que el año anterior. Los periodos y métodos son distintos, así que no deben sumarse ni compararse sin precaución.
Organismos internacionales han expresado preocupación desde hace meses. En julio, expertos independientes de la ONU pidieron frenar la ejecución de 10 hombres tras una protesta en Isfahán y dijeron que los casos siguen un patrón vinculado a las protestas iniciadas en diciembre. Según el poder judicial iraní, citado por la ONU, 23 hombres habían sido ejecutados por esas protestas desde marzo hasta ese momento. Amnistía Internacional habló de una campaña de ejecuciones arbitrarias tras juicios injustos y confesiones televisadas, y Human Rights Watch denunció una campaña ilegal de ejecuciones contra manifestantes. El 18 de noviembre, la Tercera Comisión de la Asamblea General aprobó por 76 votos a favor, 27 en contra y 64 abstenciones una resolución que condena las violaciones de derechos humanos en Irán.

Una investigación de Iran International, publicada en octubre, señaló que Irán ejecutó a casi dos personas por semana en causas políticas y de seguridad desde las protestas de enero. Entre el 7 de enero y el 5 de octubre, al menos 70 personas fueron ejecutadas: 35 por casos ligados a las protestas, nueve por las guerras de 12 y 40 días, y 26 por otras causas políticas y de seguridad. La investigación indicó que otras 190 personas enfrentan sentencias de muerte. Las organizaciones advierten que estas cifras son mínimos, porque solo cuentan casos reportados y verificados. Por eso, ¿cómo se verifica la realidad en un país donde parte de las ejecuciones no se anuncia?
El tema se produce en un contexto de tensión mayor entre Washington y Teherán, con sanciones, presión económica y un conflicto militar que sigue latente, según reportó Infobae el mismo día. Esto hace que cada acusación se lea también en clave política, y que las partes interpreten los mismos hechos de forma distinta. Las organizaciones independientes coinciden en señalar problemas de debido proceso, mientras el gobierno iraní defiende la legalidad de sus tribunales. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿puede la comunidad internacional influir en estos casos sin que se perciba como una injerencia? ¿Y qué pasará con quienes siguen condenados mientras se resuelven apelaciones?
