Ucrania considera legalizar y gravar parte de su industria de contenido para adultos, especialmente a las miles de creadoras que operan en plataformas como OnlyFans. Según informó The Wall Street Journal, legisladores ucranianos calculan que la recaudación podría acercarse a 25 millones de dólares anuales, una cifra modesta frente al costo total de la guerra, pero relevante en un país sometido a una presión fiscal, militar y social extraordinaria.
El punto de partida es una contradicción difícil de sostener: durante años, las autoridades habrían tolerado de hecho un negocio digital extendido mientras la legislación mantenía sanciones sobre la producción de pornografía. Es decir, personas adultas podían generar ingresos, pagar impuestos o mover dinero mediante plataformas internacionales, pero permanecían expuestas a la incertidumbre legal por el contenido que producía esos ingresos. La discusión no trata solamente de “permitir” una actividad; trata de decidir si el Estado continuará castigando una realidad económica que simultáneamente puede gravar.
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La guerra iniciada con la invasión rusa ha cambiado los márgenes de decisión de Kyiv. La defensa nacional exige armas, salarios militares, atención a heridos, reconstrucción de infraestructura y apoyo a desplazados, mientras el país depende de ayuda externa que no siempre llega con rapidez ni sin condiciones políticas. En ese contexto, formalizar una actividad digital exportable puede parecer una salida pragmática: transforma ingresos dispersos en base tributaria y reduce la arbitrariedad policial sobre trabajadoras y creadores. Sin embargo, presentar la medida solo como una fuente para financiar el esfuerzo bélico corre el riesgo de convertir la autonomía sexual y laboral de miles de personas en simple recurso de emergencia estatal.
El caso expuesto por el diario estadounidense retrata también la dimensión transnacional de este mercado: una creadora residente cerca de la línea del frente viaja periódicamente a villas alquiladas en Francia o España para producir contenido bajo seudónimo. Esa imagen condensa la desigualdad de la economía digital: la plataforma permite recibir pagos globales, pero la seguridad, la privacidad y la infraestructura necesarias para trabajar no están garantizadas dentro de un país en guerra. Para muchas mujeres jóvenes, desplazadas o con familiares movilizados, estas plataformas pueden ser una alternativa de ingreso ante empleos destruidos, salarios insuficientes y una vida cotidiana marcada por alarmas y cortes de normalidad.
La legalización, si avanza, no debería evaluarse únicamente por lo que recauda. Un marco serio tendría que distinguir con claridad entre trabajo sexual digital voluntario de adultos y cualquier forma de explotación, coerción, extorsión o producción sin consentimiento. También debería impedir que la regularización se limite a cobrar impuestos a quienes ya son vulnerables, sin ofrecer mecanismos reales de protección de datos, acceso a justicia, garantías laborales y defensa frente a la difusión no consentida de imágenes. La clandestinidad protege a intermediarios abusivos; una regulación mal diseñada puede, en cambio, reforzar la vigilancia sobre las propias creadoras.
En redes, este tipo de debate suele alternar entre la burla, el moralismo y la idea de que toda fuente de financiamiento queda justificada por la guerra. Pero la discusión de fondo es más incómoda: Ucrania intenta sostener su supervivencia nacional con una economía fragmentada, familias separadas y sectores informales que han aprendido a existir donde el Estado no llegaba. Legalizar podría reducir daños y reconocer derechos, pero ¿se garantizará que las trabajadoras tengan voz en las reglas? ¿O el país terminará reconociendo su actividad solo cuando necesite cobrarle impuestos?