El secretario de Estado Marco Rubio aseguró que la administración de Donald Trump impulsa una campaña de presión económica sin precedentes contra Cuba, con el propósito de impedir que el Gobierno cubano encuentre nuevas vías para aliviar el impacto de las sanciones. En una entrevista con Axios, Rubio resumió la estrategia con una frase directa: “Lo que estamos tratando de enseñarles es que no hay válvulas de escape”. Según el reporte, desde el año pasado Washington ha tomado cerca de dos docenas de acciones contra la isla, incluyendo sanciones a 40 entidades y medidas económicas, restricciones de visado o revocaciones de residencia contra al menos 38 personas. El objetivo declarado es intensificar el costo político y financiero para las autoridades cubanas, mientras la economía del país enfrenta apagones, escasez de combustible y una profunda crisis de abastecimiento.
Las sanciones se han dirigido contra sectores considerados estratégicos por Washington, entre ellos energía, banca, minería, defensa y comercio exterior. El Departamento del Tesoro confirmó, por ejemplo, nuevas designaciones contra empresas estatales cubanas vinculadas al comercio de productos técnicos, la industria militar y otros sectores, bajo la Orden Ejecutiva 14404. En julio, el Departamento de Estado también sancionó a GECOMEX y GEMAR, entidades vinculadas al comercio exterior y al sector marítimo, y autorizó solo un período limitado para cerrar operaciones con ellas. Estas acciones se suman a la Cuba Restricted List, que identifica entidades controladas o vinculadas a las estructuras militares, de inteligencia o seguridad cubanas y limita las transacciones financieras directas con ellas. Rubio sostiene que cada vez que La Habana intenta crear un mecanismo para “salir del lazo”, Estados Unidos busca cerrarlo: “Ellos ciertamente no pueden esperarnos. Esto no va a desaparecer en los próximos dos años y medio”.
La estrategia tiene también una dimensión internacional. La Casa Blanca y el Departamento de Estado han presionado a otros países para que reduzcan su participación en el programa cubano de exportación de servicios médicos, que Washington califica como “trata de personas”, y han publicado informes críticos sobre derechos humanos, terrorismo e influencia política de La Habana. El 20 de julio, el Departamento de Estado divulgó el informe “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI”, documento que presenta a la isla como un actor de espionaje y de difusión de actividades contrarias a los intereses de Estados Unidos. Para Michael Bustamante, historiador de Cuba y profesor de la Universidad de Miami, ese texto es “un documento político”, con poco contexto histórico, una objeción que refleja el debate sobre el alcance y la narrativa de la nueva política estadounidense. ¿Estas medidas buscan abrir un camino hacia reformas concretas o podrían endurecer todavía más las posiciones entre Washington y La Habana?
El tema energético ocupa un lugar central en esta ofensiva. Axios señala que la pérdida de Venezuela como principal respaldo externo dejó a Cuba en una posición más vulnerable, luego de años en que Caracas suministró volúmenes importantes de petróleo a la isla. Rubio afirmó que, por primera vez, Cuba carece simultáneamente de “un patrocinador externo” y de “la falta de atención de Estados Unidos” como una prioridad, lo que a su juicio ha alterado el equilibrio político. A la vez, las cifras del U.S.-Cuba Trade and Economic Council citadas por el medio indican que las exportaciones estadounidenses de combustible a Cuba alcanzaron aproximadamente 96 millones de dólares en el primer semestre de 2026, con más de la mitad concentrada en junio. Esta paradoja —más sanciones contra empresas estatales y, al mismo tiempo, más combustible procedente de Estados Unidos— ilustra la complejidad de un mercado en el que actores privados, intermediarios y necesidades básicas siguen moviendo recursos pese a las restricciones.
La presión no se limita a sanciones: el artículo también menciona demandas judiciales amparadas en la Ley LIBERTAD, conocida como Helms-Burton, luego de decisiones recientes de tribunales estadounidenses sobre propiedades confiscadas tras la Revolución cubana. Además, fuentes consultadas por Axios sostienen que funcionarios estadounidenses exploran posibles contactos con actores de la estructura de poder cubana y evalúan cómo construir una coalición que impulse reformas, aunque reconocen que es difícil medir las divisiones internas de un sistema descrito como altamente hermético. Rubio no detalló las próximas medidas, pero dijo que la administración actuará con “paciencia y persistencia” y expresó confianza en que, al final del mandato, Cuba estará “en una trayectoria irreversible hacia un futuro diferente”. El interrogante sigue abierto: ¿puede una presión prolongada producir cambios políticos sin agravar las condiciones de vida de la población, o terminará reforzando el conflicto que pretende resolver?