El vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Óscar Pérez‑Oliva Fraga, defendió en una entrevista reciente el amplio paquete de reformas económicas aprobado por la Asamblea Nacional y aseguró que no responde a presiones externas, sino al objetivo de mejorar la vida de la población. En la conversación, insistió en que “todas las transformaciones que estamos decidiendo (…) tienen amparo total en la ley, en la Constitución de la República de Cuba, y no obedecen a presión alguna que no sea el interés (…) de generar bienestar”. Sin embargo, estas medidas llegan en medio de una de las peores crisis económicas de la isla en décadas y bajo una campaña de presión reforzada desde Estados Unidos, lo que lleva a preguntar: ¿hasta qué punto se puede separar el discurso de soberanía de la realidad geopolítica?
El paquete aprobado por el Parlamento reúne 176 medidas organizadas en 23 ejes que buscan abrir espacios a la iniciativa privada y flexibilizar el control estatal sobre la economía. Entre ellas se contempla que personas jurídicas nacionales y extranjeras puedan adquirir acciones y propiedades de empresas estatales, se habilita el desarrollo inmobiliario en zonas turísticas y se propone licitar parques recreativos, zoológicos, acuarios y unidades de alojamiento, así como invitar franquicias de alimentos ligeros a invertir en la isla. Por primera vez desde la revolución de 1959, se habla de permitir banca privada, propiedad de más de un negocio y expansión del sector privado con menos límites de empleados, lo que varios economistas califican como un cambio “drástico” respecto al modelo tradicional. ¿Se trata de una transformación estructural sostenible o de una respuesta de emergencia para evitar un colapso mayor?
En el plano internacional, las reformas se producen bajo fuerte tensión con Washington y lecturas contrapuestas sobre sus motivos y alcances. Un portavoz del Departamento de Estado describió las medidas como “modestas, largamente esperadas y, en última instancia, superficiales señales de humo del régimen cubano”, cuestionando su profundidad y su capacidad real de transformar la economía. Al mismo tiempo, el gobierno de Miguel Díaz‑Canel ha reconocido que la crisis y la presión estadounidense han acelerado las decisiones, aunque las define como “soluciones cubanísimas” y un “ejercicio de soberanía” en respuesta a la situación de emergencia. Desde otros análisis se destaca que la dirigencia cubana evalúa las reformas para incentivar inversión extranjera, reducir el tamaño del Estado y evitar un colapso en medio de sanciones reforzadas y bloqueo petrolero. ¿Puede un paquete de medidas ser, a la vez, una salida interna a la crisis y una forma de gestionar la presión externa sin admitirlo plenamente en el discurso oficial?
Otro elemento clave del debate es la revisión del sistema de subsidios universales, que el propio Pérez‑Oliva Fraga considera injusto en su diseño original. “Los subsidios universales o generalizados también son injustos”, afirmó, al explicar que la intención del gobierno es eliminarlos parcialmente para pasar a “subsidios focalizados”, centrados en las personas más vulnerables. Según el vice primer ministro, “la idea es eliminar ese modelo de subsidio universal, subsidiar a la persona y sobre todo buscar la mayor justicia social”, una frase que apunta a reordenar la protección social en medio de la crisis fiscal. Pero trasladar programas de bienestar desde el Estado hacia esquemas donde empresas privadas juegan un papel mayor también abre interrogantes: ¿cómo garantizar que esa “justicia social” no quede supeditada a la lógica de mercado y a la rentabilidad de nuevos actores? ¿Qué mecanismos de control y transparencia acompañarán este giro para evitar que el ajuste recaiga en los sectores que ya sufren más la crisis?
Finalmente, la figura de Pérez‑Oliva Fraga se proyecta como central en esta etapa de reformas, justo cuando se intensifica el diálogo —y también el choque— con Estados Unidos. Es descrito como un “zar económico” de Cuba y aparece en primera línea al hablar de apertura a inversiones de cubanos en el exterior, contratación directa de trabajadores por empresas extranjeras y crítica al “comercio desigual” con Washington, reconociendo al mismo tiempo que errores internos han dañado la confianza empresarial. En ese contexto, algunos analistas lo ven como pieza clave de una posible transición controlada que intenta combinar reformas de mercado con preservación del poder político, mientras se negocia bajo una presión “sin precedentes” desde la época de la Crisis de los Misiles. La gran pregunta que queda abierta es si este rediseño económico logrará traducirse en mejoras reales para la población o si terminará siendo un ajuste que reorganiza el modelo sin cambiar sus desigualdades de fondo.