El gobierno de Nicaragua notificó oficialmente a Italia su decisión de romper las relaciones diplomáticas entre ambos países, marcando un nuevo capítulo en el aislamiento internacional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según comunicó la Cancillería italiana este 16 de julio de 2026, Managua informó su intención de cortar el vínculo bilateral en respuesta a las insistentes demandas de Roma para que se extradite a Alessio Casimirri, antiguo militante de las Brigadas Rojas. La medida supone el cierre progresivo de las embajadas y la suspensión de la representación diplomática directa entre las dos naciones.
Casimirri, nacionalizado nicaragüense, está acusado de participar en el secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro, uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente de Italia. Condenado en ausencia a varias cadenas perpetuas, el exintegrante del grupo armado ha vivido en Nicaragua desde la década de 1980, donde llegó a regentar un conocido restaurante en las afueras de Managua. Italia lleva años reclamando su entrega, pero el régimen nicaragüense se ha negado sistemáticamente, alegando su condición de ciudadano nicaragüense y cuestionando los procesos judiciales en su contra.
En los últimos meses, el gobierno italiano intensificó su presión diplomática, remarcando que la protección otorgada a Casimirri contradice los compromisos internacionales contra el terrorismo. Autoridades en Roma han calificado de “inaceptable” que un condenado por un crimen de alto impacto político continúe viviendo en libertad y bajo amparo estatal. La respuesta de Managua ha sido elevar el tono, hasta culminar en la notificación formal de ruptura de relaciones anunciada este 16 de julio.
Esta decisión se suma a una serie de choques diplomáticos del gobierno de Ortega con otros países y con instituciones internacionales, entre ellos la expulsión del embajador de España, la ruptura con el Vaticano y tensiones con varios gobiernos de la Unión Europea y de América Latina. Analistas y organizaciones de derechos humanos advierten que la estrategia del régimen nicaragüense refuerza su aislamiento y limita las vías de diálogo en medio de denuncias de represión interna y violaciones de libertades fundamentales. Para Italia, en cambio, el caso Casimirri se ha convertido en un símbolo de justicia pendiente y de la necesidad de cooperación contra el terrorismo más allá de las afinidades políticas.
Hasta este 16 de julio de 2026, el gobierno nicaragüense no ha ofrecido detalles sobre los pasos concretos para ejecutar la ruptura, ni sobre el futuro de los ciudadanos italianos residentes en el país. Italia, por su parte, ha expresado “profundo pesar” por la decisión y ha anunciado que adoptará medidas para garantizar la asistencia consular a sus nacionales a través de terceros Estados o representaciones alternativas. Organismos regionales y observadores internacionales permanecen atentos a la evolución del conflicto diplomático, que combina demandas de justicia por un crimen histórico con la deriva autoritaria de Managua.