¿Constituyen los bombardeos a redes eléctricas una táctica bélica o crímenes de lesa humanidad en Ucrania?.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un contundente informe jurídico en el que concluyó formalmente que los ataques sistemáticos perpetrados por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura energética de Ucrania constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania determinó que la campaña deliberada de bombardeos contra centrales térmicas, subestaciones eléctricas y redes de gas privó intencionalmente a millones de civiles de calefacción, electricidad y agua potable durante las temperaturas extremas del invierno de 2025-2026, cuando los termómetros descendieron hasta los -21 °C. El documento pericial se fundamentó en 255 testimonios directos de víctimas y especialistas médicos recogidos en nueve grandes ciudades como Kiev, Járkov, Odesa y Dnipró. Por su parte, la Federación Rusa desestimó íntegramente las conclusiones, desconoció el mandato del panel de expertos y sostuvo que sus ataques se dirigieron exclusivamente contra objetivos militares vinculados a la logística defensiva de Kiev. ¿Puede justificarse la destrucción masiva de servicios básicos bajo el argumento de la necesidad militar o representa una estrategia deliberada de castigo colectivo contra la población no combatiente?

La investigación de Naciones Unidas subrayó que los altos mandos del Kremlin ejecutaron las ofensivas con pleno conocimiento del impacto humanitario devastador que causarían en los centros urbanos densamente poblados. El informe destacó que las autoridades militares rusas hicieron declaraciones públicas anunciando nuevas oleadas de bombardeos contra instalaciones indispensables para la supervivencia comunitaria. El sufrimiento derivado de los cortes energéticos golpeó con extrema dureza a los adultos mayores, a las personas con movilidad reducida y a los pacientes hospitalarios dependientes de respiradores y equipos de soporte vital. Una mujer de 74 años residente en la capital ucraniana describió el desamparo sufrido durante los apagones invernales al declarar: «Estaba acostada, con frío y hambre, sin medicinas, sin nada». En el mismo sentido, un habitante de 53 años relató el terror psicológico cotidiano: «Lo más aterrador era quedarse dormido y no despertar; era como una tortura tener miedo de morir de frío».

Un bombero del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania apagando incendios tras el ataque de Rusia (Créditos: Facebook del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

De forma paralela, la comisión investigadora examinó las operaciones de respuesta ejecutadas por las fuerzas ucranianas contra objetivos energéticos dentro del territorio de la Federación Rusa y en áreas ocupadas. No obstante, los relatores de la ONU señalaron que no pudieron avanzar en la verificación pericial sobre el terreno debido a la negativa de las autoridades rusas de conceder acceso a su territorio o responder a las solicitudes de información oficial. El informe también documentó que la interrupción masiva del fluido eléctrico provocó el cierre prolongado de centros educativos, afectando la formación escolar de millones de menores. Asimismo, miles de familias quedaron confinadas en las plantas altas de edificios multifamiliares ante el riesgo constante de quedar atrapadas en los ascensores durante las alertas de bombardeo aéreo.

El informe de la ONU incorporó un segundo hallazgo de alcance global al denunciar que Rusia estructuró redes transnacionales de reclutamiento que captaron mediante engaño o coerción a ciudadanos de 29 países para enviarlos a combatir en el frente ucraniano. La investigación analizó expedientes de 48 nacionalidades e identificó flujos de combatientes procedentes de naciones latinoamericanas como Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Honduras y Perú, junto a reclutas de África y Asia. Los afectados, de entre 18 y 60 años, pertenecían mayoritariamente a estratos socioeconómicos vulnerables con bajos ingresos y fueron captados mediante falsas promesas de empleo en construcción o seguridad privada. Al arribar a territorio ruso, los reclutas eran despojados de sus pasaportes y obligados a suscribir contratos militares en idioma ruso que no comprendían. La esposa de un ciudadano reclutado en la cuenca del Caribe testificó: «Le quitaron el pasaporte y solo le dijeron que firmara aquí, aquí y aquí en el contrato. Todo estaba en ruso. Estaba totalmente presionado y no tenía otra opción».

La divulgación del reporte coincidió en el terreno con la entrada en vigor de una tregua humanitaria localizada en la ciudad ocupada de Oleshki, en la provincia de Jersón . El cese al fuego temporal, pactado entre Moscú y Kiev con la mediación de la primera dama estadounidense Melania Trump y el papa León XIV, busca permitir el desminado de carreteras, la entrega de medicamentos y la evacuación de unos 2.000 civiles atrapados . El comisionado de Derechos Humanos de Ucrania, Dmitró Lubinets, confirmó el cumplimiento inicial de los compromisos al señalar: «Las partes están cumpliendo los acuerdos que alcanzamos» . Sin embargo, la fragilidad de este alto el fuego quedó en evidencia cuando las fuerzas rusas lanzaron de forma simultánea una ofensiva nocturna con 16 misiles balísticos y más de 280 drones contra once regiones del país, dejando víctimas fatales en recintos universitarios de Kiev y áreas residenciales de Járkov .

En el ámbito diplomático multilateral, líderes europeos intensificaron los contactos de alto nivel para explorar vías de desescalada antes de una ronda técnica tripartita prevista en Abu Dabi . El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, mantuvieron conversaciones telefónicas sucesivas con Vladimir Putin y Volodímir Zelensky para evaluar posibles garantías de no agresión sobre infraestructuras civiles . Tras los intercambios, Stubb subrayó que «poner fin a la guerra requiere conversaciones directas», mientras que Støre remarcó «la importancia de la desescalada» . Analistas en derecho internacional sostienen que las conclusiones de la ONU aportan elementos probatorios para futuras causas penales ante la Corte Penal Internacional en La Haya. ¿Servirán estos informes para acelerar procesos de justicia penal internacional o quedarán bloqueados por el distanciamiento diplomático entre las potencias?

El informe reveló que Rusia reclutó mediante engaño o coerción a ciudadanos de 29 países para el frente militar en Ucrania (REUTERS/Anton Vaganov)

La confrontación jurídica en torno a las operaciones bélicas expone un profundo dilema sobre los límites de la fuerza y la protección de los no combatientes en los conflictos contemporáneos. Quienes exigen sanciones internacionales argumentan que atacar redes eléctricas esenciales durante el invierno equivale a utilizar el frío y el hambre como armas de guerra prohibidas por los Convenios de Ginebra. Por el contrario, los portavoces de Moscú insisten en que las redes energéticas constituyen objetivos legítimos en tanto alimentan los complejos industriales y de comunicaciones militares del adversario. ¿Prevalecerá el principio de distinción humanitaria en los tribunales internacionales o continuará la población civil sufriendo las consecuencias de la guerra total sobre los servicios básicos? El debate en el seno de la ONU marca un precedente histórico sobre la responsabilidad penal de los mandos militares en el asedio a ciudades modernas.