La acusación fue formulada por Jeffrey A. Bartos, representante de Estados Unidos para la Gestión y Reforma de las Naciones Unidas, durante un debate del Consejo de Seguridad convocado por Dinamarca sobre inseguridad alimentaria. El funcionario cuestionó que el Gobierno cubano atribuya la crisis exclusivamente a las sanciones de Washington y sostuvo que la población enfrenta escasez de alimentos, combustible y electricidad después de décadas de “corrupción y mala gestión económica”. También denunció que la élite gobernante conserva estilos de vida privilegiados mientras se invierten recursos en infraestructura turística de lujo.
.@AmbUNReform: As the Cuban people are starving, Cuba’s leaders continue to live opulent lifestyles.
Press reports indicate that Cuba’s military-owned conglomerate GAESA and its subsidiaries have accumulated more than $18 billion in overseas bank accounts.
Meanwhile, the US… pic.twitter.com/1d84iDz4Ft
— U.S. Mission to the UN (@USUN) August 27, 2026
El foro no fue diseñado específicamente para discutir a Cuba, sino para abordar cómo los conflictos y las decisiones políticas agravan el hambre a escala global. Esa circunstancia vuelve relevante la intervención estadounidense: Washington aprovechó una tribuna multilateral para reforzar una línea diplomática que busca presentar a GAESA, el Grupo de Administración Empresarial S.A. vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, como núcleo de una economía opaca y concentrada. Bartos afirmó que empresas del conglomerado acumulan más de 18.000 millones de dólares en cuentas en el extranjero, una cifra que coincide de forma aproximada con documentos financieros filtrados y analizados por BBC News Mundo y Miami Herald.
Los papeles citados sitúan los activos de GAESA en alrededor de 17.894 millones de dólares en marzo de 2024, incluidos unos 14.467 millones depositados en cuentas bancarias. Tales documentos no ofrecen por sí solos una radiografía completa de las finanzas públicas cubanas ni permiten concluir automáticamente que todo ese dinero esté disponible para importar alimentos, medicamentos o combustible. Sin embargo, sí alimentan una pregunta de interés público difícil de esquivar: si existen grandes recursos bajo control de un conglomerado militar-empresarial, ¿qué mecanismos transparentes permiten saber cómo se usan, qué parte se reinvierte y qué prioridad reciben las necesidades básicas de la población?
La posición oficial cubana subraya, con razón, que el bloqueo estadounidense limita transacciones, penaliza a proveedores, encarece fletes y créditos, y restringe el acceso a bienes esenciales. Las sanciones no son un detalle menor: tienen efectos concretos sobre la capacidad de compra de un país con poco margen financiero. Pero el reconocimiento de ese daño externo no debería cancelar el análisis de responsabilidades internas. La persistencia de apagones, el deterioro del transporte, la inflación, el bajo poder adquisitivo del salario estatal y la desigual distribución de bienes entre quienes acceden a divisas y quienes dependen de ingresos en pesos son problemas que exigen explicaciones, información verificable y control ciudadano.
La intervención de Bartos tiene, desde luego, un componente político. Estados Unidos mantiene una estrategia de presión contra La Habana y ha convertido a GAESA en objetivo central de sanciones y discursos oficiales. Por ello, sus acusaciones no deben aceptarse de forma acrítica ni servir como coartada para nuevas medidas que castiguen a la población cubana. La exigencia de transparencia sobre empresas estatales y militares es compatible con rechazar políticas de asfixia económica que terminan afectando a familias, trabajadores, jubilados y pequeños negocios más que a las élites que se pretende sancionar.
La polémica revela una fractura mayor: Cuba necesita recursos, pero también necesita instituciones que permitan conocer quién decide sobre ellos y con qué criterios. En un país donde la vida diaria se organiza alrededor de apagones, colas, remesas y precios inaccesibles, la opacidad deja de ser un problema técnico para convertirse en una forma de desigualdad. ¿Puede defenderse la soberanía nacional sin rendición de cuentas sobre los fondos que administran los grupos de poder? ¿Qué garantía tienen los cubanos de que las prioridades económicas responden a sus necesidades y no a la preservación de privilegios?