La solicitud de República Dominicana para que nueve integrantes de la misión diplomática cubana abandonen el país tomó una nueva dimensión tras un reporte que atribuye la medida a presuntas actividades de inteligencia. Fuentes consultadas por El Día afirmaron que algunos de los funcionarios habrían desarrollado labores relacionadas con los servicios de seguridad cubanos, conductas que las autoridades dominicanas considerarían incompatibles con sus funciones acreditadas. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada públicamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, que mantiene bajo reserva los motivos específicos. La diferencia entre una información atribuida a fuentes diplomáticas y un comunicado oficial obliga a tratar la acusación como una presunción, no como un hecho probado.
Lo oficialmente confirmado es que la Cancillería dominicana pidió a la Embajada de Cuba el retiro de nueve miembros de su misión y de sus familiares, con un plazo de siete días para salir del territorio. Santo Domingo fundamentó la decisión en las atribuciones que el derecho internacional reconoce al Estado receptor y en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. En su comunicado, el Gobierno indicó que seguirá atendiendo el asunto “con la debida discreción y por los canales diplomáticos establecidos, en interés de preservar las relaciones entre ambos países”. También advirtió que no ofrecería detalles adicionales, por tratarse de comunicaciones diplomáticas.
El reporte de El Día sostiene que los funcionarios no fueron formalmente declarados persona non grata, sino que se utilizó una solicitud de retiro por la vía diplomática. Ambas herramientas forman parte de las facultades de un Estado anfitrión respecto a personal de una misión extranjera, aunque tienen alcances y lenguaje distintos. Según las fuentes citadas, la decisión no implica el cierre de la Embajada de Cuba ni una ruptura de relaciones entre La Habana y Santo Domingo; la representación cubana continuaría operando con el personal restante. El propio comunicado de la Cancillería dominicana también enmarca la medida en la intención de preservar los vínculos bilaterales.
Las mismas fuentes descartaron que el retiro solicitado esté relacionado con cuatro atletas cubanos que permanecieron en República Dominicana tras los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. “Se trata de una simple coincidencia cronológica”, dijo una de las personas consultadas, al sostener que ambos casos responden a procesos distintos. Esta aclaración busca separar la decisión diplomática de un asunto que recibió atención pública durante los juegos regionales. Aun así, la falta de una explicación oficial detallada mantiene abiertas las preguntas sobre qué información llevó a las autoridades dominicanas a pedir la salida del grupo.
La reacción de Cuba aumentó el contraste entre las posturas de ambos gobiernos. El Ministerio de Relaciones Exteriores cubano rechazó la medida y afirmó que no existía “motivo alguno” que la justificara; además, acusó al Gobierno dominicano de actuar bajo presiones de Estados Unidos. La Habana defendió que su personal había cumplido la Convención de Viena y las leyes dominicanas, mientras Santo Domingo no ha confirmado ni desmentido públicamente la versión sobre inteligencia. ¿Se conocerán evidencias que respalden las acusaciones o el caso seguirá manejándose con el hermetismo anunciado por la Cancillería? Por ahora, la información verificable se limita al pedido de retiro, el plazo otorgado y la continuidad formal de las relaciones diplomáticas.