El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) denunció este sábado la desaparición forzada del opositor Manuel Cuesta Morúa, detenido con violencia por agentes de la Seguridad del Estado y efectivos policiales en La Habana, sin que hasta ahora sus familiares o allegados tengan información oficial sobre su paradero. Según el CTDC, el líder opositor acudió en la mañana a la unidad policial de Zanja, en Centro Habana, tras recibir una llamada de alguien que se identificó como el Primer Teniente Lázaro Aroche, supuesto oficial de Instrucción Penal, que le ordenó presentarse en esa instalación. Al llegar, fue interceptado por cinco policías y dos agentes de la policía política, que lo sujetaron, esposaron y lo condujeron por la fuerza hacia un patrullero, empleando violencia para introducirlo en el vehículo. ¿Cómo encaja este tipo de operativo en un país que asegura respetar los derechos fundamentales de sus ciudadanos?.
La activista María Mercedes Benítez acompañó a Cuesta Morúa a la citación y relató públicamente que él “no era un criminal ni un asesino, sino un opositor pacífico y defensor de los derechos humanos”. Denunció que un agente policial la amenazó con encarcelarla si no dejaba de protestar y que luego fue obligada a regresar al interior de la estación, donde le exigieron documentación e información personal, sin explicarle a dónde trasladaban al detenido. El CTDC sostiene que existen indicios, aún no confirmados, de que Cuesta Morúa podría haber sido llevado a Villa Marista o al centro de instrucción penal 100 y Aldabó, instalaciones del Ministerio del Interior históricamente asociadas a interrogatorios y reclusión en régimen de incomunicación de presos políticos. La organización responsabilizó directamente “al régimen cubano y a los órganos de la Seguridad del Estado de la integridad física y psicológica” del opositor mientras permanezca “privado de libertad y en paradero desconocido”.
Esta nueva detención ocurre apenas un día después de que la Seguridad del Estado sitiara el domicilio de Benítez, donde también se encontraba Cuesta Morúa, y entregara una citación formal para las 9:00 a.m. del sábado, en un operativo que el CTDC definió como parte de “un patrón de vigilancia, hostigamiento y persecución”. En ese momento, el opositor había dicho que no acudiría, pero finalmente decidió presentarse, cumpliendo el requerimiento oficial. Su arresto se suma a un historial de represalias: Cuesta Morúa, sociólogo, filósofo e historiador vinculado a la corriente socialdemócrata, preside el CTDC desde febrero de 2026 y ha sufrido detenciones previas en septiembre de 2021, enero y julio de 2022, además de restricciones de movimiento desde 2019. ¿Puede hablarse de diálogo y reformas mientras se detiene repetidamente a quienes promueven cambios por vías pacíficas?.
La figura de Cuesta Morúa ha estado ligada a propuestas de transición democrática basada en amnistía y despenalización del disenso. En el marco del Foro Acción por la Amnistía 2026, el opositor calificó como “fundamental” que cualquier acercamiento entre Cuba y Estados Unidos tenga como eje la liberación de presos políticos y el fin de la criminalización de las voces críticas. Esa agenda lo ha colocado en el centro de las discusiones sobre una posible salida negociada a la crisis política cubana. La denuncia del CTDC advierte que “ningún ciudadano debería ser intimidado o amenazado con una detención arbitraria por ejercer derechos universalmente reconocidos” y cerró un comunicado previo sobre los operativos de vigilancia con una frase contundente: “Esto es represión”. ¿Hasta qué punto puede sostenerse un modelo político que responde con arrestos a quienes piden amnistía y reformas legales?.
El CTDC exigió información inmediata sobre el paradero de Cuesta Morúa, garantías para su integridad, comunicación con sus familiares, acceso a defensa legal y su liberación. La denuncia se produce en un contexto de creciente presión internacional sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y de articulación de plataformas opositoras que reclaman una transición inclusiva y negociada. Organizaciones y activistas han empezado a llamar a instancias regionales e internacionales a intervenir y a documentar el caso como posible desaparición forzada. La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿será este nuevo episodio un punto de inflexión que aumente el costo internacional de la represión, o quedará como otro expediente más en la larga lista de detenciones arbitrarias en Cuba?.