Compras públicas e inteligencia artificial: ¿un Estado más eficiente o nuevas decisiones difíciles de controlar?.
El futuro de las compras estatales reunió a especialistas nacionales e internacionales los días 2 y 3 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Allí se celebró el IV Congreso Internacional de Contrataciones Públicas y se presentó el I Congreso Internacional de Derecho Público y Administrativo. Bajo el lema “De la decisión al impacto”, las jornadas incluyeron nueve paneles y más de treinta exposiciones. La organización estuvo a cargo del Consejo de la Magistratura porteño, mediante su Secretaría de Administración General y Presupuesto, junto con el Gobierno y la Legislatura de la Ciudad. La convocatoria contó con el acompañamiento de organismos como el BID, el PNUD, la OCDE, UNOPS, la OEA y el Banco Mundial. La pregunta que atravesó el encuentro fue cómo conseguir que las decisiones administrativas produzcan resultados verificables, sin que la modernización debilite los controles.
En la apertura participaron Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial porteño; Leandro Vergara, decano de Derecho de la UBA; Carlos Balbín, profesor titular de Derecho Administrativo; y Christian Gribaudo, secretario administrativo de la Legislatura. Ferrero destacó la continuidad del congreso y defendió una visión de las compras públicas vinculada con la inclusión. “La contratación pública estratégica es un concepto que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y es el que al final del día nos interroga sobre qué Estado queremos”, afirmó. Su planteo propuso mirar las adquisiciones como decisiones capaces de orientar políticas y no únicamente como procedimientos para ejecutar gastos. Ese enfoque también apareció en un panel dedicado a transformar el gasto en resultados de política pública. Sin embargo, la realización del encuentro no equivale a la aprobación de una reforma ni demuestra por sí sola mejoras en los procesos de compra.

Balbín situó la discusión en el vínculo entre el derecho administrativo y las personas a quienes deben servir las instituciones. “Convocamos a este Congreso para discutir la profundidad del derecho y no meramente las apariencias”, señaló. El académico sostuvo que el debate debía resultar útil también fuera de las universidades. En ese sentido, propuso pensar “un derecho que garantice seguridad jurídica a los inversores pero también a los jubilados y también a muchos otros colectivos”. La intervención amplió el concepto de seguridad jurídica más allá de la protección de quienes contratan con el Estado. Así, el encuentro vinculó las reglas administrativas con la igualdad, la justicia y las consecuencias de las decisiones públicas sobre distintos sectores sociales.
La inteligencia artificial ocupó un espacio específico dentro del programa y también generó advertencias. Alberto Biglieri, director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, examinó sus posibilidades en los procedimientos de contratación y en el análisis económico de ofertas. Según el resumen oficial, el especialista observó que el entusiasmo inicial está dando paso a una evaluación más cuidadosa de los riesgos. “Empezamos a reflexionar y cuidarnos de los efectos negativos que nos presenta”, afirmó. En particular, mencionó la opacidad de la llamada “caja negra” y los sesgos que pueden incorporarse mediante grandes conjuntos de datos. La información publicada no describe la adopción de un sistema concreto ni permite concluir que los participantes acordaran delegar decisiones administrativas en algoritmos.

La transparencia también fue abordada desde el control y la preparación de los equipos responsables de contratar. Ana Salvatelli, titular de la Oficina de Actuaciones Colegiadas de la Auditoría General de la Nación, señaló problemas recurrentes de planificación y ejecución, además de debilidades institucionales en organismos de auditoría. Su propuesta consistió en reforzar la prevención y utilizar alertas para mejorar el aprovechamiento de los recursos. “La compra pública de un país refleja mucho su calidad de gobernanza”, expresó. El programa incluyó, además, un panel que reunió transparencia, profesionalización y uso de datos dentro de los procesos de contratación. Ese eje permite distinguir entre detectar una irregularidad después de ocurrido el gasto y construir mecanismos que ayuden a prevenirla.
La dimensión internacional se concentró tanto en experiencias de otros países como en acuerdos comerciales. Christopher Yukins, profesor e investigador de la Universidad George Washington, comparó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur con el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. Su exposición examinó diferencias sobre acceso a mercados, coberturas, umbrales y flexibilidades. “Es muy importante para un país como Argentina mirar qué están haciendo sus socios comerciales en la materia”, sostuvo. La agenda incorporó también a representantes de las instituciones de compras de Uruguay y Paraguay, especialistas del BID y la OCDE, y profesionales de UNOPS y el Banco Mundial. Su participación aportó perspectivas comparadas, pero no debe interpretarse como un aval conjunto a una política específica que no fue anunciada.
El programa se completó con debates sobre marcos regulatorios, responsabilidad del Estado, experiencia argentina y derecho administrativo global. La jueza Natalia Tanno defendió la necesidad de revisar los principios generales incluso en medio de transformaciones tecnológicas y de gestión. Según explicó, volver a esas bases permite reflexionar sobre los cimientos desde los que se pretende construir un mejor sistema. La documentación oficial consultada registra las exposiciones y sus principales argumentos, pero no presenta un acuerdo vinculante, un calendario de implementación o ahorros ya medidos. La eficacia del intercambio dependerá de qué propuestas se traduzcan posteriormente en procedimientos, formación y controles que puedan evaluarse. ¿Cómo comprobarán las instituciones que la innovación en las compras públicas mejora los servicios y no se limita a cambiar las herramientas utilizadas para decidir?
