La decisión del tribunal representa un revés para Royal Caribbean Cruises, Carnival Corporation y otras compañías de cruceros, y se produce en un momento en que la administración Trump está intensificando la presión económica y política sobre Cuba. El juez Clarence Thomas redactó la opinión de la mayoría en una decisión adoptada por 8 votos contra 1, con la jueza Elena Kagan como única votante disidente. El fallo se dio a conocer un día después de que el Departamento de Justicia imputara al expresidente cubano Raúl Castro cargos derivados de su presunto papel en el derribo, en 1996, de dos aeronaves civiles en el que perdieron la vida cuatro personas, tres de ellas estadounidenses. Al anunciar los cargos, el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, declaró que el presidente Donald Trump haría pronto un anuncio con respecto al embargo a Cuba. ¿Será esta decisión judicial parte de una estrategia más amplia de presión sobre el régimen cubano?
El caso está vinculado a ciertas propiedades confiscadas en 1960, poco después de Castro llegara al poder tras la revolución en la nación insular, e involucra una ley aprobada por el Congreso en 1996 que permitía a los ciudadanos estadounidenses demandar en tribunales de EE.UU. por dichas propiedades incautadas. Havana Docks Corporation construyó los muelles de La Habana en 1905 para el Gobierno cubano, bajo la condición de que operaría el puerto durante 99 años. El Gobierno de Castro incautó los muelles poco después de asumir el poder. Las líneas de cruceros más grandes del mundo, afirmó la compañía, “atracaron no obstante sus enormes barcos en los muelles confiscados sin la autorización de Havana Docks” entre 2015 y 2019. En su apelación, la compañía describió el caso como el más importante en materia de política exterior estadounidense hacia Cuba que ha llegado a la Corte Suprema en décadas. ¿Podría este litigio cambiar la relación entre los cruceros y el régimen cubano?
“Havana Docks ha demostrado que las líneas de cruceros utilizaron una propiedad confiscada sobre la cual Havana Docks tenía un interés patrimonial y respecto a la cual posee un derecho de reclamación”, escribió Thomas en nombre de la mayoría. La decisión del jueves no resuelve el fondo del asunto, sino que permite que el litigio de Havana Docks siga su curso. Kagan, al jueza disidente, argumentó que la Corte interpretó el caso de manera fundamentalmente errónea. “Los muelles pertenecieron al Gobierno cubano y no a Havana Docks en todo momento”, escribió en su voto. “Lo único que poseía Havana Docks era un interés patrimonial que le permitía utilizar esos muelles durante un periodo determinado. Y ese interés de duración limitada expiró en 2004: más de una década antes de que las líneas de cruceros utilizaran los muelles por primera vez”. ¿Fue la interpretación de Thomas la correcta o Kagan tenía una visión más precisa del caso?
Durante la etapa final del mandato del presidente Barack Obama y gran parte de la primera administración Trump, señaló la compañía, “las líneas de cruceros desembarcaron a cerca de un millón de turistas en esos muelles y pagaron al régimen comunista de Cuba —que atravesaba dificultades financieras— al menos US$ 130 millones en divisas fuertes, sin abonar ni un solo centavo a Havana Docks ni a ninguna persona o entidad cubana no vinculada al régimen”. La cuestión radicaba en determinar si la empresa podía reclamar daños y perjuicios, aun cuando su contrato de arrendamiento de los muelles habría expirado en 2004 de no haberse producido la toma del poder por parte de Castro. El Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de los EE.UU., con sede en Atlanta, falló a favor de las líneas de cruceros, y la Havana Docks Corporation apeló ante la Corte Suprema el año pasado. ¿Cuánto dinero podría reclamar Havana Docks por el uso de los muelles sin autorización?
Trump también ha coqueteado con la posibilidad de una acción militar en Cuba, y dijo a periodistas el 17 de marzo que podría tener el “honor de tomar Cuba”. La decisión del tribunal representa un revés para las principales compañías de cruceros y se produce en un contexto de mayor tensión entre Washington y La Habana. El caso no solo envolve derechos de propiedad, sino que podría convertirse en un elemento clave en la negociación futura entre ambos países. ¿Será este litigio un punto de partida para nuevas sanciones o para una mayor apertura comercial? ¿O se convertirá en un casus belli que intensifique la confrontación entre Estados Unidos y Cuba?