El Partido Popular ha puesto sobre la mesa una propuesta que reúne dos asuntos especialmente sensibles para los cubanos: la posición de España frente al Gobierno de La Habana y las condiciones para establecerse legalmente en territorio español. En su programa «La Reconstrucción Nacional», presentado el 10 de noviembre por Alberto Núñez Feijóo para las elecciones generales del 29 de noviembre, la formación combina el respaldo a una transición democrática en Cuba con mayores exigencias en materia migratoria. Durante la presentación, el dirigente aseguró: «Lo que digo lo hago. Y lo que hoy prometo, lo voy a hacer», según la información difundida por su partido. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre anunciar estas medidas y aplicarlas: el documento recoge compromisos electorales, no disposiciones que por sí mismas modifiquen las condiciones de residencia o nacionalidad. Para quienes siguen estos anuncios desde la isla o desde España, la pregunta es qué alcance tendrían esas promesas si los populares consiguen gobernar y convertirlas en normas.
En política exterior, el punto 244 del programa identifica expresamente a Cuba, Nicaragua y Venezuela como países en los que el PP pretende respaldar un cambio democrático. «Condenamos las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela y apoyaremos su transición a la democracia», afirma el texto, que añade otro compromiso directo: «Exigiremos la liberación de todos los presos políticos y apoyaremos a los disidentes». La propuesta coloca así la situación de los opositores y de las personas encarceladas por motivos políticos entre sus prioridades declaradas para la región. Conviene precisar que ese apartado no establece un calendario de actuaciones ni explica qué instrumentos concretos utilizaría un futuro Ejecutivo para conseguir esas liberaciones. Tampoco presenta una vía migratoria especial para los ciudadanos cubanos vinculada a esa condena política, de modo que el respaldo a los derechos democráticos y las condiciones de entrada en España aparecen como cuestiones distintas dentro del mismo proyecto. ¿Cómo se traduciría ese posicionamiento en acciones diplomáticas y en protección efectiva para quienes sufren persecución?
En extranjería, una de las propuestas centrales consiste en crear una autoridad única que coordine la entrada, la permanencia, el retorno y la integración de los inmigrantes, además de publicar anualmente información sobre sus efectos en el empleo, los salarios, la vivienda y los servicios públicos. Para la incorporación de trabajadores, el documento anuncia: «Implantaremos visados por puntos que valoren la formación, la experiencia, el idioma y la integración». A continuación, describe dos posibilidades para cubrir puestos en sectores con falta de personal: viajar con un contrato firmado en el país de origen o disponer de un permiso temporal para buscar empleo, sometido a controles y plazos definidos. El PP también propone agilizar la homologación de títulos en actividades de alta demanda, aunque reforzando las comprobaciones de las cualificaciones profesionales. Además, plantea cupos anuales de trabajadores ajustados al desempleo, las vacantes disponibles y la capacidad de acogida en vivienda y servicios, con participación limitada a países que colaboren en los retornos y en el control de la inmigración irregular. Para los aspirantes cubanos, esto deja una incógnita relevante: el programa no detalla cuántas plazas habría, cómo se repartirían ni qué puntuación permitiría obtener un visado.
Otro de los cambios anunciados afecta a las personas que buscan regularizar su situación después de encontrarse en España: el punto 42 propone prohibir por leer las «regularizaciones masivas e indiscriminadas» y dar al arraigo un carácter excepcional. Esa orientación ya figuraba en el Plan Nacional de Inmigración publicado por el PP en octubre de 2025, donde se advertía que el mecanismo no debía convertirse en «una vía automática ni masiva», sino en «una oportunidad individual» para quienes acreditaran su compromiso con el país. Por tanto, la propuesta no describe la desaparición completa del arraigo, sino una utilización más restringida y centrada en la evaluación personal. En paralelo, el programa promete resolver expedientes de asilo pendientes y acelerar tanto las decisiones favorables como las denegaciones: «Quien tenga derecho a asilo debe obtenerlo sin demoras y las peticiones sin fundamento deben rechazarse con rapidez». El contraste entre ambas líneas resulta importante: el partido plantea limitar la regularización por arraigo mientras mantiene el reconocimiento de la protección para quienes cumplan sus requisitos, sin anunciar una concesión automática por nacionalidad cubana.
Respecto a la ciudadanía, el programa conserva una referencia expresa al «tratamiento preferente para los países de la Hispanidad», un elemento de interés para los cubanos que debe leerse junto con el endurecimiento de condiciones anunciado por la formación. En su presentación, Feijóo afirmó que la adquisición de la nacionalidad exigiría «lealtad a la Nación, a la lengua y a nuestros valores», una declaración política que todavía necesitaría traducirse en requisitos concretos para conocer sus efectos. El documento no permite interpretar esa preferencia como una garantía de entrada, residencia o aprobación de cada solicitud, ni ofrece detalles suficientes para asegurar cómo quedaría cada procedimiento. El debate para la comunidad cubana no se limita, por tanto, a si un eventual Gobierno popular condenaría al régimen de La Habana, sino también a qué oportunidades y obstáculos encontrarían quienes intenten construir una vida en España. ¿Cómo se combinarían el respaldo a los disidentes, la selección de trabajadores y el trato preferente a los países de la Hispanidad sin confundir compromisos políticos con derechos ya reconocidos?
