Alex Saab, empresario colombiano y figura cercana al gobierno venezolano, se declaró culpable este martes de un cargo federal de lavado de dinero en una corte de Miami. Durante la audiencia de cambio de declaración, respondió “culpable, señoría”, dejando atrás la postura de inocencia que había sostenido en el proceso. El caso está vinculado a una presunta red de sobornos dirigida a obtener contratos estatales para importar alimentos durante la crisis venezolana. La admisión abre una nueva etapa judicial y plantea interrogantes sobre el alcance de su cooperación con las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con la acusación, la conspiración habría operado mediante empresas ficticias, registros de envío falsificados y pagos ilegales a funcionarios que controlaban contratos asociados al programa CLAP. Los fiscales sostienen que el esquema permitió desviar ganancias de acuerdos destinados a abastecer alimentos básicos para sectores vulnerables de Venezuela. Saab aceptó entregar 195 millones de dólares considerados ganancias procedentes de la actividad criminal, como parte de su acuerdo con la fiscalía. La dimensión del decomiso vuelve a poner el foco en la transparencia de los programas públicos creados para responder a una emergencia alimentaria.
El acuerdo contempla que Saab colabore con investigaciones federales en curso, incluidas las relacionadas con cuatro acusados que no han sido identificados públicamente. Esa cooperación puede tener consecuencias en la recomendación de pena, ya que la fiscalía acordó solicitar una condena en el extremo bajo del rango aplicable y considerar reducciones adicionales si su asistencia resulta sustancial. El delito de lavado de dinero tiene una pena máxima de hasta 20 años de prisión, aunque el tiempo definitivo dependerá de la sentencia que imponga el tribunal tras revisar el acuerdo, las pautas federales y la cooperación ofrecida. La próxima cita judicial para dictar sentencia está prevista para enero, según los reportes disponibles.
La historia judicial de Saab ha estado rodeada de tensiones diplomáticas y políticas desde hace años. Fue detenido en Cabo Verde en 2020 durante una escala técnica de un avión rumbo a Irán y luego extraditado a Estados Unidos en 2021, donde enfrentó acusaciones relacionadas con lavado de activos. En 2023, la administración de Joe Biden lo liberó dentro de un intercambio de prisioneros con Venezuela, tras lo cual regresó a Caracas y fue designado ministro por Nicolás Maduro. Su actual declaración de culpabilidad debe analizarse desde los documentos del tribunal y los términos del acuerdo, no como una conclusión automática sobre otras personas que no han sido acusadas o condenadas dentro de este expediente.
El proceso pone sobre la mesa asuntos que trascienden a un solo acusado: la administración de fondos públicos, los mecanismos de contratación durante crisis humanitarias y la capacidad de la justicia para perseguir operaciones financieras transnacionales. Para quienes seguían el caso, el cambio de postura de Saab contrasta con la defensa política que durante años lo presentó como víctima de una persecución, aunque el tribunal deberá aún fijar la pena final. También queda por conocer qué información aportará Saab y si su colaboración permitirá identificar nuevas responsabilidades o recuperar otros recursos. ¿Hasta dónde llegará el impacto de esta declaración en las investigaciones pendientes y qué respuestas esperan las familias que dependían de los alimentos asociados al programa CLAP?