Colombia extraditó el viernes 25 de septiembre a Geovany Andrés Rojas, conocido como alias “Araña”, requerido por la justicia de Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico. El presidente Abelardo De La Espriella participó personalmente en la entrega del detenido a las autoridades estadounidenses en Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla. Rojas es señalado como cabecilla de los Comandos de la Frontera, una estructura armada con presencia en el sur colombiano. “Hoy se hizo efectiva la extradición de alias ‘Araña’ a los Estados Unidos”, anunció el mandatario en sus redes. La entrega cierra el trámite para enviarlo al país que lo reclama, pero no constituye una sentencia sobre los cargos que deberá enfrentar allí.
El procedimiento venía de meses atrás. Rojas fue capturado en Bogotá en febrero de 2025, en respuesta a un requerimiento de las autoridades estadounidenses. Después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera concepto favorable para su extradición, De La Espriella firmó la autorización el 26 de agosto de 2026, según la información recogida por La FM. El viernes, Rojas fue trasladado desde Bogotá hasta la base aérea de Malambo, donde se realizó la entrega antes de su salida hacia Estados Unidos. “La Corte Suprema de Justicia autorizó su extradición y yo la firmé sin dilaciones”, afirmó el presidente. En el proceso estadounidense tendrá que responder ante un tribunal; por ahora, corresponde hablar de acusaciones y no de una condena en ese país.
El caso tiene otra dimensión porque Rojas había sido reconocido como vocero de los Comandos de la Frontera durante diálogos de paz impulsados por el Gobierno anterior. Esa participación mantuvo suspendida temporalmente la materialización de su extradición, de acuerdo con La FM, hasta que el procedimiento fue reactivado. La trayectoria señalada por ese medio incluye vínculos anteriores con otras estructuras armadas y una condena previa en Colombia. Separar esos antecedentes de los cargos que motivan la entrega a Estados Unidos ayuda a entender por qué el caso ha sido seguido de cerca, sin mezclar procesos judiciales distintos. También deja una pregunta para la política colombiana: ¿cómo deben manejarse las solicitudes de extradición cuando la persona requerida participa en conversaciones con un grupo armado?
Además del requerimiento estadounidense, Rojas enfrenta una investigación por hechos ocurridos en Colombia. La Fiscalía le imputó en septiembre su presunta responsabilidad en 16 homicidios cometidos en Caquetá entre 2020 y 2024, entre cuyas víctimas figuran líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz, según reportó La FM. Rojas no aceptó esos cargos. Su extradición no equivale a una decisión de culpabilidad en ese expediente ni elimina la necesidad de que la justicia colombiana esclarezca los hechos que investiga. Para las familias de las víctimas, importa saber cómo continuará ese proceso mientras el acusado se encuentra en Estados Unidos.
De La Espriella presentó la entrega como parte de una estrategia más amplia contra el narcotráfico y aseguró que su Gobierno acumula 94 extradiciones. “El narcotráfico ha financiado durante décadas la violencia”, sostuvo al explicar por qué su administración busca actuar contra cultivos, laboratorios, rutas, finanzas y cabecillas. También lanzó una advertencia a quienes sean requeridos por tribunales extranjeros: “El Estado los va a perseguir, los va a capturar y, cuando corresponda conforme a la ley, los va a extraditar”. Es el mensaje político del presidente; el resultado judicial del caso de Rojas dependerá de los tribunales, no de esa declaración. Queda abierta una cuestión de fondo: además de entregar a los acusados, ¿cómo garantizarán Colombia y Estados Unidos que los procesos esclarezcan los delitos atribuidos y permitan rendir cuentas a las víctimas?