El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una nueva norma que vuelve a endurecer la evaluación de “carga pública” para quienes solicitan la residencia permanente en Estados Unidos, revirtiendo la regulación adoptada por la administración de Joe Biden en 2022. La disposición, según el propio comunicado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026 y permitirá a los funcionarios considerar nuevamente el uso de ciertos beneficios públicos como Medicaid, cupones de alimentos o ayudas para vivienda al decidir si un extranjero podría depender económicamente del Estado. Hasta ahora, con la regla de 2022, el análisis se enfocaba casi exclusivamente en quienes recibían asistencia monetaria directa o cuidados institucionales de larga duración financiados por el Gobierno federal. El cambio plantea una pregunta clave para cientos de miles de inmigrantes: ¿lo que antes no contaba ahora puede poner en riesgo su green card?
La nueva regulación devuelve a los oficiales de inmigración un margen de discreción más amplio a la hora de revisar cada caso. Además del historial de beneficios, podrán evaluar factores como la edad, el estado de salud, la composición familiar, los ingresos, el patrimonio, la formación académica, las destrezas laborales y el uso previo de programas públicos sujetos a verificación de recursos. Este enfoque recuerda a versiones anteriores de la regla, donde la figura de la “carga pública” funcionaba como una evaluación integral de la autosuficiencia del solicitante. USCIS sostiene que el objetivo es reforzar el principio de que quienes buscan beneficios migratorios puedan mantenerse por sí mismos y no dependan principalmente de fondos públicos. ¿Hasta qué punto este retorno a una visión más amplia fortalece el sistema o introduce más incertidumbre en los procesos?
El discurso oficial enmarca la medida como una forma de proteger los recursos del Gobierno federal. El director de USCIS, Joseph B. Edlow, afirmó que con este cambio “el gobierno federal reafirma la necesidad de la autosuficiencia, protege los recursos públicos y pone fin a las políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses”. En la misma línea, el portavoz Zach Kahler ha insistido en que la intención de la administración es evitar que los contribuyentes financien a extranjeros que puedan depender de la asistencia pública de forma prolongada. Este argumento conecta con una visión histórica de la “carga pública” como barrera para quienes no logren demostrar estabilidad económica suficiente, pero deja abierta la discusión sobre si esa protección se traduce, en la práctica, en más barreras para familias trabajadoras con ingresos bajos o variables.
La norma especifica a quiénes afectará y a quiénes no. Se aplicará a extranjeros que soliciten ajuste de estatus desde dentro de Estados Unidos, a quienes pidan ingresar como inmigrantes y, en ciertos casos, a algunos no inmigrantes. Sin embargo, quedan expresamente excluidos los grupos protegidos por el Congreso: refugiados, asilados, menores inmigrantes especiales, víctimas de trata de personas o de delitos y quienes presentan solicitudes bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), entre otros. El propio DHS calcula que alrededor de 588,000 solicitudes de ajuste de estatus al año estarán sujetas a este nuevo escrutinio. ¿Será suficiente esta lista de excepciones para evitar que personas en situación vulnerable renuncien a beneficios esenciales por miedo a poner en riesgo su proceso migratorio?
El Gobierno reconoce que la norma puede tener un efecto disuasorio importante. Sus propias estimaciones señalan que unas 950,000 personas en hogares inmigrantes podrían dejar de solicitar o continuar recibiendo beneficios aunque ellas o sus hijos ciudadanos tengan derecho legal a esa ayuda, solo por temor a que influya negativamente en su caso. Sin embargo, los datos oficiales muestran que las denegaciones de residencia por carga pública han sido históricamente bajas: entre los años fiscales 2020 y 2024 hubo entre 41 y 95 negativas anuales por este motivo, y bajo la regla de 2019 se identificaron apenas cinco casos, luego reabiertos o revertidos. Este contraste plantea otra pregunta: ¿la nueva política responde a un problema real de alto volumen o genera un impacto psicológico y social mucho mayor que el número de denegaciones que históricamente se han producido?
En paralelo al cambio de criterio, USCIS anunció también una actualización del Formulario I‑485, que es la solicitud oficial para registrar la residencia permanente o ajustar estatus en Estados Unidos. A partir del 18 de septiembre de 2026, la agencia solo aceptará la nueva versión del formulario y rechazará todas las ediciones anteriores, incluso si fueron enviadas ese mismo día con matasellos posterior a la entrada en vigor de la norma. Esto significa que los solicitantes deberán asegurarse de descargar y completar la edición vigente del I‑485 antes de presentar su expediente, lo cual se suma a otros cambios recientes que ya habían endurecido la forma en que se revisan estas solicitudes. En un contexto de reglas más estrictas y formularios actualizados, la gran incógnita es si los inmigrantes tendrán suficiente información y asesoría para navegar un sistema cada vez más complejo sin perder oportunidades por errores de procedimiento.