La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció una propuesta para prohibir el burka y el niqab en las escuelas y establecer un límite legal al número de estudiantes extranjeros por aula. La medida, presentada como parte de una política de integración, todavía debe ser llevada al Consejo de Ministros y luego recorrer el proceso legislativo. No se ha divulgado el porcentaje exacto que fijaría el nuevo tope ni el mecanismo para aplicarlo en territorios con alta presencia migrante.
El Gobierno sostiene que busca evitar la formación de “clases gueto” y facilitar el aprendizaje del italiano. En esa lógica, el plan incluiría exigencias de formación lingüística para padres de alumnos extranjeros con serias dificultades de integración. La propuesta no apunta al hiyab, que deja el rostro visible, sino al burka y el niqab, prendas que cubren total o parcialmente la cara. Meloni ha defendido el cambio con el argumento de que ninguna tradición debe imponerse sobre la libertad de las jóvenes.
Italia no parte de cero. Desde 2010 existe una referencia administrativa que recomienda no superar el 30% de estudiantes extranjeros por grupo y centro, con excepciones en función del dominio del idioma italiano. Convertir ese criterio en una obligación legal cambiaría el alcance político de la medida. También abriría problemas prácticos: muchos centros públicos de barrios populares concentran a hijos de migrantes por razones de vivienda, empleo precario y segregación urbana, no por una supuesta falta de voluntad de integración.
La prohibición de velos integrales se suma a un debate europeo conocido. Italia cuenta desde 1975 con una norma que restringe cubrirse el rostro cuando impide la identificación, aunque su aplicación ha tenido excepciones religiosas y culturales. La novedad de Meloni es colocar el asunto de forma explícita en el espacio escolar. La escuela, que debería funcionar como lugar de encuentro social, vuelve así a convertirse en escenario de confrontación sobre migración, religión y pertenencia nacional.
El mensaje político llega en un momento donde la derecha europea intenta capitalizar el malestar por la precariedad laboral, el deterioro de servicios públicos y la presión sobre la vivienda. Pero mezclar esos problemas con la presencia de estudiantes extranjeros puede desplazar responsabilidades. La masificación escolar, la falta de docentes, las desigualdades territoriales y los recursos insuficientes no nacen de la nacionalidad de los alumnos. Limitar cupos no garantiza por sí mismo mejores clases, más apoyo lingüístico ni una inclusión real.
Para las familias migrantes, la propuesta puede aumentar incertidumbres. Un niño podría ser enviado a una escuela más lejana por un criterio de cupo; una adolescente musulmana puede sentir que su vestimenta y su comunidad han sido colocadas bajo sospecha pública. Para docentes y directivos, el reto será administrar reglas nuevas sin disponer necesariamente de más personal, aulas ni programas de acompañamiento. La integración se debilita cuando se reduce a vigilancia, filtros y distribución estadística de estudiantes.
La propuesta de Meloni plantea una discusión legítima sobre idioma, convivencia e igualdad de género, pero corre el riesgo de resolver problemas complejos mediante símbolos de alto impacto político. ¿Habrá inversión pública suficiente para que aprender italiano sea un derecho efectivo y no una condición punitiva? ¿Puede una escuela integrar mejor si comienza por separar, clasificar o sospechar de parte de su alumnado?