“¿Hasta dónde puede llegar un presidente? El plan de Trump contra el ‘habeas corpus’ de los migrantes.”
La revelación de que la Administración de Donald Trump estudió suspender la garantía de habeas corpus para migrantes indocumentados ha reabierto un debate muy delicado en Estados Unidos: ¿puede un presidente intentar limitar un derecho constitucional básico para acelerar deportaciones masivas? Según un reportaje de The New York Times y documentos internos citados por varios medios, altos cargos de la Casa Blanca analizaron en 2025 la posibilidad de retirar a los migrantes sin papeles la facultad de exigir ante un juez que el Gobierno justifique su detención. El objetivo era claro: hacer más rápida la “mayor campaña de deportaciones de la historia” prometida por Trump, reduciendo al mínimo la intervención de los tribunales en los casos de inmigración.
El habeas corpus está recogido en el Artículo I de la Constitución estadounidense y se considera una de las principales barreras contra el encarcelamiento arbitrario. Esta figura jurídica permite que cualquier persona —ciudadana o no— pueda pedir a un juez que revise si su detención tiene base legal; si el Gobierno no puede justificarla, el detenido debe ser puesto en libertad. De acuerdo con la propia Constitución, su suspensión solo es posible “en casos de rebelión o invasión” y, tal como subrayan juristas citados por The New York Times, es una facultad que corresponde al Congreso, no al Ejecutivo. Históricamente, este privilegio se ha suspendido de forma limitada solo cuatro veces, vinculadas a conflictos armados o situaciones de insurrección, como durante la Guerra de Secesión, en Filipinas a comienzos del siglo XX o en Hawái tras el ataque a Pearl Harbor.
El plan salió a la luz gracias a un memorando confidencial que Will Scharf, entonces secretario de personal de la Casa Blanca, envió a la jefa de gabinete Susie Wiles el 29 de abril de 2025. En ese documento, Scharf advertía de la “gravedad” de la idea de suspender el habeas corpus para migrantes sin autorización y recordaba que incluso cuando el Congreso lo ha restringido, el Tribunal Supremo exige que exista algún mecanismo alternativo con garantías procesales similares. En sus palabras, este instrumento “impide que los actores gubernamentales detengan, encarcelen o ejecuten a personas de manera arbitraria”, una frase que ilustra bien el alcance del debate. Aun así, según estas mismas fuentes, el equipo de Trump siguió explorando formas de limitar la intervención judicial en casos de inmigración, dentro de una estrategia más amplia para concentrar poder en el Ejecutivo en materia migratoria.
Una de las figuras clave detrás de ese planteamiento fue Stephen Miller, entonces subjefe de Gabinete y principal arquitecto de las políticas más agresivas contra la inmigración. En declaraciones recogidas por medios británicos y estadounidenses, Miller sostuvo que “la Constitución es clara” en cuanto a que el privilegio del habeas corpus puede suspenderse en casos de “invasión”, y añadió que era “una opción que estamos considerando activamente”, vinculando esa posibilidad a la actuación de los tribunales: “Gran parte de esto depende de si los tribunales actúan correctamente o no”. Según las investigaciones, Trump llegó a plantear el uso de esta vía en el caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño cuya deportación fue anulada por error, aunque finalmente descartó aplicarla en ese expediente concreto.
Mientras tanto, en paralelo a estas discusiones internas, la Administración impulsó otras medidas que, sin suspender formalmente el habeas corpus, limitaron en la práctica el acceso de muchos detenidos a un juez de inmigración. Organizaciones de derechos civiles y estados como California llevaron a los tribunales nuevos centros de detención y procedimientos acelerados, alegando que se estaba vulnerando el derecho de los migrantes a solicitar libertad bajo fianza y a una revisión judicial efectiva. En este contexto, la pregunta que queda abierta es hasta dónde puede —o debe— llegar un gobierno en nombre del control fronterizo: ¿es legítimo revisar garantías constitucionales para cumplir objetivos políticos, o hay líneas que ningún presidente debería cruzar, incluso bajo presión migratoria? La respuesta, como suele ocurrir, se jugará tanto en los tribunales como en la opinión pública.