En una entrevista para el podcast La Familia Cubana, el actor Gerardo Riverón recordó que, durante su etapa de trabajo en Cuba, recibía un salario mensual de apenas 163 pesos, sin importar si actuaba en radio, doblajes, teatro en vivo o televisión. El fragmento se volvió materia de conversación en redes porque condensa, en una cifra concreta, una experiencia repetida por generaciones de artistas: alta exigencia profesional, reconocimiento público y una remuneración que difícilmente alcanzaba para vivir. La publicación disponible identifica el testimonio, aunque no ofrece una transcripción completa ni documentación independiente que permita precisar el año exacto o la institución empleadora.
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La cifra debe leerse dentro del modelo cultural cubano construido después de 1959. El Estado garantizó una red de compañías, emisoras, teatros, estudios y agrupaciones artísticas que permitió formar profesionales y llevar el arte a públicos amplios. Esa política tuvo una dimensión democratizadora innegable: el acceso a la cultura no quedó enteramente sometido al mercado. Pero el mismo sistema concentró la contratación, reguló la circulación profesional y vinculó la estabilidad laboral con estructuras burocráticas. El artista recibía seguridad institucional y visibilidad, pero no necesariamente una compensación acorde con su preparación, popularidad o carga de trabajo.
El relato de Riverón también desafía una idea todavía frecuente en el discurso oficial: que la cultura constituye una prioridad nacional por encima de la rentabilidad. Si esa prioridad se mide por la cantidad de horas trabajadas, la exposición pública o la responsabilidad de sostener producciones enteras, 163 pesos revelan una contradicción profunda. El reconocimiento simbólico no sustituye el salario, y la vocación no puede convertirse en una justificación permanente para la precariedad. El arte puede ser un servicio público, pero sus trabajadores siguen necesitando alimentos, transporte, vivienda, medicamentos y tiempo para prepararse.
La comparación con el presente vuelve el asunto aún más incómodo. La Resolución 23 de 2026 actualizó los grupos de la escala salarial para artistas vinculados a Cultura, Radio, Televisión, Turismo y otras entidades, una señal de que el Estado reconoce la necesidad de ordenar ese régimen laboral. Sin embargo, los datos disponibles muestran que cultura y deporte continúan entre las actividades peor remuneradas: un reporte basado en cifras oficiales situó su salario medio en 5.063 pesos a finales de 2025, por debajo del promedio nacional de 6.830 pesos. El aumento nominal pierde sentido cuando los precios y la depreciación del peso crecen con mayor rapidez.
En redes, la reacción al testimonio se mueve entre la nostalgia y la indignación. Algunos usuarios recuerdan que los artistas contaban con empleo estable y acceso a escenarios que hoy resultan más limitados; otros preguntan cómo podían sobrevivir con un ingreso tan bajo. La respuesta histórica está en una combinación de subsidios, racionamiento, apoyo familiar, trabajos paralelos y economías informales. Hoy se suman las remesas, las presentaciones privadas, la publicidad digital y la emigración. Para los artistas jóvenes, el dilema es especialmente duro: aceptar condiciones precarias por permanecer dentro del circuito institucional o marcharse, trabajar para plataformas extranjeras y perder vínculos profesionales con la isla.
El caso revela algo más que una anécdota personal. Expone el desgaste de un pacto cultural en el que el Estado prometía proteger a los creadores, pero terminó normalizando que fueran pobres mientras producían bienes simbólicos de enorme valor. La pregunta no es solo cuánto cobraba Riverón, sino cuántas carreras fueron interrumpidas por la necesidad y cuántos talentos abandonaron el país por la imposibilidad de vivir de su oficio. ¿Puede hablarse de cultura como prioridad nacional si sus trabajadores no reciben una remuneración digna? ¿Y qué modelo de servicio público queda cuando la vocación debe compensar las fallas de la economía?