La Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada en mayo de 2022, fue presentada como un marco legal para fortalecer la producción de alimentos en Cuba. El concepto de soberanía alimentaria, según el Foro Mundial, se define como “el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población”. Sin embargo, en el contexto cubano, críticos del modelo señalan que su aplicación enfrenta limitaciones profundas debido a la estructura económica y productiva del país.
En paralelo, la Ley de Pesca, promulgada en febrero de 2020, buscaba revertir la caída histórica del sector. Según datos citados en el propio debate económico, entre 1976 y 1990 la pesca en aguas internacionales superaba las 100.000 toneladas anuales, mientras que en la plataforma insular se alcanzaban unas 33.000 toneladas. Con el paso del tiempo, la producción se redujo de forma significativa, asociada a la pérdida de flota, restricciones comerciales internas y cambios en la distribución de la producción.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció en diciembre de 2022 las dificultades de implementación de estas normativas al señalar: “Tenemos una Ley de Soberanía Alimentaria y no hay alimentos (…) tenemos una Ley de Pesca […] y no hay pescado”. Estas declaraciones reflejan una contradicción entre el diseño legal y la realidad productiva, un punto que ha sido ampliamente debatido por economistas y especialistas del sector agroalimentario.
En ese contexto, algunos análisis históricos recuerdan que antes de 1959 Cuba producía alrededor del 80% de los alimentos que consumía, mientras que en décadas posteriores el modelo económico pasó a depender en gran medida de importaciones. Diversos expertos apuntan que la reducción de la producción nacional responde a factores estructurales como la centralización, la falta de incentivos productivos y las limitaciones de acceso a insumos y tecnología.
Hoy, la gran pregunta que se abre es cómo lograr que estas leyes se traduzcan en resultados concretos para la población. ¿Puede un marco legal garantizar por sí solo la soberanía alimentaria sin una transformación profunda del sistema productivo? ¿Qué papel deberían tener los productores, el Estado y el sector privado en este escenario? El debate sigue abierto, mientras la brecha entre norma y realidad continúa siendo tema de discusión dentro y fuera de la isla.https://www.instagram.com/p/DZxPEzKDeh4/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==