¿Un precio según quién eres? Nueva York aprueba un freno al uso de datos para cobrar distinto.

El Concejo Municipal de Nueva York aprobó el jueves 12 de noviembre un proyecto que busca impedir que las empresas utilicen datos personales y algoritmos para cobrar precios diferentes por los mismos bienes o servicios. La iniciativa, identificada como Introduction 891-A, fue impulsada por la presidenta del órgano legislativo, Julie Menin. El anuncio oficial confirma que la prohibición está concebida para los cinco distritos de la ciudad, no para todo el estado de Nueva York. Su objetivo es limitar una práctica conocida como precios de vigilancia, en la que la información sobre cada comprador influye en la cantidad que se le ofrece pagar. La aprobación legislativa, sin embargo, no debe confundirse con la aplicación inmediata de multas. El comunicado consultado no acredita por sí solo la promulgación ni precisa una fecha de entrada en vigor.

El proyecto define esta modalidad como la fijación de precios, completa o parcialmente mediante algoritmos, que utiliza datos personales para ofrecer importes distintos a diferentes consumidores por los mismos productos o servicios. La cuestión central no es solamente que un precio cambie, sino que lo haga según la información reunida sobre quien compra. Esa información puede incluir hábitos de navegación, historial de compras, ubicación y otras características personales. El Concejo explica que el uso de estos datos puede resultar difícil de detectar para un cliente que desconoce cuánto se le está ofreciendo pagar a otra persona. La iniciativa se dirige a entidades y proveedores de servicios, y no está formulada únicamente para páginas de comercio electrónico. Por eso, el debate también alcanza situaciones en las que la actividad digital del consumidor puede influir en una compra presencial.

Un hombre vestido con una chaqueta negra con capucha mira productos preenvasados, incluyendo ensaladas y zanahorias, en el estante refrigerado de un supermercado

Menin vinculó la medida con el costo de vida y la protección de los compradores. “El Concejo Municipal está poniendo a los consumidores primero al poner fin a la práctica engañosa e insidiosa de los precios de vigilancia”, afirmó en el comunicado oficial, en traducción del inglés. La dirigente sostuvo además que cobrar cantidades diferentes por los mismos productos mediante datos personales agrava la crisis de asequibilidad. Esa es la posición de la promotora del proyecto y no una estimación cuantificada de cuánto ahorrarían los hogares. El Concejo citó investigaciones externas que describieron diferencias individualizadas de hasta el 23% en una plataforma de entrega de alimentos. También mencionó un caso en el que el precio de un televisor pasó de 499,99 a 599,99 dólares cuando el comprador llegó al estacionamiento de una tienda, aunque el comunicado no presenta esos ejemplos como sanciones municipales ya resueltas.

El esquema anunciado prevé que el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador investigue denuncias y pueda imponer multas de hasta 1.000 dólares por infracción. La expresión “hasta” importa, porque no equivale a establecer automáticamente la misma sanción en todos los casos. Según la explicación oficial previa a la votación, cada consumidor o transacción afectada podría constituir una infracción separada. Eso permitiría que una práctica aplicada a muchas compras generara una exposición económica superior a una sola multa. Al mismo tiempo, la investigación tendría que establecer que la conducta encaja en la prohibición y no simplemente que dos precios son distintos. La cifra de la sanción, por tanto, debe leerse junto con la definición de la práctica y los procedimientos de aplicación.

La normativa municipal fija multas de 1.000 dólares por cada infracción y contempla una instancia de apelación para los pequeños negocios (REUTERS/Jeenah Moon)

No toda promoción o diferencia de precio corresponde necesariamente a los precios de vigilancia. En la audiencia oficial de junio, el Concejo distinguió esta práctica de los precios dinámicos, que pueden variar según la demanda o las condiciones del mercado. También explicó que las propuestas debatidas preservaban beneficios como cupones, programas de fidelidad y descuentos para personas mayores o militares sujetos a criterios uniformes. Aquella presentación contemplaba además diferencias relacionadas con el costo de proporcionar un producto o servicio. Como se trata de documentación de una etapa anterior del trámite, sus excepciones no deben sustituir la lectura del texto definitivo aprobado. Aun así, la distinción aclara el propósito regulatorio: controlar el uso de perfiles individuales no significa prohibir cualquier oferta ni congelar todos los precios.

El interés por esta tecnología también llegó al ámbito federal antes de la votación neoyorquina. En enero de 2025, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) publicó resultados preliminares sobre empresas que ofrecen herramientas de precios basadas en datos de consumidores. La entonces presidenta del organismo, Lina Khan, señaló que la información utilizada podía abarcar “desde la ubicación y los datos demográficos de una persona hasta sus movimientos del ratón en una página web”, en traducción del inglés. El estudio examinó cómo intermediarios tecnológicos acceden a información y ofrecen instrumentos capaces de influir en precios y promociones. La FTC aclaró que los ejemplos de su presentación eran hipotéticos para proteger información comercial confidencial. También advirtió que los resultados eran iniciales y no una descripción exhaustiva de todas las herramientas o industrias, por lo que no deben interpretarse como una declaración de culpabilidad contra cualquier comercio que utilice algoritmos.

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, afirmó que la medida defiende a los trabajadores y busca reducir el costo de vida en la ciudad (REUTERS/Jeenah Moon)

La aprobación municipal traslada ahora la discusión desde el funcionamiento de la tecnología hacia su control efectivo. ¿Cómo podrá un consumidor demostrar que el precio recibido dependió de su perfil y no de una condición comercial legítima? La propia FTC ha señalado que la falta de transparencia puede dificultar que una persona compare ofertas o entienda cómo se calculó el importe. El Concejo pretende responder a ese problema mediante investigación administrativa y sanciones, aunque el anuncio no permite prometer una reducción general de precios. Tampoco sería correcto presentar las iniciativas de otras jurisdicciones como idénticas sin comparar sus textos y estados de aprobación. El alcance real de esta medida dependerá de su promulgación, sus reglas de aplicación y la capacidad de distinguir entre promociones permitidas y personalización prohibida.