Matanzas puso en marcha puntos de control donde especialistas de la Empresa Comercializadora de Combustibles toman muestras de diésel de autos, camiones, tractores, motores y vehículos de transporte de pasajeros. El objetivo es determinar si el combustible ha sido mezclado con aceite dieléctrico extraído ilegalmente de transformadores de la red eléctrica. Las pruebas se apoyan, según medios estatales, en indicadores como viscosidad y punto de inflamación, dos características que permiten distinguir el diésel comercial de mezclas adulteradas.
La cifra divulgada por fuentes oficiales describe la gravedad del problema: Matanzas concentra alrededor del 60% de los robos de aceite dieléctrico registrados en Cuba y más de 90 transformadores han sido afectados. Solo la reposición del líquido, que en parte debe importarse, habría provocado pérdidas superiores al medio millón de dólares. Detrás de esas estadísticas no hay únicamente un daño a equipamiento técnico. Cuando se perfora un transformador, barrios enteros pueden quedar sin electricidad; también se afectan el bombeo de agua, la refrigeración de alimentos, pequeños negocios, consultorios, escuelas y la producción agropecuaria.
La respuesta estatal combina vigilancia técnica y amenaza penal. Quienes sean sorprendidos usando o comercializando aceite robado pueden enfrentar decomiso del vehículo y sanciones de privación de libertad, mientras se prevé extender el sistema a otras provincias con altos índices de sustracciones. En paralelo, Granma informó sobre la detención de cinco personas acusadas de perforar tres transformadores en una finca de Colón. La intervención policial puede ser necesaria frente a un delito que deja comunidades a oscuras y pone en riesgo a quienes manipulan equipos eléctricos energizados, pero su eficacia dependerá de que investigue también las redes de compra, acopio y reventa que hacen rentable el robo.
El problema es inseparable de la crisis del combustible. El aceite dieléctrico no fue diseñado para alimentar vehículos, pero en un mercado informal donde el diésel escasea o alcanza precios prohibitivos, algunos conductores pueden verlo como sustituto barato. Medios independientes recuerdan que ya en 2024 autoridades reconocían la existencia de grupos que vendían el producto a unos 250 pesos por litro. La práctica resulta peligrosa para motores y devastadora para una infraestructura eléctrica desgastada, pero revela sobre todo cómo la falta de acceso regular a insumos básicos crea oportunidades para economías clandestinas.
En redes sociales, las reacciones alternan entre indignación por los apagones causados por los robos y temor ante nuevos controles sobre vehículos particulares y de trabajo. Para choferes que viven de trasladar pasajeros, cargar mercancías o trabajar la tierra, una inspección puede significar demora, pérdida de una jornada laboral y preocupación por el posible decomiso. Para los residentes de zonas afectadas, en cambio, el control se interpreta como una defensa mínima frente a cortes eléctricos que ya forman parte de la rutina. Ambas reacciones expresan una misma realidad: la población termina asumiendo costos distintos de un sistema energético incapaz de ofrecer estabilidad.
La persecución del robo es indispensable, pero no puede sustituir una política energética transparente y preventiva. La precariedad de la red, la falta de combustible, los salarios insuficientes y la opacidad sobre planes de reparación forman el terreno donde prosperan estas prácticas. Convertir el problema solo en una operación policial puede castigar a quienes usan alternativas ilegales sin tocar a quienes organizan el negocio ni atender las causas materiales. ¿Habrá información pública sobre cuántas comunidades recuperan el servicio gracias a estos controles? ¿Y cuándo podrán los trabajadores y las familias depender de una red eléctrica protegida no solo por retenes, sino por inversión, mantenimiento y garantías reales?