Una investigación reconstruye la ruta de un cargamento de leche en polvo enviado desde México a Cuba en septiembre de 2023 y lo conecta con un entramado de entidades estatales, comercios en divisas y plataformas dirigidas a la diáspora. El reporte identifica como importadora a Alcona S.A., comercializadora del grupo estatal Flora y Fauna, presidido por el comandante de la Revolución Guillermo García Frías. Según documentos aduaneros consultados por el medio, el envío incluyó 25 toneladas de productos de las marcas La Perla y Numalac, procedentes de una empresa mexicana radicada en Jalisco.
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El dato sería uno más en un país dependiente de las importaciones si no fuera por el destino y el precio final de la mercancía. La investigación sostiene que los paquetes de un kilogramo de La Perla tuvieron un costo de importación cercano a tres dólares por unidad, incluyendo transporte y seguro, y luego se ofertaron por 10,21 dólares en la plataforma EnvíosCuba. Los envases de 200 gramos de Numalac habrían pasado de unos 0,75 dólares a 2,39. Son precios que multiplican más de tres veces el costo declarado, aunque el margen bruto no equivale automáticamente a ganancia neta: faltan por descontar almacenamiento, distribución, pérdidas y comercialización.
El problema no es solo la diferencia entre costo y venta, sino el tipo de mercado donde ocurre. En Cuba, el comercio exterior de alimentos permanece controlado por entidades autorizadas por el Estado, con una competencia privada muy limitada. Alcona aparece habilitada para operar importaciones también para actores no estatales, pero el consumidor común no puede importar directamente ni escoger entre proveedores en igualdad de condiciones. El resultado es una estructura donde quien controla la entrada de mercancías tiene también una influencia determinante sobre su disponibilidad y precio. En una economía con pocas alternativas, una familia no negocia: compra, espera una remesa o prescinde.
La leche es un producto especialmente sensible. Diario de Cuba señala que el litro o paquete vendido como “leche en polvo” puede ser, en realidad, un preparado lácteo con grasa vegetal, suero y menor aporte de proteína y calcio que una leche entera. La Perla, por ejemplo, declararía 12,3 gramos de proteína por cada 100 gramos, frente a los 25-27 gramos habituales en leche entera en polvo; Numalac declararía 18,6 gramos. Sin embargo, ambos se comercializan en rangos cercanos a productos de mayor calidad nutricional. Para niños, adultos mayores y personas con dietas médicas, esa diferencia no es técnica: condiciona alimentación, salud y presupuesto familiar.
Las cifras sobre producción y comercio exterior dibujan un deterioro más profundo. Entre 2017 y 2022, la producción lechera no estatal —la mayor fuente de volumen nacional— cayó de 411.800 a 210.400 toneladas, según datos de la ONEI citados en el reportaje. Entre 2019 y 2023, las importaciones de leche en polvo disminuyeron 74%, mientras el precio medio de compra externa aumentó más de 60%. A ello se suma una asignación de inversión muy baja para agricultura y ganadería, en un contexto donde los productores enfrentan escasez de combustible, insumos, transporte y pagos atrasados.
El discurso oficial suele atribuir la crisis alimentaria al bloqueo estadounidense y a las dificultades financieras del país. Es un factor real: las sanciones, restricciones bancarias y costos logísticos encarecen y obstaculizan el comercio. Pero esa explicación no responde por qué el sistema estatal concentra la importación, recauda divisas a través de la emigración y mantiene una oferta tan restringida para quienes cobran en pesos. Los apagones agravan el cuadro: tiendas que dependen de terminales electrónicos cierran o no pueden procesar pagos, incluso cuando el producto está disponible.
La investigación no prueba por sí sola ilegalidad, pero documenta una arquitectura económica que merece respuestas públicas de Alcona, GAESA, CIMEX y las autoridades regulatorias. Si la escasez genera márgenes altos en circuitos controlados por entidades estatales, el problema deja de ser únicamente la falta de leche: pasa a ser quién administra su ausencia y quién paga por ella. ¿Podrá existir una política alimentaria donde un bien esencial no dependa de dólares, remesas o intermediarios opacos? ¿Cuándo se publicarán costos, contratos y márgenes que permitan evaluar el uso de recursos públicos?