La Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos anunció desde Filadelfia que completó la entrega de fondos de jubilación a 44 trabajadores cubanos y a sus familiares, cerrando un proceso que se arrastraba desde hace casi 65 años. Según la organización, los beneficiarios habían acumulado créditos de pensión dentro de su plan de beneficio definido mientras formaban parte del Sínodo de Nueva Jersey hasta 1967, pero el embargo de 1960 dejó esos recursos atrapados en bancos de Estados Unidos, sin posibilidad de acceso desde Cuba. ¿Cómo se sostiene una deuda así durante casi una vida entera?
La historia no fue simple ni rápida. La Junta de Pensiones explicó que durante décadas buscó salidas legales y financieras para liberar esos pagos, desde licencias especiales ante agencias federales hasta consultas con el Departamento del Tesoro y gestiones con legisladores estadounidenses. El problema se agravó con el paso del tiempo: en 2019 las operaciones bancarias hacia Cuba se volvieron más difíciles y en 2021 el principal banco que colaboraba con la organización dejó de procesar envíos a la isla. ¿Qué pasa cuando una solución administrativa queda atrapada entre normas, sanciones y años de bloqueo financiero?
El cambio llegó en 2024 con el apoyo de Cuba Partners Network, una red vinculada a la misión mundial de la iglesia, que ayudó a localizar a beneficiarios, confirmar documentos y resolver obstáculos de comunicación y conectividad. Callie Sterkenburg, directora adjunta de Finanzas de la Junta, dijo que tras esas conversaciones “comenzamos a recibir la documentación que necesitábamos” y que eso permitió avanzar “de una manera que antes no había sido posible”. Wender Ozuna, del equipo de Operaciones del Plan, también fue clave como traductor y enlace con los pensionistas; sobre el proceso, afirmó: “Se sentían olvidados. Poder decirles que seguíamos comprometidos con ellos, y cumplirlo, significó muchísimo”.
El caso también tiene un trasfondo histórico poco común. Las iglesias presbiterianas de Cuba y Estados Unidos mantuvieron vínculos estrechos durante décadas, hasta que en 1967 la congregación cubana se independizó formalmente como Iglesia Presbiteriana-Reformada de Cuba. Sin embargo, los derechos de jubilación adquiridos antes de esa separación siguieron vigentes bajo el sistema estadounidense, aunque el contexto político terminó congelando los pagos por generaciones. ¿Debe verse esta entrega como una reparación excepcional o como una muestra de cuánto pueden tardar en llegar las soluciones cuando la política bloquea los derechos?
La resolución llega además en un momento duro para los jubilados cubanos, muchos de los cuales sobreviven con ingresos muy por debajo de lo necesario para alimentos, medicinas y gastos básicos. La Junta de Pensiones consideró que el cierre del caso fue más que un trámite: “Esta resolución cierra la puerta a décadas de perseverancia por parte de los empleados de la Junta”, dijo Vivian D. Wesson, vicepresidenta ejecutiva y consejera general, al destacar que el personal vio el asunto como una cuestión de justicia. Frente a una realidad así, la pregunta sigue abierta: ¿cuántas historias parecidas siguen esperando una respuesta?
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