Cuba abre su sistema científico al sector privado: ¿nuevas oportunidades o una apertura condicionada?.
Cuba publicó el 9 de noviembre la Ley 182/2025, denominada Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, que reorganiza la actividad científica y amplía el marco para la participación de actores económicos estatales y no estatales. La norma aparece en la edición ordinaria número 94 de la Gaceta Oficial y entrará en vigor sesenta días después de su publicación. Aunque su numeración corresponde a 2025, su divulgación oficial se produjo en 2026, por lo que aprobación y publicación no deben confundirse. Tampoco resulta exacto describirla simplemente como la primera legislación científica del país: la propia Gaceta registra una Ley de Ciencia de 1982, actualmente derogada. El cambio plantea una pregunta concreta: ¿podrán las nuevas herramientas transformar resultados de investigación en productos, servicios y empleos? Su alcance dependerá tanto de las reglas aprobadas como de los recursos disponibles para aplicarlas.
La incorporación de empresas privadas, cooperativas, proyectos de desarrollo local y trabajadores por cuenta propia figura entre las novedades descritas en la información proporcionada. El objetivo anunciado es conectar a esos actores con universidades, centros de investigación y otros componentes del sistema nacional. “Uno de los objetivos de la ley es justamente que la participación sea creciente tanto en el ámbito de lo estatal como no estatal, de lo público como de lo privado”, afirmó el viceministro Daimar Cánovas, según sus declaraciones recogidas en el material de partida. La explicación oficial también presenta la norma como una vía para fortalecer la relación entre la estrategia nacional de desarrollo y las políticas de cada sector y territorio. Esa participación no equivale a una eliminación general de las autorizaciones o controles que regulan la actividad económica. Tampoco demuestra que cualquier negocio pueda recibir financiación automáticamente por declararse innovador.

La legislación contempla instrumentos para favorecer la creación y expansión de empresas de base tecnológica, según el texto inicial y la explicación pública de las autoridades. Entre ellos se mencionan el capital semilla y mecanismos de financiación de riesgo destinados a proyectos de innovación. También se describen posibilidades de constituir compañías apoyadas en patentes y marcas y de pactar regalías por la comercialización de resultados tecnológicos. En términos prácticos, esos acuerdos buscan establecer cómo se utiliza un conocimiento desarrollado y qué pagos corresponden a quienes participan en su explotación. Sin embargo, la información consultada no ofrece un monto global asignado a estos instrumentos, un calendario de convocatorias o un número previsto de beneficiarios. Por eso, reconocer legalmente una vía de financiación no significa que el dinero ya esté disponible para todos los proyectos interesados.
Uno de los cambios relevantes es que la ley no fue publicada sola, sino acompañada por disposiciones complementarias. La Gaceta identifica el Decreto 154/2026 como su reglamento y el Decreto 155/2026 como el reglamento de la actividad de innovación y racionalización. El paquete también contiene el Decreto-Ley 139, relativo a la Academia de Ciencias de Cuba. Esta precisión corrige la idea de que toda la aplicación dependa de un reglamento que todavía no existe: al menos una parte esencial de ese desarrollo normativo ya fue publicada. Eso no elimina la necesidad de conocer procedimientos específicos, requisitos administrativos y decisiones presupuestarias. Para los posibles participantes, será importante distinguir lo que establece la ley general de lo que exigen sus reglamentos y las futuras convocatorias.

La explicación oficial reconoce dificultades que pueden limitar el efecto de la reforma. Entre ellas figuran la situación del potencial humano, la falta de financiación en divisas y el insuficiente uso del conocimiento en la toma de decisiones. También señala la urgencia de hacer más visibles los resultados científicos en la economía y la sociedad. Miguel Díaz-Canel describió la norma como “fruto de la construcción colectiva de investigadores, profesores, estudiantes, innovadores y empresarios a lo largo y ancho del país”. Esa valoración expresa la posición del mandatario sobre su elaboración, pero no demuestra por sí sola que se hayan resuelto los obstáculos identificados. El reto será comprobar si los proyectos pueden superar la etapa académica y convertirse en aplicaciones sostenibles, con capacidad de producción y acceso a los insumos necesarios.
La nueva ley se apoya además en estructuras creadas durante años anteriores, no en un sistema construido completamente desde cero. El ministro Eduardo Martínez Díaz y las autoridades del sector la presentan como parte de una evolución que incluye parques científico-tecnológicos, fundaciones, empresas de interfaz universitarias y empresas de alta tecnología. La información oficial también menciona el Consejo Nacional de Ciencia e Innovación y los incentivos introducidos a la producción científica. En el ámbito internacional, destaca una convocatoria conjunta entre Cuba y China sobre inteligencia artificial y medicina natural y tradicional. Por otra parte, el material de partida señala una integración prevista del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente con Educación Superior y atribuye a Cánovas la afirmación de que ese cambio “no es un obstáculo para la implementación de la nueva ley”. Esa declaración debe distinguirse del detalle administrativo de la reorganización, que requiere precisar qué organismo asumirá cada competencia y cómo se mantendrán los trámites durante la transición.

La aplicación será el criterio decisivo para evaluar si esta apertura amplía realmente las oportunidades de innovación. No bastará con contar entidades incorporadas: también importarán los proyectos financiados, los contratos ejecutados y los resultados que lleguen a la población. La documentación oficial permite confirmar la publicación de la ley y de sus reglamentos, pero no anticipar sus efectos económicos. Tampoco corresponde presentar como garantizada una igualdad práctica de acceso a recursos entre actores con capacidades financieras y administrativas diferentes. ¿Qué criterios se utilizarán para seleccionar proyectos y cómo se informará del destino de los fondos? La respuesta permitirá distinguir una posibilidad jurídica de una transformación efectiva del sistema científico cubano.
