Cerrar cuentas para impulsar su uso: ¿qué cambiará para los cuentapropistas de Sancti Spíritus?.
El Banco Popular de Ahorro (BPA) de Sancti Spíritus anunció que comenzará a cerrar determinadas cuentas bancarias fiscales de trabajadores por cuenta propia a partir del 30 de noviembre. La medida se dirige a instrumentos que permanecen sin operaciones o cuyos titulares no han completado los trámites de formalización dentro del plazo establecido. El periódico oficial Escambray publicó este viernes 13 de noviembre la nota íntegra de la dirección provincial del banco. “Todas aquellas cuentas que no cumplan con lo regulado para su funcionamiento, se procederá a su cierre”, señala el aviso. No se trata de una cancelación general de las cuentas del sector privado ni de una disposición anunciada para todas las provincias. Su alcance comunicado corresponde a las sucursales del BPA en territorio espirituano y a los trabajadores por cuenta propia comprendidos en esas condiciones.
La comunicación distingue dos situaciones que conviene no confundir. La primera incluye cuentas que sus propietarios ya formalizaron en el banco, pero que no han registrado operaciones. La segunda abarca las abiertas de manera centralizada mediante la Plataforma de Actores Económicos cuyos titulares no acudieron a la sucursal para completar su formalización. Para estas últimas, el aviso fija un plazo de 30 días después de haberse recibido la apertura de la cuenta. Ese período no aparece definido en la nota como un límite general de inactividad aplicable a todas las cuentas ya formalizadas. Tampoco se precisa cuánto tiempo sin movimientos determinará el cierre de las pertenecientes al primer grupo. Esta diferencia resulta importante para entender quiénes están afectados y qué trámite tienen pendiente.

El cierre tampoco significa la pérdida automática del dinero depositado. José Arturo Couzo Villarreal, jefe del Departamento de Banca de Negocios del BPA provincial, aclaró a Escambray que los titulares pueden reclamar sus fondos incluso después de que la cuenta sea declarada cerrada por inoperatividad. Sin embargo, la publicación no detalla los documentos, los plazos ni el procedimiento concreto para recuperar esos saldos. El funcionario informó, además, que en Sancti Spíritus existen más de 14.000 cuentas fiscales correspondientes a trabajadores por cuenta propia. Esa cifra representa el conjunto de instrumentos abiertos para este sector, no el número de cuentas que serán canceladas. La nota tampoco ofrece una estimación de cuántos titulares llegarán al 30 de noviembre sin regularizar su situación.
Como fundamento, el BPA cita disposiciones sobre trabajo por cuenta propia, contravenciones y funcionamiento del sistema de pagos. Según el aviso, el artículo 30 del Decreto Ley 90 obliga a los cuentapropistas a comercializar sus productos y servicios y ejecutar pagos mediante la cuenta bancaria fiscal, conforme a los procedimientos vigentes. También menciona el artículo 12, inciso e), del Decreto Ley 91, que considera una contravención grave “no emplear la cuenta bancaria fiscal o corriente según corresponda para realizar las operaciones de cobros y pagos”. La comunicación añade que el artículo 29 del Decreto Ley 100, publicado en febrero de 2026, establece el uso de cuentas corrientes declaradas con propósitos fiscales para los pagos derivados de obligaciones con el Presupuesto del Estado. El proceso de cierre se coordinará con las direcciones de Trabajo y la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT). La nota no presenta esta cancelación por inactividad como un embargo para cobrar una deuda tributaria, por lo que ambos procedimientos no deben tratarse como equivalentes.

La exigencia de utilizar las cuentas coincide con dificultades en el funcionamiento cotidiano de los pagos electrónicos reconocidas por la propia prensa oficial. En un reportaje del 7 de agosto, Escambray recogió declaraciones de Maité Hernández Gómez, jefa del Departamento de Banca Electrónica de la dirección provincial del BPA. La directiva señaló que durante el primer trimestre de 2026 se habían realizado más de 1,6 millones de operaciones por los distintos canales de pago. No obstante, advirtió que “se nota un decrecimiento con respecto al año pasado”, aunque esas operaciones representaban más del 90% al compararlas con las efectuadas en efectivo. El mismo trabajo describió negocios que aplicaban recargos de hasta el 40% a clientes que pagaban por transferencia. Ese dato se refería a cobros adicionales en establecimientos y no debe presentarse, sin otra comprobación, como una tarifa general de intermediarios que cambian saldos digitales por billetes.
El contexto regulatorio también cambió durante 2026 y no puede explicarse únicamente con las reglas anunciadas tres años antes. Granma informó el 17 de julio que el Banco Central de Cuba había dispuesto la suspensión del límite para pagos en efectivo establecido anteriormente por la Resolución 111, mediante la Resolución 74. La presidenta del organismo, Juana Lilia Delgado Portal, explicó que las decisiones buscaban mejorar el acceso al dinero físico y fortalecer los pagos digitales. “No estamos planteando eliminar los pagos en efectivo”, afirmó. “Lo que sí queremos es dar todas las facilidades para que se prioricen los pagos digitales”, añadió. Estas declaraciones muestran que la obligación de operar mediante cuentas fiscales debe distinguirse de una supuesta prohibición absoluta del efectivo, que no es lo anunciado por la autoridad bancaria.

El anuncio provincial deja una pregunta central: ¿cerrar instrumentos sin movimientos conseguirá que los negocios utilicen más el sistema bancario? La respuesta dependerá tanto del cumplimiento de las obligaciones como de las condiciones para cobrar, pagar y acceder al efectivo cuando corresponda. Escambray informó en julio que el nuevo esquema contemplaba negociar con el banco el fondo destinado a pagos en efectivo, atendiendo a factores como los ingresos registrados, los depósitos y el tipo de actividad. Para el cierre previsto en noviembre, todavía faltan precisiones públicas sobre el criterio temporal de inactividad de las cuentas formalizadas y sobre la reclamación de sus saldos. Lo confirmado es que el BPA comenzará el proceso el día anunciado, que no afecta automáticamente a todas las cuentas fiscales y que los fondos seguirán siendo reclamables. Entre la búsqueda de control tributario y las dificultades operativas, el resultado permitirá evaluar si la medida favorece el uso bancario o añade nuevos trámites a los emprendimientos.
