Alliana asume y promete compensar a los ahorristas: ¿qué cambiará tras la caída de Peña?.
Pedro Alliana juró como presidente de Paraguay el viernes 6 de noviembre, después de que el Senado destituyera a Santiago Peña mediante un juicio político relacionado con la crisis de Ueno Bank. El hasta entonces vicepresidente, de 52 años, deberá completar el período presidencial que termina en agosto de 2028. La condena política de Peña recibió el respaldo de los 44 senadores presentes, según la información publicada sobre la sesión. En paralelo a la sucesión, la Fiscalía ordenó detener al mandatario saliente dentro de una investigación penal vinculada con la entidad financiera. El relevo deja a Alliana ante dos demandas inmediatas: dar respuestas a los depositantes y sostener el funcionamiento del Gobierno. Su primera promesa fue una compensación plena, pero el alcance de ese compromiso debe distinguirse de la cobertura legal que ya administra el Banco Central del Paraguay (BCP).
El nuevo presidente dedicó una parte central de su discurso a quienes perdieron temporalmente el acceso a sus recursos. “Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente, no los vamos a dejar solos”, afirmó. También ordenó adoptar medidas inmediatas para resarcir a los ahorristas, con preferencia por las personas menos favorecidas. La declaración fue recogida por Europa Press en su cobertura de la ceremonia de juramento. Sin embargo, esa información no detalla una nueva fuente de financiación, un calendario completo ni un mecanismo adicional que asegure la devolución de todos los saldos. ¿Cómo se traducirá la promesa presidencial en medidas concretas para quienes tienen depósitos superiores a la garantía vigente?
El BCP informa de que el Fondo de Garantía de Depósitos protege hasta 228.300.000 guaraníes por depositante y por entidad, equivalentes a 75 salarios mínimos. “La garantía cubre hasta ₲ 228.300.000 por persona, no por cuenta”, precisa el organismo. Esto significa que las distintas cuentas de un mismo titular en Ueno deben considerarse dentro de un límite conjunto. La primera entrega anunciada fue un anticipo de hasta 10 millones de guaraníes y no el máximo total de protección. Para los importes que excedan la garantía, el Banco Central señala que la recuperación dependerá del mecanismo de resolución o liquidación aplicado. En consecuencia, el compromiso de compensar plenamente a los afectados todavía requiere una explicación sobre los recursos y procedimientos que permitirían superar esas condiciones legales.
Alliana también anunció cambios en las prioridades de trabajo del Ejecutivo. “Yo voy a ser un presidente que se ocupa del Paraguay adentro”, sostuvo al pedir que los ministros restrinjan sus viajes al extranjero a razones impostergables. Indicó que la labor en el territorio nacional debe convertirse en una prioridad de su gabinete. Además, exigió a sus colaboradores presentar un balance diario de sus actuaciones. “Por eso exijo a los ministros y ministras que al final de cada día me rindan cuenta de la acción que produjeron en cada jornada, sin excusas y con respeto”, expresó. Sus compromisos incluyeron reducir gastos públicos superfluos y atender preferentemente a los sectores vulnerables, aunque la cobertura consultada no enumera todavía partidas presupuestarias específicas que serán recortadas.
La sucesión presidencial se produjo después de un proceso que la defensa de Peña cuestionó por considerar insuficiente el tiempo para preparar sus argumentos. Según el material proporcionado, sus abogados también sostuvieron que el Congreso debió resolver la renuncia antes de continuar con el juicio político. Esas objeciones deben diferenciarse del resultado parlamentario y de lo que eventualmente determine un órgano judicial sobre una reclamación. La Cámara de Diputados había descartado el jueves promover otro juicio político contra Alliana, de acuerdo con Europa Press. Esa decisión permitió que el vicepresidente llegara a la sucesión sin haber sido separado de su cargo. No equivale, por sí sola, a una resolución judicial sobre cualquier denuncia o cuestionamiento relacionado con el caso bancario.
En el frente penal, la Fiscalía confirmó que la orden contra Peña y Carlos Dagoberto Carvallo Spalding se dictó dentro de la causa 92/2026 por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles. La disposición fue firmada por Christian Manuel Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester y Ruth Karina Benítez. Para Peña se ordenó permanecer detenido en su domicilio hasta quedar a disposición del Ministerio Público. Para Carvallo, expresidente del BCP, se dispuso la detención en la dependencia que determine la Comandancia de la Policía Nacional. El comunicado exige que las diligencias respeten los derechos y garantías de las personas afectadas. Tanto la orden de detención como el juicio político deben distinguirse de una condena penal, que requiere un procedimiento judicial y pruebas sobre las responsabilidades individuales.
El origen financiero del conflicto está documentado por el Banco Central, que decidió iniciar la resolución de Ueno mediante una decisión de su directorio del 2 de noviembre, comunicada públicamente el día 3. La autoridad informó de que el índice de solvencia había quedado por debajo del 50% del mínimo requerido después de ajustes en los estados financieros. El procedimiento contempla transferir depósitos y activos a una entidad solvente o efectuar pagos con cargo al fondo de garantía, según las condiciones legales. La confianza dependerá ahora de que las decisiones políticas, la devolución de recursos y las investigaciones avancen con información verificable. ¿Qué medidas nuevas adoptará Alliana y cómo demostrará que sus compromisos se cumplen sin interferir en la labor fiscal? El cambio de presidente abre una etapa de gestión distinta, pero no resuelve automáticamente la recuperación de los ahorros ni las preguntas sobre la supervisión del banco.
