Peña, destituido y detenido: ¿qué deberá esclarecer la Justicia sobre el caso Ueno Bank?.
Santiago Peña quedó detenido en su domicilio el viernes 6 de noviembre, después de que el Senado paraguayo lo destituyera mediante un juicio político vinculado con la crisis de Ueno Bank. La medida penal fue ordenada por el Ministerio Público en una investigación por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles. La destitución recibió el respaldo de los 44 senadores presentes, según los reportes coincidentes de EFE y Associated Press. Tras la separación de Peña del cargo, Pedro Alliana asumió la Presidencia para completar el período constitucional. Son dos procedimientos diferentes: el juicio político resolvió su continuidad en el Gobierno y la causa penal deberá determinar eventuales responsabilidades delictivas. Por tanto, ni la destitución ni la detención equivalen a una condena judicial por los hechos investigados.
La orden de detención quedó formalizada mediante la Resolución Fiscal número 7, correspondiente a la causa penal 92/2026. La suscribieron Christian Manuel Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester y Ruth Karina Benítez. El cumplimiento fue solicitado a la Comandancia de la Policía Nacional mediante una nota emitida el mismo viernes. El comunicado oficial establece que Peña “deberá permanecer detenido en su domicilio hasta ser puesto a disposición del Ministerio Público”. La disposición también alcanza a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien presidió el Banco Central del Paraguay. Para él se ordenó una modalidad distinta: permanecer en la dependencia que determine la Comandancia policial.
La confirmación de la detención de Peña se conoció después de que policías y representantes fiscales acudieran a su residencia. “Ya se encuentra oficialmente detenido”, informaron las autoridades, según la cobertura de EFE. El material proporcionado atribuye al fiscal Christian Benítez la explicación de que el operativo buscaba “verificar su presencia física y dar curso al mandato de captura”. Ese mismo relato señala que Peña permitió el ingreso de los agentes y respondió: “Me voy a someter al proceso”. Estas últimas declaraciones se mantienen atribuidas a la información de partida, pues el comunicado fiscal consultado no reproduce el intercambio dentro de la vivienda. Lo que sí exige expresamente la Fiscalía es que los detenidos sean puestos a disposición de la autoridad competente dentro del plazo legal y con respeto de sus derechos y garantías.
La investigación penal no se limita a examinar las actuaciones de una sola persona o institución. El 5 de noviembre, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de tres causas relacionadas con Ueno Bank. Las pesquisas abarcan la supervisión y resolución de la entidad, la colocación de recursos públicos y actuaciones atribuidas a autoridades y exautoridades estatales. Entre sus antecedentes figura una ampliación de una denuncia presentada originalmente contra Peña el 22 de octubre de 2025. También se incorporaron presentaciones de legisladores y una denuncia del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera Chávez. La resolución oficial señala que el objetivo es “esclarecer los hechos denunciados y determinar la eventual existencia de conductas con relevancia penal”.
El Ministerio Público designó a Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester y Christian Manuel Benítez para investigar esas denuncias. El equipo trabaja bajo la dirección de González Vester y la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín. Las presentaciones mencionan actuaciones de autoridades del Poder Ejecutivo, del Banco Central, del Instituto de Previsión Social y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, entre otras. Sin embargo, aparecer mencionado en una denuncia no demuestra responsabilidad penal. Será necesario precisar qué decisiones tomó cada investigado, qué obligaciones tenía y qué pruebas respaldan una eventual acusación. Esa distinción impide convertir una investigación sobre el manejo de fondos públicos en una afirmación anticipada de culpabilidad colectiva.
Los procedimientos también incluyen la búsqueda y el análisis de documentación y bienes vinculados con las empresas investigadas. El viernes, el fiscal Francisco Cabrera encabezó la apertura de una bóveda localizada durante una intervención en instalaciones del Grupo Vázquez. En su interior fueron encontrados documentos que quedaron bajo examen para establecer su contenido y posible relevancia. En otra diligencia, la fiscal Ruth Benítez acudió a un hangar aeroportuario donde fueron identificadas e incautadas dos aeronaves relacionadas con empresas comprendidas en la causa. El comunicado correspondiente vincula esa actuación con el proceso de resolución y el análisis patrimonial e informático de Ueno Bank. Ninguno de esos anuncios permite concluir, por sí solo, que todos los documentos o bienes incautados constituyan prueba de un delito.

La caída política de Peña y su detención colocan el caso en una nueva etapa, pero no resuelven las preguntas de los ahorristas ni sustituyen el esclarecimiento judicial. La investigación deberá establecer si hubo perjuicios, cómo se produjeron y quiénes tuvieron una participación jurídicamente demostrable. El Ministerio Público pidió que el resultado de las diligencias se comunique inmediatamente y que se observen las garantías de las personas detenidas. La información proporcionada sitúa una declaración de Peña para el sábado a las 11:00, aunque ese horario no aparece en el comunicado oficial de detención consultado. ¿Qué elementos sostendrán las imputaciones y qué explicaciones ofrecerán los investigados sobre las decisiones relacionadas con el banco? Las próximas actuaciones deberán responder esas preguntas con pruebas y resoluciones, sin confundir la urgencia social con una sentencia anticipada.
