Coca en Bolivia: ¿más cárcel para proteger una tradición o controles que necesitan cambiar?.

Bolivia enfrenta un debate que reúne dos realidades distintas: el valor cultural de la hoja de coca y su utilización como materia prima para producir cocaína. El monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) registró 36.400 hectáreas cultivadas en 2025, un aumento del 7% respecto al año anterior. La superficie supera en 14.400 hectáreas el máximo de 22.000 permitido por la legislación boliviana. En este escenario, Daynor Choque, presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), presentó una propuesta para castigar con prisión las plantaciones en lugares no autorizados. La iniciativa busca contener la expansión sin eliminar los usos tradicionales de la planta ni desconocer su importancia económica. La pregunta es cómo diferenciar y controlar ambos circuitos sin convertir a todos los productores en sospechosos de narcotráfico.
Bolivia busca un balance entre el uso tradicional de la hoja de coca y la lucha antidrogas

El crecimiento de los cultivos no se distribuyó de manera uniforme entre las principales regiones productoras. En el Trópico de Cochabamba, la superficie pasó de 14.275 a 17.460 hectáreas, un incremento cercano al 22%, según los datos del monitoreo recogidos por EFE. En Los Yungas de La Paz ocurrió lo contrario: descendió de 19.230 a 18.430 hectáreas, aproximadamente un 4%. Esta diferencia importa porque una política nacional debe responder a dinámicas territoriales que no son idénticas. Los Yungas tienen una tradición de cultivo anterior a la colonización, mientras que la expansión en el Trópico adquirió especial importancia durante la década de 1980. Sin embargo, la ubicación de una plantación o el aumento de su superficie no demuestra por sí solo el destino final de cada cosecha.
Bolivia busca un balance entre el uso tradicional de la hoja de coca y la lucha antidrogas

La hoja cuenta con una protección específica dentro del ordenamiento boliviano, que la distingue de la droga elaborada mediante su procesamiento. La Constitución la reconoce como patrimonio cultural y recurso natural renovable, y establece que en su estado natural no es un estupefaciente. Por su parte, el reglamento de la Ley General de la Coca contempla su producción, circulación, comercialización, consumo, investigación e industrialización. El Decreto Supremo 3318 también dispone controles y mecanismos de fiscalización para esas actividades. Este marco permite entender por qué la discusión no consiste simplemente en prohibir una planta que forma parte de la vida cotidiana de numerosas comunidades. El desafío es preservar sus usos reconocidos y, al mismo tiempo, impedir que los canales autorizados sirvan para encubrir actividades ilegales.

Para los productores de Los Yungas, el debate tiene una dimensión económica que va más allá de la superficie cultivada. Choque explicó que miles de familias dependen de la actividad para sostener sus ingresos y cubrir necesidades básicas. “Gracias a esta actividad tienen acceso a la salud, educación y al trabajo”, afirmó a EFE. La hoja se comercializa para el consumo tradicional y también se utiliza en productos como infusiones, harinas, cosméticos y alimentos elaborados. Entre sus prácticas más conocidas está el acullico, habitualmente descrito como masticado de coca, al que el dirigente atribuye un sentido comunitario. Según sus palabras, representa “unidad, reciprocidad en reuniones, asambleas o festividades”, una dimensión que no puede reducirse a una discusión sobre narcotráfico.

Bolivia busca un balance entre el uso tradicional de la hoja de coca y la lucha antidrogas

La propuesta de Adepcoca plantea penas de cinco a ocho años de cárcel para quienes cultiven en lugares no autorizados, incluidas áreas protegidas. También busca sancionar la venta sin autorización, de acuerdo con la explicación ofrecida por su presidente. Choque justificó la iniciativa como una medida para “evitar la sobreproducción” y proteger el valor de la hoja. El dirigente sostuvo que “no están funcionando las políticas de Estado” y “tampoco el control social comunitario” previsto para frenar la expansión. Es importante precisar que se trata de un proyecto presentado por la organización y no de una nueva pena cuya aprobación o entrada en vigor haya quedado acreditada en las fuentes consultadas. Su discusión abre otra pregunta: ¿qué combinación de sanciones, supervisión y seguimiento de la comercialización permitiría actuar sobre los cultivos no autorizados?

El exministro de Gobierno Saúl Lara considera que el país debe abordar simultáneamente la producción excedentaria, la fabricación de droga y las rutas internacionales de tráfico. “Bolivia tiene un doble delito que combatir: la producción excedentaria y la producción de droga”, declaró a EFE. También afirmó que más del 90% de la producción del Trópico se destina a elaborar pasta base y clorhidrato de cocaína. Esa proporción corresponde a su valoración y no debe atribuirse automáticamente al informe de UNODC ni presentarse como un seguimiento comprobado de cada cosecha. Por separado, Mónica Mendoza, representante de UNODC en Bolivia, advirtió en una entrevista con la agencia que el país se había convertido en un centro de operaciones para organizaciones del narcotráfico. Estas declaraciones amplían el debate hacia las redes criminales, pero no justifican equiparar a las comunidades productoras con esas organizaciones.

Bolivia busca un balance entre el uso tradicional de la hoja de coca y la lucha antidrogas

El Gobierno puso en marcha una política antidroga que incluye el control de cultivos y el combate a organizaciones criminales transnacionales, según el reporte de EFE. Para evaluar sus resultados será necesario observar no solo cuántas hectáreas se reducen, sino cómo se controla la circulación de la hoja y qué ocurre con la actividad ilegal. El reglamento vigente ya contempla responsabilidades sobre transporte, comercialización y fiscalización, de modo que el debate también involucra su aplicación efectiva. Al mismo tiempo, el reconocimiento de los usos tradicionales obliga a distinguir las actividades autorizadas de aquellas que incumplen la normativa. La trazabilidad, entendida como la posibilidad de seguir el recorrido de un producto desde su origen hasta su destino, es una cuestión que surge de esa necesidad de control. ¿Podrá Bolivia reducir la producción no autorizada y combatir al narcotráfico sin debilitar el sustento y las prácticas culturales de quienes viven legalmente de la coca?