Madres con niños en una academia de boxeo: ¿cómo resolver la ocupación sin dejarlas en la calle?.
Diecisiete madres y sus hijos se instalaron en una antigua academia de boxeo de El Caracatey, en Santa Clara, para reclamar una solución a sus problemas de vivienda. El caso fue documentado por Martí Noticias el 27 de octubre, cuando las entrevistadas aseguraban llevar aproximadamente quince días dentro del inmueble. La información inicial proporcionada para este artículo sitúa en 73 el número de menores, aunque un seguimiento periodístico posterior menciona un rango de entre 73 y 80. No se localizó un censo oficial que permita cerrar esa diferencia, por lo que la cifra debe manejarse como una estimación de los reportes. Las mujeres denuncian amenazas de desalojo y sostienen que no cuentan con una alternativa habitacional. Su situación plantea una pregunta: ¿cómo atender la ocupación de un edificio sin que las familias y los menores terminen sin refugio?

Katia Nodarse, una de las ocupantes, explicó que entre las familias hay madres sin casa propia y otras cuyas viviendas se encuentran en malas condiciones. “Estamos desesperadas, hemos hablado con el gobierno, con asistencia social, con todo, y nunca nos han dado respuesta”, declaró a Martí Noticias. Añadió que algunas mujeres acumulan catorce o quince años de gestiones para conseguir ayuda. Entre los menores mencionó adolescentes y una bebé de apenas un mes de nacida. Su testimonio describe una búsqueda prolongada de soluciones, aunque no se dispone de los expedientes administrativos de cada familia para reconstruir sus trámites. Esa distinción permite recoger la denuncia sin dar por comprobado que todos los casos tuvieron el mismo recorrido institucional.
La elección de la academia estuvo relacionada con el uso que las madres aseguran que tenía el inmueble antes de su llegada. Nodarse sostuvo que había dejado de funcionar regularmente como centro de entrenamiento porque no se podía garantizar la alimentación de los deportistas. También precisó que una de sus aulas continuaba utilizándose para impartir clases de primer grado de una escuela primaria. Por tanto, su propio relato no describe un edificio completamente carente de actividad, sino una instalación que habría perdido su función deportiva principal. No se localizó una declaración de las autoridades de Deportes o Educación que confirme su situación administrativa ni el destino previsto para el local. Aclarar esos datos sería necesario para conocer tanto las necesidades de las familias como los posibles efectos sobre otros usuarios del espacio.

Entre las ocupantes está Carmenli Jiménez Rojas, madre de dos hijos de once y catorce años. La mujer contó que se quedó sin vivienda después de divorciarse y que también perdió su empleo de limpieza en la escuela deportiva, donde estudiaba uno de sus hijos. Según su testimonio, padece lupus, diabetes e hipertensión. Aseguró que llegó a dormir con los menores en el portal de una sede de GeoCuba en Santa Clara. “Es peloteo, peloteo y peloteo, que tengo que esperar y que tengo que esperar”, expresó al describir las respuestas recibidas durante sus gestiones. Su relato permite identificar necesidades específicas de salud y alojamiento, pero no sustituye una evaluación médica ni una revisión individual de su solicitud de asistencia.
Las denuncias sobre un posible desalojo han aumentado el temor entre las familias. “Estamos con miedo, no dormimos”, afirmó Jiménez Rojas, quien aseguró que las habían amenazado con encarcelarlas y separarlas de sus hijos. Las entrevistadas también hablaron de patrullajes y de versiones sobre la llegada de fuerzas especiales. Un seguimiento publicado el 30 de octubre recogió señalamientos sobre personas vestidas de civil que hicieron preguntas y grabaron imágenes, además de advertencias relacionadas con una posible acusación de desobediencia. Estas afirmaciones proceden de las ocupantes y no equivalen a una orden de desalojo, una acusación formal o una decisión sobre custodia que haya podido verificarse. No se localizó una respuesta pública de las autoridades señaladas que permita contrastar sus versiones sobre esas actuaciones.

La presencia de niños y personas con enfermedades hace especialmente relevante examinar las garantías de cualquier intervención. Las directrices publicadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establecen que “los Estados deberían explorar plenamente todas las posibles alternativas a los desalojos”. También señalan que las personas afectadas deben recibir información, participar en consultas y tener la posibilidad de proponer opciones. Otro documento del organismo advierte que los desalojos no deben dejar a las personas sin vivienda ni ponerlas en situaciones de peligro para su vida o salud. Estas orientaciones no constituyen un pronunciamiento de la ONU sobre la academia de Santa Clara ni resuelven la titularidad del edificio. Sí ofrecen criterios para analizar cómo proteger a las familias y atender el conflicto sin ignorar a los menores.
Al momento de sus declaraciones iniciales, Nodarse y Jiménez Rojas aseguraron que ningún representante del gobierno local o de Asistencia Social había acudido a dialogar con ellas dentro de la academia. El reporte posterior describió dificultades de alimentación y abastecimiento de agua, además de preocupación por niños enfermos. No se verificó una resolución que conceda el inmueble a las familias ni una alternativa de alojamiento aceptada por ellas. Tampoco corresponde presentar el número de ocupantes como definitivo mientras no exista un registro actualizado y contrastado. El seguimiento del caso necesita respuestas concretas sobre las solicitudes de vivienda, las condiciones del edificio y la atención a quienes requieren cuidados. La cuestión de la protección permanece abierta: ¿qué solución permitiría resolver el uso de la academia sin trasladar a madres y niños de un refugio provisional a la intemperie?
