Roosevelt Roads y Cuba: ¿preparación militar o una intervención todavía sin confirmar?.

La posibilidad de que Puerto Rico sirva de apoyo a una operación estadounidense en Cuba abrió una controversia alrededor de la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba. El vicepresidente del Senado puertorriqueño, Carmelo Ríos Santiago, suspendió el 28 de octubre una vista pública sobre el futuro de esas instalaciones después de mencionar información que aseguró no estar autorizado a divulgar. Sus declaraciones vincularon el aplazamiento con una posible intervención y con actuaciones judiciales contra Raúl Castro. Sin embargo, el legislador no identificó la procedencia de esa información ni presentó documentos que confirmaran una operación. Los registros oficiales consultados sí acreditan actividad militar estadounidense en Roosevelt Roads durante 2026, pero no anuncian una intervención contra Cuba. La diferencia entre esos hechos y las posibilidades planteadas resulta clave para entender el alcance de la noticia.

Aeronaves militares Osprey desplegadas en la base militar de Roosevelt Roads, en Puerto Rico.

Durante la apertura de los trabajos legislativos, Ríos Santiago afirmó: “Hay un movimiento no autorizado para divulgación sobre la orden de arresto de Raúl Castro y la posibilidad de que Puerto Rico […] sea una de esas bases de apoyo”. La declaración fue recogida por el medio local Metro Puerto Rico, cuyo reporte también advirtió que no constituía una confirmación oficial de una operación militar. El senador justificó la suspensión por asuntos de seguridad nacional y por acontecimientos que, según expresó, quedaban fuera de su jurisdicción. No obstante, introdujo una reserva importante al solicitar discutir la información “si de ser cierto o corroborable”. También propuso celebrar una reunión ejecutiva antes de continuar con la inspección de las instalaciones. Sus palabras muestran que el propio trámite legislativo quedó condicionado a obtener un panorama más claro.

 

La investigación del Senado responde a la Resolución 286, dirigida a examinar la viabilidad y las consecuencias de reutilizar Roosevelt Roads con fines de seguridad nacional, según el reporte local. La evaluación comprende posibles efectos económicos y sociales, así como la relación entre la actividad militar y los proyectos de desarrollo del área. La senadora Nitza Morán Trinidad respaldó la suspensión de los trabajos hasta contar con más información. “Yo creo que es meritorio entender qué es lo que está pasando y cómo eso repercute en Puerto Rico”, manifestó. La visita a la antigua base estaba prevista inicialmente para el 6 de noviembre, aunque su realización quedó sujeta a las aclaraciones que recibieran los legisladores. Por tanto, el debate no se limita a Cuba: también incluye qué usos tendrán las instalaciones y cómo afectarán a las comunidades puertorriqueñas.

La presencia de fuerzas estadounidenses en Roosevelt Roads cuenta con respaldo documental independiente de las declaraciones senatoriales. Un registro oficial del Cuerpo de Marines identifica operaciones de vuelo de la 24.ª Unidad Expedicionaria de Marines en la instalación el 26 de mayo de 2026. Otros materiales institucionales sitúan actividades de esa unidad en el mismo lugar durante los días anteriores. Estos documentos permiten confirmar que existía actividad militar en la antigua base. No permiten, en cambio, establecer que cada ejercicio o aeronave estuviera destinado a una acción contra Cuba. Tampoco sustituyen una orden de despliegue con un objetivo concreto. La existencia de capacidad militar y la decisión política de emplearla son cuestiones distintas que no deben confundirse.

La situación judicial de Raúl Castro también exige corregir detalles del texto de partida. El Departamento de Justicia estadounidense anunció el 20 de mayo de 2026 la publicación de una acusación ampliada contra él y otros cinco acusados por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. El comunicado enumera un cargo de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, dos por destrucción de aeronaves y cuatro por asesinato: siete cargos en total, no cinco. La acusación sostiene que las aeronaves civiles fueron derribadas sin advertencia fuera del territorio cubano y que murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. El Departamento de Justicia recuerda expresamente que “una acusación es meramente una alegación” y que los procesados conservan la presunción de inocencia, en traducción al español. Ese documento confirma la existencia del proceso penal, pero no verifica por sí mismo la supuesta orden del 19 de octubre atribuida en el texto a un tribunal de Florida.

Otro elemento del debate procede de una investigación de CBS News publicada en septiembre, que examinó un mensaje interno de la Reserva del Ejército. Según la cadena, el documento solicitaba información sobre la disponibilidad de unidades médicas, policiales, de ingeniería y de apoyo logístico en un plazo de entre 90 y 120 días. El mensaje no mencionaba a Cuba ni indicaba que las unidades hubieran recibido órdenes de despliegue; la vinculación con la isla procedía de funcionarios estadounidenses que hablaron bajo anonimato. Consultado por CBS, un portavoz del Comando Sur respondió que, por seguridad operacional, no divulgaba detalles sobre movimientos, contingencias o posibles plazos de despliegue. Esa respuesta no confirmó una intervención ni identificó a Roosevelt Roads como punto de partida. La información periodística documenta planificación y consultas sobre capacidades, pero mantiene abierta la diferencia entre estudiar opciones y autorizar su ejecución.

Las expresiones del presidente Donald Trump recogidas en ese mismo reporte muestran que el discurso público tampoco puede reducirse a un anuncio militar definitivo. El mandatario afirmó que no creía necesario recurrir a las fuerzas armadas y sostuvo que “Cuba y nosotros llegaremos a un acuerdo”, según la traducción de sus palabras. Ese mensaje coexistía con las evaluaciones militares descritas por CBS y con las posteriores declaraciones de Ríos Santiago. Ninguna de esas piezas, considerada por separado, acredita una decisión final de intervenir desde Puerto Rico. La confirmación disponible se limita a la actividad militar documentada, la existencia de una acusación penal y los señalamientos públicos sobre posibles escenarios. La pregunta pendiente es qué información oficial recibirán los legisladores puertorriqueños y si permitirá distinguir entre preparación de contingencias, presión política y una operación efectivamente autorizada.