Pena de muerte en Cuba: ¿protección del Estado o amenaza para las libertades?.
La pena de muerte en Cuba vuelve a situarse en el debate interamericano sobre los límites del castigo penal y la protección de los derechos ciudadanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó la audiencia «Cuba: Regulación de la pena de muerte» en su 197.º período de sesiones. La ficha oficial identifica entre los participantes a American University Washington College of Law, Impact Litigation y el Estado de Cuba. Esa relación de participantes no permite, por sí sola, determinar qué representantes intervinieron ni qué posición expresó cada uno. La discusión plantea una pregunta central: ¿qué garantías deben existir cuando una legislación permite imponer una sanción que no admite reparación?
La primera precisión necesaria es la fecha de la reforma mencionada en la información que circula sobre el asunto. La Gaceta Oficial cubana registra el Código Penal como la Ley 151 de 2022. Su publicación corresponde a la edición ordinaria número 93, fechada el 1 de septiembre de ese año. El registro también señala que esta norma derogó la Ley 62 de 1987 y otras disposiciones anteriores. Por tanto, atribuir este Código Penal a una reforma de 2023 introduce un error en la cronología. Corregirlo permite distinguir entre la aprobación de una legislación y las declaraciones o controversias que pudieron producirse después.

La cifra de 24 figuras delictivas castigables con la pena capital también requiere identificar de dónde procede. Un informe de organizaciones civiles presentado al sistema de Naciones Unidas en 2022 sostuvo que el entonces anteproyecto contemplaba ese número de figuras. El documento señaló que eran cuatro más que en el código de 1987. Sin embargo, se trata de una evaluación elaborada por organizaciones no gubernamentales, no de una conclusión propia de la ONU. Su publicación en un servidor oficial no modifica la autoría ni convierte automáticamente sus afirmaciones en una verificación institucional. Por esa razón, el recuento debe atribuirse a sus autores y no confundirse con una comprobación independiente del texto definitivo.
El antecedente de las ejecuciones de 2003 ayuda a entender por qué este debate sigue abierto. En su informe sobre la pena de muerte, la CIDH identificó como las últimas ejecuciones conocidas en Cuba las de Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac. La Comisión cuestionó las garantías del proceso seguido contra ellos. En concreto, concluyó que fueron juzgados por «un Tribunal que no reúne los requisitos exigidos de imparcialidad e independencia». También señaló que el procedimiento sumarísimo no les permitió ejercer una defensa adecuada. Este antecedente muestra que la discusión no se limita a la existencia de una pena, sino que abarca las condiciones en que una persona puede ser condenada a ella.
La posición del Estado cubano también aparece recogida en ese informe de la Comisión. Según el documento, Cuba sostuvo que la aplicación de la pena de muerte era «de carácter excepcional y sólo para la comisión de los delitos más graves». Esa formulación corresponde al marco examinado entonces y no debe presentarse como una declaración nueva de las autoridades durante la audiencia de 2026. Frente a ese argumento, la CIDH recoge el estándar interamericano según el cual la aplicación de la pena capital debe limitarse a los delitos comunes más graves, no relacionados con delitos políticos. La distinción importa porque una acusación vinculada con la seguridad estatal no elimina la necesidad de garantías judiciales. ¿Cómo impedir que la defensa del Estado termine confundida con el castigo a la discrepancia política?

La orientación abolicionista del sistema interamericano tiene una explicación concreta: las consecuencias de una ejecución son irreversibles. El protocolo regional relativo a la abolición advierte que la pena de muerte produce «consecuencias irreparables que impiden subsanar el error judicial». El mismo texto señala que esa sanción elimina toda posibilidad de enmienda y rehabilitación de la persona procesada. Su artículo primero establece que los Estados que sean parte del protocolo no aplicarán la pena capital a ninguna persona sometida a su jurisdicción. Esa obligación debe distinguirse del debate sobre Cuba, porque no corresponde atribuir automáticamente a un país los compromisos de un tratado sin comprobar su vinculación jurídica. Aun con esa diferencia, el documento explica por qué el sistema regional impulsa la eliminación de esta sanción.
La audiencia sobre Cuba permite volver a examinar una cuestión que combina legislación penal, independencia judicial y protección de la vida. No obstante, la ficha oficial consultada no basta para atribuir a sus participantes frases concretas sobre las libertades de expresión, reunión o asociación. Tampoco permite confirmar, por sí sola, las cifras recientes de presos políticos incluidas en el texto de partida. Esas afirmaciones necesitan sus respectivos documentos y no deben mezclarse con los antecedentes que sí están acreditados. Lo comprobado es la celebración de una audiencia dedicada al tema, la existencia del Código Penal de 2022 y los cuestionamientos históricos de la CIDH a procesos que terminaron en ejecuciones. La pregunta que queda abierta es qué cambios legales y garantías judiciales permitirían responder a esas preocupaciones sin dejar la protección de los derechos en una declaración de principios.
